Jorge Sánchez Zacarías, nuevo subsecretario de Educación Superior del estado

Jorge Sánchez Zacarías se convirtió el lunes pasado, por obra y gracia del rector José Doger Corte y el gobernador Manuel Bartlett Díaz, en subsecretario de Educación Superior del estado.

Su nombramiento no sólo sorprendió a la clase política poblana, dados los antecedentes porriles del nuevo funcionario público, sino a los universitarios de la UAP y de otras instituciones de educación superior, que no sería raro que en los próximos días lo objetaran.

Y no es para menos.

Baste recordar que el nuevo funcionario, de cuyos méritos académicos poco o nada se puede decir, fue un activo agitador de la UAP en los tiempos de Luis Rivera Terrazas y el Partido Comunista Mexicano.

Su paso por la UAP, particularmente por las preparatorias Benito Juárez Nocturna, de la que fue coordinador general entre 1975 y 1978, y Emiliano Zapata, está salpicado de anécdotas porriles, nada difíciles de indagar.

Lo mismo ocurre con su trayectoria burocrática en la UAP, primero en el equipo del exrector Samuel Malpica Uribe como secretario de rectoría, y más tarde, en 1990, como uno de los ``supuestos'' candidatos de esa corriente a la rectoría de la institución.

Escribo supuestos, porque su candidatura fue fraguada maquiavélicamente por la gente de Doger para dividir a los malpiquistas, que en ese proceso se pulverizaron entre los simpatizantes de José Luis Cardona y Jesús Caballero Mellado.

Para recompensarlo, Doger lo nombró secretario administrativo, en su primer periodo rectoral, y más tarde coordinador general del Fondo para la Educación Superior (Fomes) ya en su segunda gestión.

La historia de cómo se encaramó a la Secretaría de Educación Pública es muy sencilla.

El titular de la SEP, José Antonio Badillo Torre, nunca se entendió con su anterior subsecretario de Educación Superior, César Pérez López, por lo que siempre lo marginó hasta que éste se cansó y decidió renunciar. Ocurre entonces que Badillo le comunica al gobernador la decisión y éste en una oportunidad le pide a Doger Corte que le recomiende a un poblano para hacerse cargo de la Subsecretaría.

El propuesto fue José Juan Jorge Sánchez Zacarías, en lo que constituyó, quizá, el primer acto de excelencia de Doger Corte dentro del gobierno estatal.

 

INTRAMUROS.

Muy sorprendidos se quedaron los integrantes del Consejo Directivo del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) del cambio de actitud de Pedro Haces con respecto al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, Jorge Espina Reyes, el miércoles pasado.

Resulta que el constructor Pedro Haces había acusado a Jorge Espina en la penúltima Junta de Consejo de Coparmex, celebrada a mediados de septiembre, de ser uno de los principales beneficiados con la expropiación de tierras en los límites de Puebla y Cholula.

Palabras más, palabras menos, sugirió que el presidente del CCE se había coludido con las autoridades para repartirse los terrenos en cuestión, casi casi al más puro estilo piñaolayista.

El asunto provocó que Carlos Solana invitara a Jorge Espina a aclarar tales acusaciones. Este acudió a la cita. Lo primero que hizo fue exponer cómo operaban las diferentes comisiones del Consejo Coordinador Empresarial y la intervención que algunas de éstas habían tenido dentro del Programa de Desarrollo Regional Angelópolis.

Vino entonces la pregunta comprometedora para Pedro Haces, quien, contra todos los pronósticos, tuvo que reconocer que sus apreciaciones con respecto a Jorge Espina no habían sido más que un mal entendido.

Como quien dice, se rajó.

 EN CORTO.

En el transcurso de la presente semana, posiblemente hoy o mañana, cinco funcionarios de la Dirección General de Tránsito del estado serán dados de baja por no haber entregado su declaración de situación patrimonial. Entre ellos puede usted anotar a David Rendón Tenorio, influyente asesor del director general de la corporación, Víctor Manuel Ponce de León Rodríguez; al director administrativo, Pedro Celestino Sánchez León; y al también asesor y socio del general Ponce de León en una escuela de contaduría pública, Francisco Elizalde. Los enterados aseguran que David Rendón Tenorio será cesado no sólo por incumplir la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sino por haber autorizado nuevas rutas de transporte colectivo en la modalidad de combis. ***** Alguien debería meter al orden al presidente municipal de Juan N. Méndez, Venancio Cayetano Contreras, antes de que en una de sus tantas borracheras vaya a cometer una tontería mayor que la ocurrida el pasado viernes 12 de agosto, en que disparó una metralleta AK-47 en contra de un grupo de militantes del PFCRN en los momentos que realizaba un mitin de apoyo hacia la candidatura de Genaro Piñeiro López al Senado de la República. Su último ``oso'' lo hizo el pasado 4 de octubre cuando totalmente borracho pretendió agradecer la presencia del director general del Sistema DIF, Pierre Gilly Díaz, durante un acto de entrega de despensas en la escuela oficial de la población. ***** Bajo la coordinación de Rigoberto Benítez Trujillo, director de Comunicación de la Universidad Autónoma de Puebla, esta institución podría arrancar la próxima semana un programa radiofónico noticioso en La Radiante 105.1 de F.M de Sergio Mastretta Guzmán. ***** Para nadie es un secreto que los días de Juan Carlos Villegas Morell en el Instituto Poblano de la Vivienda están contados, de hecho sólo se espera el cambio de administración federal para hacer los ajustes necesarios. Pero mientras ello sucede, el aún funcionario sigue haciendo de las suyas, ahora con la construcción de casas destinadas a burocratas estatales mediante un programa de créditos pre-establecidos en el que participan la Secretaría de Desarrollo Social, Confía y Banpaís. Dicho programa contempla la construcción de 3,000 viviendas en un plazo de tres años, obras que se supone serían concursadas entre compañías constructoras locales, sin embargo Juan Carlos Villegas decidió asignarlas, sin que hasta el momento se conozca la justificación, a las empresas DILAR-Promotores, de Gerardo Escalante Díaz; LUASA, de Felipe Martínez Vargas; y COEPSA, de Jorge Hatth. ¿Que le parece?. ***** A iniciativa de José de Jesús Castellanos, director general de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), los días 12, 13 y 14 de noviembre se efectuará en Puebla y Tlaxcala una reunión nacional de gerentes y directores organismos empresariales. En Puebla, la organización del evento está a cargo de Jorge Uribe Oryazabal, director de la Cámara de Comercio de Puebla. ***** Alguien debería explicar de cuánto fue la comisión o a qué arreglo llegó el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, José Doger Corte, con el propietario de la cadena de estudios fotográficos ``Castelan Hnos.'', ahora que mediante oficio de por medio el Departamento de Títulos Profesionales de la institución advierte a los interesados en tramitar su título o cédula profesional que los fotos que entreguen deberán ser de esta casa comercial. Y aunque el acuerdo establece que dicha disposición entrará en vigor a partir del 1 de noviembre, lo cierto es que desde hace un par de semanas ninguna solicitud prospera si las fotografías que entregan los interesados no llevan la firma de ``Castelán Hnos.''. ***** La Contraloría del Estado inició ya una investigación para determinar si los nuevos chevis que andan recorriendo la ciudad pintados de taxis y con número consecutivo de folio son concesiones viejas o nuevas. Los chevis fueron adquiridos por miembros de la organización Arnay del Consejo Taxista del Estado de Puebla, mediante un convenio con la firma General Motors Company. El secretario técnico del Consejo de Tránsito, Vialidad y Transporte, Patricio Cal y Mayor, quien se supone es de los más enterados en la materia, tampoco sabe si las nuevas unidades explotan concesiones viejas o si se trata de concesiones nuevas, de esas que de manera poco ortodoxa ha logrado sacar el todavía asesor del director general de Tránsito, David Rendón. ***** El nombre del arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca Pacheco, figura en la lista de candidatos a sustituir a Adolfo Suárez Rivera, en la presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que en el transcurso de la presente semana tendrá su LVII Asamblea Plenaria. Otros nombres que también se manejan para ocupar el puesto del arzobispo de Monterrey son los de Sergio Obeso y Juan Sandoval Iñiguez, arzobispos de Jalapa y Guadalajara, respectivamente. ***** Catorce regidores del PRI, PAN y PRD, suscribieron un documento por el cual solicitan al director de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Puebla, Enrique Estrada Cuesta, la aplicación rigurosa del Reglamento de Construcciones en el caso de la ampliación que se hizo al edificio de la 49 norte No. 6 de la colonia Aquiles Serdán, propiedad de Lourdes Navarro Rueda, quien contrató al ingeniero Alfonso Tenorio Castilleros como director responsable de obra. En otras palabras, los regidores del ayuntamiento poblano están exigiendo el derribamiento de los metros cuadrados que se construyeron de más, algo así como 264, tal como ya ocurre con el local comercial de la 25 poniente y 5 sur de esta ciudad. ***** El gobierno del estado trabaja a marchas forzadas para que se agilice una nueva expropiación, ahora en Chiltepeque, donde la administración de Rafael Cañedo Benítez pretende construir el relleno sanitario de la ciudad para los próximos 15 años. Se asegura que los recursos hasta el momento erogados por el ayuntamiento en la adquisición de 56.6 hectáreas cubrirían parte de la indemnización que se tendría que pagar a los ejidatarios afectados. ***** Un cambio largamente anunciado se produjo el lunes pasado en la Dirección de Servicios Públicos, de donde salió Juan Carlos Sánchez Arroyo, no muy bien librado, y entró Héctor Rojas González, de gris historial en la administración pública. Al nuevo funcionario se le ubica como gente cercana al expresidente municipal, Guillermo Pacheco Pulido, pues durante su gestión se desempeño como director del controvertido Programa Regional de Empleo (PRE). ***** Desde que se instaló la Subcomisión de Transporte Federal de Pasajeros dentro del Consejo de Tránsito, Vialidad y Transporte del estado, el pasado 22 de septiembre, es la hora que ésta aún no sesiona, pese a los cada vez más graves problemas entre permisionarios y choferes de Autotransportes Plazas S.A y la Unión de Transportistas y Transbordadores de Puebla, que el viernes se liaron a golpes en San Martín Texmelucan. Entre los funcionarios que menor interés han mostrado porque la Subcomisión funcione puedo mencionarle el del subdirector de Operaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fernando Chávez Díaz. ***** Esta semana será definitiva en el conflicto IP-Ayuntamiento por la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para 1995. Tres son los puntos claves del desacuerdo: el aumento del 8% al predial, el mantenimiento del 10% adicional sobre todos los servicios y los incrementos a las tarifas de agua potable. De éstos el más conflictivo es el último, ya que el primer punto el ayuntamiento ha manifestado su disposición de reducir el porcentaje y en el segundo no ha descartado la posibilidad de que el 10% adicional se deroge. Sin embargo, en las tarifas de agua potable las diferencias son muy marcadas, pues mientras la comuna pretende cobrar el metro cúbico de agua a razón de cinco nuevos pesos, el sector privado asegura que el costo real de un metro cúbico no supera los dos pesos. 

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No deja de resultar extraño que en la propuesta de Ley de Ingresos para 1995 y de reformas a la Ley de Hacienda del Municipio de Puebla, la administración de Rafael Cañedo Benítez proponga la derogación del artículo 7 de la primera legislación y de los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la segunda.

Veamos por qué.

En el primer caso, el artículo 7 de la Ley de Ingresos de 1994 se refiere al impuesto que deberán cubrir las entidades o instituciones que organicen loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos con apuesta en el municipio de Puebla. Textualmente dice: ``Este impuesto se causará y pagará, aplicando una tasa del 15% a la base gravable a que se refiere el artículo 49 de la Ley de Hacienda del Municipio de Puebla.