Epigmenio Herberto Rodríguez Concha...se hizo el haraquiri

Cuando los hoy regidores del ayuntamiento de Puebla, Epigmenio Herberto Rodríguez Concha y Jorge Gregorio Mena Merino firmaron allá por mayo de 1994 la hipoteca del edificio de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del Municipio de Puebla, para garantizar las liquidaciones y prestaciones laborales de una veintena de empleados de la institución, seguramente nunca se imaginaron hacerse el haraquiri.

Lo anterior viene a colación porque recientemente, el 9 de enero de 1996 para ser precisos, el Juez Cuarto de los Civil, Miguel Angel Hernández Jiménez, acaba de dictar sentencia en favor de un grupo de exempleados de la extinta Junta de Mejoras, condenando al ayuntamiento de Puebla a pagar 790,882 pesos como suerte principal más intereses moratorios al tipo legal y bancario vigentes por concepto de un juicio promovido por el abogado Manuel Cubas Rodríguez.

Ello significa pues, que el ayuntamiento de Gabriel Hinojosa Rivero, del que Rodríguez Concha y Mena Merino forman parte, tendrá que pagar los platos rotos que los entonces presidente y tesorero de la Junta de Mejoras quisieron cobrarle a la administración de Rafael Cañedo Benítez tras el decreto que abrogó la Ley que creó la institución y por el cual se acordó que sus bienes pasaran a formar parte de la hacienda pública municipal.

Así las cosas, el gobierno del panista Hinojosa tiene que desembolsar a la voz de ya una cantidad superior al millón de pesos o ceder el inmueble de la Avenida Reforma 1909-A, en donde se albergaron las oficinas de la Junta de Mejoras, para poder cumplir la sentencia que el Juez Cuarto de lo Civil dictó en favor de los exempleados de los hoy regidores de Obras Públicas y Deportes del ayuntamiento de Puebla.

Hinojosa y su Jurídico nada pueden hacer que no sea negociar con el abogado de su contraparte, Manuel Cubas, la cesión total del edificio, pues la sentencia ya causó ejecutoria y es probable que los recursos que se obtengan por concepto de su venta o remate sean insuficientes para pagar los intereses legales y bancarios generados durante el juicio.

A manera de moraleja, Rodríguez Concha y Mena Merino debieran recordar -lo mismo sus asesores en aquel conflicto político con el ayuntamiento de Rafael Cañedo- que hacer el bien produce buena suerte o jamás olvidar aquel dicho popular que dice nadie sabe para quien trabaja o, si se prefiere, aquel otro que reza no escupas al cielo porque te caerá en la cara.

 

INTRAMUROS.

            Hoy voy a contar una historia que por los personajes que en ella intervienen y por el restaurante en que se maquinó la fallida destitución de un dirigente empresarial bien podría titularse: la Conspiración de la Cava.

Resulta que el pasado jueves, a iniciativa de un par de expresidentes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Capítulo Puebla, un grupo de ocho restauranteros se reunió para conspirar contra el nuevo presidente del organismo, Ricardo Walls González.

En la velada, que tuvo como sede el negocio ubicado en la Avenida Juárez 2,302 de esta ciudad, su propietario Armando Múgica Pérez Salazar y el último expresidente de la Canirac-Puebla, Juan Ramón Alvarez Cuspinera, fraguaron un plan para apoderarse de la Cámara, de la que tantos beneficios y prebendas han obtenido.

Armando Múgica fue hasta regidor de Turismo y el segundo se quedó un tris de lograrlo si el partido que lo postuló no hubiera perdido las últimas elecciones para presidente municipal en la capital del estado.

Su primer estrategia fue hacer correr la versión, a través de uno de sus jilgueros en la prensa local, de que Ricardo Walls había sido destituído y que Ramón de la Peña Fernández había sido designado presidente interino.

Ambas cuestiones son, por su puesto, falsas.

Lo que realmente ocurrió es que al siguiente día de la conspiración, Armando Múgica y Juan Ramón Alvarez se apersonaron en las oficinas de la Canirac-Puebla, junto con otros restauranteros como Rubén Araujo y Ramón de la Peña, para exigir a Ricardo Walls su renuncia inmediata.

El motivo: sus adjetivadas declaraciones en contra de Víctor Gabriel Chedraui y el PRI acerca del retorno de ambulantes a las calles del Centro Historico, las cuales por cierto fueron matizadas antier sábado mediante un desplegado en la prensa local.

Surge aquí una pregunta. ¿Cuál es entonces el fondo de la intentona de Armando Múgica y Juan Ramón Alvarez por volver a controlar nuevamente la Cámara de Restaurantes?

Mas que un asunto partidista o de lucha intestina entre restauranteros afines al PRI y al PAN, el fondo es otro. Lo primero no es mas que una cortina de humo para ocultar el meollo del verdadero problema que subyace en la pretendida destitución de Ricardo Walls: impedir que los socios de la Canirac-Puebla conozcan los malos manejos cometidos por sus anteriores directivos.

¿Pruebas? Con mucho gusto.

Para empezar habría que mencionar una auditoría que el propio Juan Ramón Alvarez contrató al despacho ``Grupo Millan S.C..'' sobre los ejercicios fiscales de 1993 y 1994 que arrojó datos reveladores. Un ejemplo. Se hicieron gastos sin comprobar por algo así como 420,000 pesos.

Otra falla por no llamarle corruptela que también podría comprobarse son las decenas de cheques que se expidieron para cubrir facturas carentes de requisitos fiscales o a proveedores fantasmales.

O aquellos otros que fueron devueltos por insuficiencia de fondos, girados en favor de la Feria de Puebla, bajo los números 1392989, 424930, 000075 y 508246, entre el 30 de noviembre de 1993 y el 30 de noviembre de 1994 por montos que van de los 10,000 a los 18,000 pesos.

Y aunque la lista de irregularidades es aún larga, baste decir que Juan Ramón Alvarez dejó la Canirac con un pasivo cercano a los 160,000 pesos, en el que no se incluyen los adeudos a Telefónos de México, a su Cámara Nacional y a la Cámara de Comercio de Puebla por la renta de las oficinas del tercer piso del Edificio Empresarial.

Lo peor sin embargo no es ello, sino el desvió y malversación de las cuotas de inscripción y afiliación de los socios, pues la nueva directiva se ha encontrado con restauranteros que sí pagaron y hasta cuentan con recibos para demostrarlo, pero que dichos recursos nunca entraron a las arcas de la Cámara, sino que fueron a parar a otros bolsillos, entre ellos los de algunos empleados que en el pasado reciente fueron protegidos de don Armando y de Juan Ramón, como pronto, muy pronto se conocerá.

 

EN CORTO.

            Que el gobernador Manuel Bartlett Díaz está decidido a rechazar cualquier sugerencia de la Secretaría de Gobernación que implique la revisión del caso Huejotzingo frente a las presiones de la cúpula panista no hay la menor duda. Un par de llamadas del mandatario poblano al subsecretario de Gobernación, Natividad González Parás, el pasado 20 de febrero, así lo confirman, lo mismo que las declaraciones que en red nacional hizo al periodista Oscar Mario Beteta el viernes pasado, en el sentido de que el PAN se ha conducido de manera absolutamente antidemocrática e ilegal, recurriendo incluso a actos de terrorismo. Para la Secretaría de Gobernación, me refiero a la federal, el caso Huejotzingo -que provocó el retiro del PAN de la Mesa del Diálogo para la Reforma del Estado- está en un impasse, pues sin dejar de reconocer que hubo un excesivo rigorismo por parte del Tribunal Electoral, considera que su resolución es legal. En tal sentido es muy probable que la salida a este conflicto no implique la renuncia del ayuntamiento electo presidido por Miguel Angel Martínez Escobar, sino un compromiso con la cúpula nacional panista de impulsar una reforma de fondo que evite, en lo sucesivo, que los gobernadores de los estados influyan sobre los tribunales electorales locales. Un factor determinante, a juicio de la Secretaría de Gobernación, para no revocar el triunfo del PRI en Huejotzingo, es que ello alentaría las llamadas concertacesiones y que al interior del PAN no existe -al menos en el caso del director Jurídico del CEN, Germán Martínez- una convicción profunda sobre la ilegalidad del fallo del Tribunal Electoral. ***** Si hoy fueran las elecciones internas del PRI y la decisión de elegir a su presidente se dejara a los secretarios y empleados del Comité Directivo Estatal, júrelo usted que nadie votaría por Ignacio Mier Velasco. No tanto porque no ha demostrado ningún liderazgo en el año que tiene como dirigente del tricolor, sino porque desde hace tres quincenas les adeuda sus sueldos y salarios, amén de que el jueves pasado al PRI le fue suspendido el servicio telefónico y estuvo a punto quedarse sin energía eléctrica, de no ser por la oportuna intervención de Víctor Manuel Carreteto Fernández de Lara, por diversos adeudos con Telmex y la Comisión Federal de Electricidad. ***** Tal como aquí se anticipó, el jueves pasado Alfredo Cabañas Munguía fue electo presidente de la Cámara de la Construcción, en sustitución de Alfonso Tenorio Castilleros. Quien también ya tiene sustituto en la CINC es el director general de la Delegación Puebla, Arnulfo Aurioles Gamboa, en la persona de Juan Escutía Martínez. ***** A propósito de constructores me informan que el costo del Anillo Periférico Ecológico que incialmente se estimó en 415 millones de pesos en sus casi 58 kilómetros, ya rebasó ese monto en casi 300 millones pese a que la magna obra aun no se concreta ni al 50%. Sólo por concepto de escalatorias, el adeudo que el gobierno del estado tiene con los socios del Consorcio Empresarial de Puebla para la Construcción es de 70 millones de pesos. ***** El exdiputado Oscar Vera Arenas se estrenó la semana que concluyó como director de Análisis Sociopolítico de la Dirección de Gobernación del ayuntamiento de Puebla, al igual que Alfonso Vicente Díaz como procurador de Colonias y Juntas Auxiliares y Gabriel Balandra Jara como administrador de Industrial de Abasto. ***** Una trivia. Qué influyente funcionario de la pasada administración municipal pretende comprar el edificio Diana, de la Avenida Juárez y 25 Sur. Una pista: su soltador se apellida Bárcena. ***** Luis Eduardo Paredes Moctezuma repetirá nuevamente como vicepresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), a partir del próximo 16 de mayo en que el sonorense Armando Araujo Montaño asumirá la presidencia del organismo cúpula del comercio organizado del país, en relevo de Germán González Quintero. ***** El rector de la Universidad Autónoma de Puebla, José Doger Corte, se reunió a puerta cerrada el sábado 17 de febrero en uno de los salones del Centro Mexicano Libanés con sus funcionarios y colaboradores de mayor confianza, a quienes no sólo llamó la atención por el golpeo interno que mantienen con miras a la sucesión rectoral, sino conminó a ceñirse al Programa Fenix elaborado por el hoy secretario general de la institución, Rubén de la Fuente Vélez, a quien la grilla universitaria dice no interesarle. ¿Será? ***** En las unidades académicas de la UAP donde la corriente del rector José Doger logró concertar candidaturas de unidad o únicas, no habrá elecciones de director. Ello significa que sólo en el Instituto de Ciencias, donde los contedientes son Maria Lilia Cedillo Ramírez y Alejandro Pedroza Meléndez, y en Filosofía y Letras donde la lucha por la dirección de la facultad la protagonizan Roberto Hernández Oramas y Guadalupe Grajales Porras, serán las únicas unidades en que los universitarios, alumnos y profesores, si podrán votar por el candidato de su preferencia el próximo miércoles. ***** La revista Proceso en su número de hoy publica un amplio reportaje sobre posibles brotes gerrilleros en la sierra negra poblana y las nexos que algunos personajes de la región mantienen con líderes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. ***** Y hasta el próximo lunes.