Miguel Angel Martínez Escobar... renuncia anunciada

Poco más de cien días bastaron para que los priístas y el gobernador Manuel Bartlett volvieran a morder el polvo en un asunto que juraban y perjuraban estaba cerrado: Huejotzingo.

La licencia de Miguel Angel Martínez Escobar y la designación de un nuevo ayuntamiento con mayoría panista, el miércoles pasado, así lo desmostraron, por más que ahora que los niños cantores de Bartlett insistan en matizar la derrota tricolor.

¿Qué pasó?, ¿Por qué finalmente el PRI tuvo que ceder?, ¿Cuáles fueron los motivos del presidente Ernesto Zedillo y el secretario de Gobernación Emilio Chuayffet para intervenir en un asunto estrictamente local?, ¿Realmente prevaleció el interés por sacar la Reforma Electoral antes que el estricto apego a la legalidad y la sentencia de un tribunal electoral?

Tales interrogantes ameritan, sin duda, un análisis detallado de lo ocurrido desde que el Tribunal Estatal Electoral revocó el triunfo del PAN para dárselo al PRI -luego de anular once casillas-, hasta la forzada solicitud de licencia de Martínez Escobar el pasado 15 de mayo.

Por mi parte, me permitiré hacer algunos comentarios en relación a las causas que la Secretaría de Gobernación tuvo para intervenir en favor del PAN pese a que desde un principio rechazó cualquier intento de concertacesión.

Lo primero que habría de destacar es que si bien para Emilio Chuayffet y su gente, el fallo del Tribunal Electoral que le otorgó al triunfo al PRI fue ``excesivamente rigorista'', la resolución estuvo fundada en principios legales en todos sus puntos.

La misma Secretaría creía entonces que la decisión del PAN de abandonar la mesa para Reforma del Estado era exagerada y consecuencia de una estrategia de chantaje político, para retornar a las desafortunadas concertacesiones.

Y para impedirlo recomendaba cuidar las declaraciones de la propia Secretaría de Gobernación, así como las del PRI y sus legisladores, para evitar que éstas provocaran una reacción de solidaridad y cohesión al interior del PAN.

Sostenía que el retiro del PAN de la mesa de Barcelona había generado una división entre sus militantes y dirigentes, al grado que personajes como el director Jurídico del CEN de Acción Nacional, Germán Martínez, no estaban del todo convencidos de la ilegalidad del fallo del Tribunal Electoral de Puebla.

Para contrarrestar la embestida panista, Gobernación recomendó asimismo impulsar una estrategia de comunicación social con líderes de opinión, articulistas y periodistas en que se subrayara la desproporción de la decisión panista de abandonar el diálogo político nacional.

También sugería que los priístas evitaran los ataques y las agresiones, y que Gobernación fijara claramente su posición de rechazar cualquier intento de concertacesión y de que en Huejotzingo se haría respetar el estado de derecho.

Visto está que la estrategia esbozada por el subsecretario Natividad González Parás, aquel 21 de febrero de 1996, no se siguió local ni nacionalmente.

Vayamos a los hechos.

Para empezar, Santiago Oñate lo primero que hizo fue acusar a Diego Fernández de Cevallos de forajido electoral y buscar asilo en la componenda palaciega. En el mismo tono, el 4 de marzo con motivo del cumpleaños 67 del PRI, el presidente Zedillo criticó que los panistas se dijesen víctimas del centralismo y, a la vez, apelaran a soluciones centralistas para dirimir conflictos locales.

Tres días después, en Puebla, la fuerza pública retiró a un grupo de panistas encabezados por Ana Teresa Aranda de las puertas de Palacio de Gobierno. Las fotos que del desalojo se publicaron en la capital del país fueron demoledoras para la causa priísta y la imagen del Ejecutivo estatal.

El 15 de marzo, el gobernador Bartlett, en largo texto que manda publicar en los principales periódicos capitalinos bajo el título ``Huejotzingo: hechos y razones'', se lanza con todo contra la dirigencia del PAN, a la que acusa de violenta, mentirosa y chantajista.

Es decir, Bartlett, Oñate y Zedillo hicieron todo, o casi todo, lo contrario a lo recomendado.

La estrategia del PAN fue distinta y los resultados están a la vista.

Lo primero que los panistas poblanos hicieron fue involucrar, por vía de Fernández de Cevallos, a su dirigencia nacional en el conflicto, que de cara a la Reforma Electoral y al cambio de su Comité Ejecutivo Nacional requería de un pretexto para revalorarse.

Huejotzingo les cayó a la perfección. El PAN siempre supo que una reforma sin su concurso, no sería la reforma definitiva que el presidente Ernesto Zedillo ofreció a los mexicanos. De ahí se colgó, mientras localmente Ana Teresa Aranda se las ingenió para mantener vivo un conflicto postelectoral y de paso denostar al gobernador Bartlett y la corriente dura que representa al interior de su partido.

Sin renunciar a lo jurídico, los panistas llevaron el diferendo huejotzinca al plano político. Tomaron el palacio municipal, pintarrajearon las casas de los magistrados del Tribunal Electoral, tapiaron las oficinas provisionales de Martínez Escobar y efectuaron plantones de protesta lo mismo en Casa Puebla que frente a Palacio de Gobierno.

Además de otras acciones de resistencia civil que en los últimos días del conflicto llegaron a convertirse en verdaderos dolores de cabeza para el gobierno, por el clima de ingobernabilidad habido en Huejotzingo y el riesgo de que en cualquier momento se desataran lamentables hechos de violencia.

En el terrero jurídico, Acción Nacional no dejó de insistir en la ilegalidad de los magistrados del Tribunal, a partir del artículo 183 del Código Electoral, y en denunciar que la principal prueba del PRI para anular las casillas que a lo postre le dieron la victoria había sido falsificada y suplantada.

Frente a tales circunstancias y la imposibilidad de que localmente los panistas y el gobernador Bartlett llegaran a un pronto acuerdo, que, por otra parte, destrabara la negativa de Acción Nacional para discutir la Reforma Electoral, fue que la Secretaría de Gobernación intervino y de manera decisiva.

Los resultados de su injerencia son de todos conocidos: un nuevo ayuntamiento con mayoría panista.

Quienes a pesar de las evidencias insisten en afirmar que Gobernación federal en nada intervino y que la salida al conflicto de Huejotzingo obedeció a una decisión local, negociada y plural, que no altera la relación del gobernador Bartlett con el presidente Zedillo y el secretario Chuayffet, vaya esta anécdota final:

Eran las 20:30 horas del miércoles 15 de mayo. En uno de los anexos del Congreso del Estado, tres priístas y un panistas aguardaban la solicitud de licencia de Martínez Escobar y cinco de sus regidores y el síndico, además de los suplentes.

Impaciente por la espera, el diputado David Bravo Cid de León tomó su celular y se enlazó hasta Bucareli, en la ciudad de México.

Al otro lado de la línea el secretario particular de Chayffet escuchaba el reproche-denuncia del legislador panista: ``Son ya casi las 21 horas y la licencia aún no llega. No me extrañaría que estuviéramos ante otra trampa del gobernador Bartlett''.

Hasta ahí la conversación y tres testigos que pueden contarla: los diputados Enrique Nácer Hernández, Blanca Alcalá Ruiz y Javier Ramírez Carranza.

 

INTRAMUROS.

            ¿Dónde quedó la bolita?, así podría titularse la novela policíaca en la que se encuentran inmiscuidos policías y autoridades municipales de Tepeaca y Tecamachalco, tras la detención de una banda de asaltabancos el pasado 6 de mayo en esa región del estado.

Tras el anuncio que con pompos y platillos hizo la Procuraduría General de Justicia en torno a ese suceso, Bancomer, la Judicial y la presidencia de Tecamachalco se han enfrascado en una polémica sobre el monto del ilícito y el monto de lo recuperado.

Para no hacer larga la historia resulta que actualmente no aparecen algo así como 50,000 pesos que se perdieron el trayecto de Tecamachalco a Tepeaca, luego de que el comandante Manuel Román Aguilar Alvarez y cuatro judiciales más se llevaron detenido al cabecilla de la banda de asaltabancos, Sergio Guerrero Tzongua, junto con 50,550 pesos que le fueron decomisados al momento de su aprehensión en la junta auxiliar de San Mateo Tlaixpan.

Según las primeras evidencias tal cantidad nunca llegó a Puebla, sino que se perdió en Tepeaca.

Los hechos son investigados ya al más alto nivel. Por lo pronto se sabe que las autoridades municipales de Tecamachalco nada tienen que ver con el faltante, pues éstas cumplieron con realizar el arqueo del dinero recuperado y con entregar dicha suma al comandante de la Judicial de Tepeaca que se los requirió.

De ello existen documentos y testigos, como el recibo que elaboró el tesorero municipal de Tecamachalco, Víctor Rivas y el acta que levantó el agente subalterno del Ministerio Público, Manuel Hernández Cardoso.

Sin embargo, entre los judiciales adscritos a Tecamachalco existe un gran malestar por la manera cómo se ha manejado el asunto, pues a pesar de haber sido ellos quienes lograron la detención del asaltabancos, en un operativo en que el participaron también policías de Tecali, Cañada Morelos, Acatzingo y El Seco, ahora resulta que varios de ellos figuran en la lista de sospechosos por la pérdida de alrededor de 50,000 pesos, cantidad que como quedo asentado líneas arriba fue entregada al comandante de la Judicial de Tepeaca y demás agentes que lo acompañaron.

 

EN CORTO.

            El sustituto de Samuel Quiroz Chauvier en Proyectos Productivos es Alejandro del Castillo Avila, quien hasta hace unos días se desempeñaba como secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI. ***** El Cabildo Municipal sólo hace el ridículo con la integración de comisiones transitorias que se proponen investigar lo obvio, como son las prácticas de nepotismo en que el alcalde Gabriel Hinojosa Rivero ha incurrido al nombrar a sus primos en puestos de primer nivel dentro de la administración municipal. Gabriel Hinojosa debería rectificar cuanto antes y no esperar el dictamen de la comisión de marras que sólo vendrá confirmar lo que todo mundo ya sabe: que la designación de Manuel Solana Rivero como director de Gobernanción es violatoria de la Ley de Responsabilidades, como también lo son los nombramientos que éste acaba de hacer en favor de Alejandro Castillo y Jaime Brito, como asistente y encargado del Departamento Jurídico de la misma Dirección. ***** El próximo 1 de junio, Arturo Domínguez Sarmiento asumirá oficialmente la Dirección de Apoyo Parlamentario del Congreso del Estado, tras desempeñarse como secretario particular del presidente de la Gran Comisión en la pasada legislatura, Miguel Quirós Pérez. ***** El nombramiento de Arturo Domínguez también provocará cambios en la Organización de Secretarios Particulares que actualmente preside. Su puesto lo quieren Rodolfo Sánchez Corro e Isidro López, secretarios particulares de José Luis Flores y el procurador de Justicia Carlos Alberto Julián y Nácer, respectivamente. ***** Salvo algún acontecimiento extraordinario, esta semana ¡por fin! tendrán lugar los anunciados cambios y nombramientos en la administración pública estatal. ***** Y hasta la próxima.