Adán Cortés Ulloa...cruzada anticorrupción en la Judicial

Qué pensaría usted de un representante popular, cuyo padrino político pretende proyectarlo como un fuerte aspirante del PRI a la presidencia municipal de Puebla en 1998, pero que vive y labora en el vecino estado de Tlaxcala.

Qué pensaría si le dijera que el personaje en cuestión posée el don de la ubicuidad o es de plano un mentiroso, pues a pesar de habitar y desempeñar diariamente sus actividades personales en Santo Toribio Xicohtzingo, Tlaxcala, es diputado federal por Puebla y presidente de un organismo público descentralizado dependiente del gobernador Manuel Bartlett Díaz.

Qué pensaría si además le confiara que el legislador -¿poblano? es también un empresario que últimamente la ha emprendido contra otros empresarios, a los que abierta o veladamente acusa de ineficientes sino es que de corruptos, pero cuyos negocios se encuentran ahogados en millonarias deudas en dólares.

Que presume de honrado y de carecer de cola que le pisen a diferencia de otros empresarios metidos a la política, no obstante las demandas promovidas en su contra en los Juzgados Tercero, Séptimo, Octavo y Noveno de lo Civil de esta ciudad, por sumas que a cualquier mortal le quitarían el sueño.

Y que este martes buscará atraer los mayores reflectores posibles con motivo del 465 aniversario de la Ciudad de Puebla, con la entrega de igual número de reconocimientos a diversas personalidades de la entidad.

Si a estas alturas de la columna aún no sabe de quién le hablo entonces le propongo dos alternativas.

La primera es que vaya a la Presidencia Municipal de Xichotzingo, Tlaxcala, y pregunte por la persona a quien el 8 de enero de 1996 se le entregó una constancia de vecindad suscrita por el edil Aaron Pérez Pérez, y la segunda es que consulte en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio el acta constitutiva de la sociedad registrada bajo la matrícula número 31 a fojas 31, tomo 28 del Libro I, del 21 de mayo de 1974.

En esta última encontrará además los embargos que lo conducirán a los expedientes 9/95 del Juzgado Octavo de lo Civil; 123/95, del Noveno de lo Civil; 2165/95, del Séptimo de lo Civil y 2630/95 del Tercero de lo Civil, en los cuales Banco del Atlático y Banpaís reclaman a nuestro personaje algo así como 10 millones de dólares.

 

INTRAMUROS.

            A riesgo de ser despedidos, un grupo importante de agentes de la Policía Judicial han iniciado una cruzada anticorrupción en la Procuraduría General de Justicia del estado y en particular contra su coordinador Adán Cortés Ulloa y algunos de sus más cercanos colaboradores como Armando Flores Delgado, Miguel Angel Larios Cruz, Antonio del Valle, Daniel Núnez Urrutia y Gustavo Rodríguez, entre otros.

Entre las primeras acciones que han emprendido destaca el hecho de haber enviado al gobernador Manuel Bartlett y al procurador Carlos Alberto Julián y Nácer un oficio explicando en qué consisten las corruptelas y abusos del coordinador de la Policía Judicial.

El escrito en cuestión, firmado por 45 agentes cuyos nombres y números se encuentran plenamente confirmados, refiere que desde abril de 1994 a todos los policías se les descuentan quincenalmente 20 pesos, cuyo destino y manejo nadie conoce que no sean los subcoordinadores de la Judicial, Armando Flores y Pedro Pablo Hernández García y los comandantes Miguel Angel Larios y Daniel Núnez Urrutia.

También se hace mención del nepotismo del coordinador de la Judicial, Adán Cortés, al tener en la nómina a su cuñado Gustavo Rodríguez, a quien responsabilizan del tráfico y venta de vales de gasolina entre los elementos de la corporación.

Otro aspecto que destaca el oficio es que en la Judicial existen agentes que pese a haber sido suspendidos por la Contraloría aún siguen laborando en la corporación e incluso con nombramiento de comandante. Tal es el caso de Arturo Robles García, quien después de haberse ordenado su cese como comandante de la Judicial en Cholula, fue reinstalado personalmente por Cortés Ulloa al frente de la Sexta Comandancia.

Finalmente, el escrito pone de manifiesto la existencia de agentes con antecedentes penales o que fueron dados de baja en otros estados del país, como Antonio del Valle, pero que en la actualidad gozan de total impunidad, al grado de que la Contraloría debería investigar cómo un policía judicial como el señalado puede ser propietario de una flotilla de pipas de agua, cinco casas en Lomas de Loreto y en la 16 Norte y la 24 Oriente, seis vehículos -entre ellos una Suburban y un Gran Marquis-, un súper, seis dulcerías y un rancho en el estado de Hidalgo.

 

INTRAMUROS II.

            En los días por venir los poblanos seremos testigos de un nuevo diferendo entre ediles panistas y el gobierno del estado por la composición del Convenio de Desarrollo Social y en particular del Fondo para el Desarrollo Social Municipal.

La controversia radica, principalmente, en los porcentajes que los gobiernos federal, estatal y municipal deben aportar para alcanzar la suma de 837.4 millones de pesos.

Que el 50% de esa cifra corresponde a la Federación no hay quien lo discuta. La polémica está en el otro 50 por ciento, pues mientras los ayuntamientos panistas de Puebla, Tehuacán, San Pedro Cholula, Atlixco, Xoxtla y...., por mencionar sólo algunos, sostienen que debe ser aportado en su totalidad por el gobierno del estado, tal como lo establece el Manual de Operación del Convenio de Desarrollo Social, la Secretaría de Finanzas a cargo de José Luis Flores Hernández tiene una opinión distinta.

Para el priísta Flores Hernández el otro 50% se integra con un 30% del Gobierno del Estado y con un 20% de los municipios beneficiados.

En su favor, alega que esta situación no es nueva, ya que años anteriores así se ha manejado, sin que ningún ayuntamiento se opusiera.

Hoy, sin embargo, se viven otros tiempos, tiempos de cambio. Puebla dejó de ser el coto casi exclusivo del PRI. Hoy, como bien debe saberlo el secretario de Finanzas, los principales municipios del estado son gobernados por la oposición, cuyas autoridades mantienen por supuesto una actitud distinta a la de sus predecesores en el cargo.

Así las cosas, Flores Hernández peca de ingenuo si supone que en materia de asignación y aportación de recursos todo debe seguir igual.

Era obvio que los ayuntamientos panistas reclamarían no sólo un mejor trato, sino mayores recursos para atender a sus comunidades en la cobertura de servicios como agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación y mejoramiento de la infraestructura básica de salud, construcción y conservación de caminos rurales, así como para el desarrollo de proyectos productivos, apoyos directos a productores de áreas agrícolas de alta siniestralidad y baja productividad, y para programas de carácter especial en materia de educación, alimentación y abasto de productos básicos, como son los considerados dentro del Ramo 26 del gasto de la Secretaría de Desarrollo Social destinado a combatir la extrema pobreza.

Sobre cuál será el final de esta controversia, no es fácil hacer pronóstico. Por lo pronto sirva saber que el delegado de la Sedeso, Manuel Silva Aguirre, es de la opinión que el Fondo de Desarrollo Social Municipal se integra con las aportaciones de la Federación y el Gobierno del Estado a partes iguales, es decir, cada uno con el 50%.

 

EN CORTO.

            Una investigación menor en contra del que fuera coordinador operativo de la Dirección General de Obras Públicas en la pasada administración, Nicolás Portilla Priego, por la negligencia mostrada en el pago de facturas de un proveedor, podría llevar a las actuales autoridades municipales a descubrir un fraude mayor dentro del Programa 1,000 Calles, pues resulta que los trabajos que se hicieron no se ajustaron a las normas mínimas de calidad. Un elemento clave que podría facilitar la labor de la contralora municipal, Martha Enriqueta Mercado Vivanco, son las revelaciones que el ingeniero Jorge Alberto Peña Alvarez, representante de la empresa Tratamiento y Análisis en Suelos, Concretos y Asfaltos (Tasca), haga en relación a los materiales utilizados por el ayuntamiento y las constructoras participantes en el Programa denominado 1,000 Calles. ***** Pronto, muy pronto, se conocerán los resultados de sendas auditorías practicadas por la actual administración municipal para conocer el estado y número del parque vehicular del ayuntamiento de Puebla y el manejo que se deba a los vales de gasolina en la pasada gestión. ***** El aún presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, Jorge Espina Reyes, logró colarse a la nueva comisión ejecutiva de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que el viernes pasado sesión por vez primera. ***** Enrique Dóger Guerrero ya ganó su primera competencia del año, pero no se crea que en la grilla de la Universidad Autónoma de Puebla, sino en el torneo estatal de squash de tercera fuerza organizado por el Sporting Club de San Manuel. ***** El Caso Huejotzingo será ahora tema de política exterior, pues la dirigencia nacional panista tiene previsto abordarlo en dos importantes foros internacionales a celebrarse en Ginebra, Suiza, y en Washington, Estados Unidos, en la segunda quincena de abril. ***** La Universidad Iberoamericana plantel Golfo Centro será sede del 17 al 20 de los corrientes de un simposium nacional que abordará el tema de la Crisis y el Desempleo, en el que participarán Ifigenia Martínez, Juan Sánchez Navarro, Carlos Alberto Jiménez Rodríguez, Alfonso Ramírez Cuéllar, Enrique Calderón Alzati, Demetrio Sodi de la Tijera y Antonio Sánchez Díaz de Rivera, entre otras personalidades. El evento, por cierto será inaugurado por el gobernador Manuel Bartlett y clausurado por el alcalde Gabriel Hinojosa. ***** Salvo por el nombramiento del secretario de Finanzas, José Luis Flores, como secretario técnico del Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en sustitución de Miguel Quirós Pérez, la lista de integrantes del nuevo Comité Directivo Estatal del tricolor, dada a conocer por EL UNIVERSAL Puebla el viernes pasado, permanece igual. Ello significa que la exdiputada Enoé González Cabrera será la secretaria general; Silvia Tanús de Urbina, la secretaria de Organización; Alfredo Rivera Espinoza, el secretario de Finanzas; Marco Antonio Camacho Cervantes, el secretario de Movilización Ciudadana; Noé Ruiz, el secretario de Gestión Social; Carlos Barrientos de la Rosa, el presidente de la Fundación Luis Donaldo Colosio y Javier Gutiérrez Téllez, el secretario de Información y Propaganda. ***** Los diputados David Bravo Cid de León y José Felipe Puelles Espina pretenden convertirse en los modernos torquemadas del Partido Acción Nacional, al iniciar una recolecta de firmas de la bancada panista del Congreso del Estado solicitando que su exdirigente estatal, Francisco Fraile García, sea sancionado por osar proponer un diálogo sin cartas marcadas entre el gobierno de Manuel Bartlett y el PAN de Ana Teresa Aranda. Su intentona sin embargo se quedará en eso, pues Fraile y la señora Aranda de Orea ya conversaron sobre el particular en muy buenos términos. ***** El nombre de Emilio Chuayffet Chemor parece quemarle la lengua al presidente municipal de Huejotzingo, Miguel Angel Martínez Escobar, de quien estas páginas se publica una amplia entrevista. ¿Por qué será?. ***** Mario Marín Torres puede presumir de la tranquilidad con que se desarrollaron en todo el estado las elecciones de presidentes de Juntas Auxiliares, pero, muy en el fondo, debe estar que no le calienta ni el sol por haber perdido en su propio terruño el plebiscito frente a un humilde profesor de 35 años de edad de nombre Orfilio Huerta Torres. ***** Gracias. Y hasta el próximo lunes.