Que los regidores panistas del ayuntamiento de Puebla hayan designado a Raúl Barranco Tenorio como contralor municipal, a seis meses de haber fungido como encargado de despacho, me resulta algo no solamente increíble sino sospechoso.

¿Cuáles son los méritos del nuevo contralor? ¿Acaso su habilidad para ``fabricar'' pruebas o su torpeza para solapar a funcionarios corruptos? ¿O es que en seis meses Raúl Barranco hizo lo que su antecesora, Martha Enriqueta Mercado Vivanco, se tardó casi un año?

Si su designación es un premio por sus recientes ``revelaciones'' en contra de funcionarios de la pasada administración municipal, por los casos del sistema paralelo de cómputo que omitía los ingresos por concepto del pago del impuesto predial y la ilegal venta de 28 vehículos seminuevos que fueron rematados en calidad de chatarra, tal recompensa es absurda.

Para empezar, porque tales asuntos estaban ya terminados desde diciembre de 1996 y el nuevo contralor no hizo más que darles publicidad con fines torpemente electoreros y, en segundo término, porque el hoy acusador podría convertirse en acusado por las omisiones y negligencias que ha mostrado en el desempeño de sus funciones.

Veamos.

El 11 de diciembre de 1996, la entonces contralora Martha Enriqueta Mercado citó a la ex secretaria general del ayuntamiento, María Laura Rojano Merino, y al ex tesorero municipal, Luis Jorge Mata Sevilla, como presuntos responsables de la venta fraudulenta de 28 automóviles propiedad de la comuna.

Por esos mismos días también tuvieron que comparecer María Elena Torres Machorro, ex jefa del Departamento de Control de Recaudación y Sergio Alberto Ferrer Burgos, ex jefe del Departamento del Impuesto a la Propiedad Raíz, para explicar su participación en un supuesto fraude a la Tesorería del ayuntamiento por un monto superior al millón de pesos.

Conforme al artículo 68 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Contraloría debió haber fincado responsabilidad a los ex funcionarios citados y en su caso imponerles las sanciones administrativas correspondientes en un plazo máximo de 30 días.

Ello por supuesto nunca ocurrió. La entonces contralora Martha Enriqueta Mercado renunció y en su lugar fue designado como encargado de despacho Raúl Barranco, quien lejos de seguir el procedimiento iniciado por su ex jefa, guardó los expedientes en su escritorio.

He aquí su pecado.

El artículo 48 de la Ley de Responsabilidades señala que el Código de Defensa Social puede utilizarse supletoriamente para cubrir las lagunas de esta legislación. Así tenemos que el artículo 421 del referido Código, en sus fracciones VI, VII y VIII, establece que los funcionarios que omitan o demoren el cumplimiento de resoluciones pueden hacerse acreedores a prisión de seis meses a 10 años, a una multa de 20 a 200 días de salario mínimo, a la destitución del cargo y la inhabilitación hasta por 10 años.

En este contexto, habría que imaginarse cuál será la reacción de cualquiera de los funcionarios de la pasada administración cuando el nuevo contralor Raúl Barranco los cite en su oficina, para ahora sí fincarles alguna responsabilidad.

Puede estar seguro que más de uno seguramente soltará una estentórea carcajada, si no es que ya lo hizo, pues en el caso de la auditoría sobre el llamado archivo paralelo de ingresos del impuesto predial, que con tanta pompa anunció el nuevo contralor, el plazo para imponer sanciones a los ex funcionarios implicados ya prescribió.

La omisión de ingresos a que se refiere esa auditoría corresponde a 1993 y el artículo 80 fracción II de la Ley de Responsabilidades dice que el plazo para imponer sanciones administrativas a los funcionarios que hayan causado daño al patrimonio municipal por un monto superior a 10 veces el salario mínimo prescribe a los tres años, lo que significa que el plazo venció en 1996. ¿Qué le parece?

Y esto no es lo peor. Pronto daré nuevos detalles.

 

INTRAMUROS

            Esta semana el ayuntamiento de Puebla podría sacar a la luz pública un convenio que podría dejar muy mal parados a no pocos funcionarios, candidatos a diputados y líderes obreros que se beneficiaron con el inacabado proceso de municipalización de unidades habitacionales del Infonavit.

Resulta que el citado convenio, signado en noviembre de 1993, consideraba en su cláusula primera la entrega de casi tres millones de pesos a la representación vecinal de las unidades cetemistas, los cuales debían invertirse en obras de conservación, mantenimiento y urbanización de las mismas.

Dicha cantidad -que el ayuntamiento representado entonces por Rafael Cañedo Benítez entregó al diputado José Luis Ayala Corona en mayo de 1995- nunca se destinó a los fines previstos, por lo que es la hora que nadie sabe a dónde fueron a parar esos recursos.

Lo grave del asunto no es esto, ni que el gobernador Manuel Bartlett Díaz haya avalado con su firma el acto de entrega-recepción de las unidades habitacionales, sino que ahora las nuevas autoridades municipales se niegan a proporcionar los servicios públicos que reclaman los vecinos de esos conjuntos, como alumbrado público y recolección de basura, aduciendo -con razón- que el multicitado convenio no fue cumplido a cabalidad.

Y en tal sentido trascendió que en los próximos días iniciarán una investigación, con el apoyo de algunos líderes vecinales, para saber en qué se invirtieron los 2 millones 800 mil pesos que el ayuntamiento le entregó al protegido de don Blas Chumacero Sánchez, toda vez que en los archivos de la comuna no aparecen comprobantes de las obras de conservación y mantenimiento que supuestamente se hicieron en las unidades, así como tampoco los planos, expedientes técnicos, licencias, comprobantes de pago y demás documentación relativa que el Infonavit, por conducto de su entonces delegado Eduardo Osoyo se comprometió a entregar al ayuntamiento.

 

EN CORTO

            Con la notable ausencia del presidente del Consejo Local del Instituto Federal Electoral, Marcos Rodríguez del Castillo, el jueves pasado se reunieron a comer con el gobernador Manuel Bartlett los seis consejeros locales electorales. Se trató de un encuentro más bien informal en Casa Puebla, donde el anfitrión habló de su experiencia en la organización de procesos electorales como secretario de Gobernación del presidente Miguel de la Madrid y respondió a las inquietudes de algunos consejeros que le interrogaron acerca de la coyuntura política del país y su proselitismo en favor del PRI. Los invitados comieron sopa juliana y pescado a la plancha en salsa de tamarindo. Trascendió 20que en el transcurso de esta semana los consejeros electorales también buscarán reunirse con el presidente municipal de Puebla, Gabriel Hinojosa, a iniciativa del notario público José Luis Vázquez Nava. ***** A mediados de la semana pasada, el director de Comunicación Social del ayuntamiento de Puebla, Guillermo Velasco Barrera, se reintegró a su oficina luego de abandonar el hospital en donde le atendieron un problema de cálculos renales. ***** Será a mediados o a finales de julio cuando el ex rector Alfonso Vélez Pliego dé a conocer una proclama a la comunidad de la Universidad Autónoma de Puebla, exhortándola a rechazar los proyectos privatizadores del rector José Doger Corte, el centralismo y autoritarismo de la actual administración rectoral, a pugnar por una universidad democrática y crítica, a defender la existencia de un sindicato independiente, a eliminar el voto de los directores dentro del Consejo Universitario y a constituir células de estudio y acción en cada unidad académica que luchen por la autonomía de la UAP y el carácter público y gratuito de la educación superior. Por el momento el propio Alfonso y un grupo de simpatizantes se han dado a la tarea de recolectar firmas de apoyo entre investigadores, profesores y alumnos de la institución. ***** Gracias a los buenos oficios de Enrique Condés Lara, el investigador Pedro Hugo Hernández Tejeda será objeto en los próximos días de un reconocimiento por parte de la comunidad hispano-mexicana radicada en los Estados Unidos. El reconocimiento no está mal, salvo que el grupo que lo otorga ha perdido seriedad, por los intereses políticos que lo mueven en cada una de sus acciones. ***** Que el efímero secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán, está llamado a convertirse en un hombre clave en el próximo Congreso de la Unión y concretamente en la Cámara de Senadores no hay quién lo dude, de ahí que su visita a la entidad los días martes y miércoles de la semana pasada haya resultado de lo más interesante, pues permitió conocer a los políticos y empresarios poblanos que seguramente ven en él a uno de los precandidatos zedillistas a la presidencia de la república. Esteban Moctezuma se reunió la noche del martes con un grupo de empresarios de ascendencia española y libanesa en la casa de José Chedraui Alam, quien compartió 20la mesa principal con su consuegro Rodolfo Budib Lichtle, así como con Alberto Sidaoui Dib, José Luis Castillo Díaz, presidente del Club de Empresarios y el todavía senador Germán Sierra Sánchez. Otros asistentes a esa cena en apoyo de Esteban Moctezuma fueron el notario público Alberto Sidaoui; el presidente de la Feria de Puebla, Ricardo Menéndez Haces; el secretario de Fomento Económico del estado, Mario Riestra Venegas; el coordinador regional del CEN del PRI, Arturo Ruiz de Chávez Robinson; el presidente de la Cámara México Alemana, Marian Foitzik Schymczyk y el ex gobernador Gonzalo Bautista O'Farrill, así como Francisco Bada, Víctor Gabriel Chedraui, Alberto Pellico Agüeros, Gregorio Gómez Cernicciaro, Luis Angel Casas, Pedro Maccise, Rubén Contreras, Alfredo Rivera, Miguel Jacobo Chartuni y los Yitani Maccise. ***** Son ya cuatro los oficios que el Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) dirige al presidente de la Feria, Ricardo Menéndez, solicitándole fechas de cuándo será la próxima asamblea y junta de Consejo del organismo, sin que el diputado federal precise día y hora y sin que la contraloría del estado, que tanto le preocupaban estas cuestiones durante la gestión de Alfredo Miranda López, levante un dedo para hacer cumplir la ley que regula a la Feria de Puebla. ***** Una trivia. Adivine usted el chofer de qué influyente funcionario policiaco llega todos los días a la Calle Coatepec 5534 de la colonia La Hacienda, haciendo alarde de prepotencia, ya sea con las torretas encendidas o con el estéreo a todo volumen. Un par de pistas. Suele utilizar un Jetta color morado asignado a su jefe o alguna patrulla de la Dirección de Seguridad Pública. Un dato adicional. También fue chofer de Mauro Escudero Yerena. ***** Para los interesados en seguirle la pista al funcionario estatal que por ahí del 16 de abril obsequió al asesor del gobernador Manuel Bartlett en cuestiones agrarias, Miguel Angel Ramírez Silva, un auto Rambler modelo 63 de colección, he aquí un tip adicional. Las placas del Rambler son TNB 53776 del estado de Puebla. ***** Una trivia más. ¿Quién es el candidato a diputado federal priísta que tiene problemas con los contadores asignados por su partido para ajustarse a los topes de campaña? Un par de pistas: los contadores y auditores del Incopse y del IFE nada quieren saber de él a pesar de su bien ganada fama de contralor. ***** Sabe usted cuál es el nombre del funcionario responsable de las despensas que el sistema DIF estatal distribuye a familias de escasos recursos de la entidad y que la semana pasada aparecieron por un ``lamentable error'' en las viejas oficinas del PRI de la 5 Poniente 122. ¿No? Pues agárrese: Pedro Mier Velasco, hermano del que fuera presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor y actual diputado federal por el distrito de Ciudad Serdán, Ignacio Mier, que por cierto sustituyó en la coordinación del programa de asistencia alimentaria del DIF estatal a Irma Betancourt Aguilar, a quien la Contraloría le sigue una investigación por malos manejos por la venta de despensas y bricks de leche a empresas particulares. ***** Hasta la próxima. ¡Ah! Y no se olvide de votar el próximo 6 de julio.