Lunes, 02 Febrero 1998
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Congruencia entre el decir y el hacer

Ahora que la Ley para el Federalismo Hacendario del estado de Puebla ha puesto en el centro del debate aspectos como la soberanía estatal y la equidad en la distribución y manejo de los recursos públicos, bien valdría la pena echar un vistazo al gabinete alterno del gobernador Manuel Bartlett Díaz para corroborar qué tanta congruencia hay entre el decir y el hacer.

Para empezar, habría que apuntar que la promesa hecha por el ejecutivo estatal durante su campaña y toma de posesión, en el sentido de que gobernaría con poblanos, sólo se ha cumplido en las formas, pues las decisiones realmente importantes son tomadas por su influyente y costoso equipo de asesores.

El gabinete alterno de Bartlett está integrado por algunos de sus ex colaboradores en las secretarías de Gobernación y Educación, así como por algunos despachos especializados, propiedad de algunos de ellos o de sus amigos: Oscar de Lassé Avellaña, Guillermo Heitler Aroeste, José María Morfín Patraca, Salvador Rocha Díaz, Fernando Pérez Correa, Mauro Uzcanga Villalobos, Roberto Chaparro Sánchez, Luis G. Benavides Ilizaliturri, Miguel González Silva, Eduardo Barclay Arce y Salvador López López.

Estos personajes no sólo gozan de una gran influencia, sino que en la mayoría de los casos fungen -sin ninguna responsabilidad legal y sin que nadie los vigile- como los verdaderos secretarios de gobierno.

Hasta ahora sus sueldos o emolumentos se habían mantenido en absoluto secreto. Nadie en la Secretaría de Finanzas, en la Contraloría o en la Contaduría Mayor de Hacienda había querido informar sobre a cuánto ascienden sus contratos, el tipo de estudios o proyectos que realizan y el alcance de sus atribuciones.

Sin embargo, el viernes pasado, el periodista Carlos Ramírez dio cuenta, en su bien informada columna Indicador Político de EL UNIVERSAL, de algunas cantidades y recibos que puntualmente le son pagados a este selecto grupo.

Ahí nos enteramos, por ejemplo, que Eduardo Barclay Arce, quien hace las veces de procurador de justicia y director de seguridad pública alterno, tiene un contrato de casi 3 millones de pesos; que el despacho López Ochoa y Asociados S.C, que funciona como contralor alterno, poseé uno similar, y que Guillermo Heitler, quien se desempeña como asesor en materia de análisis de estudios de opinión y director alterno de comunicación social, cobró 20entre los meses de enero y junio de 1997 la cantidad de 132,000 pesos.

Quizá tales cantidades no le digan mucho, por lo que será mejor compararlas.

El contrato de Eduardo Barclay o Barklay, quien formalmente despacha como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, le permitió ganar en 1997 la suma 247 mil 480 pesos mensuales por concepto de honorarios.

Si la cifra en sí misma parece exorbitante, vista a la luz de los resultados que ha dado del procurador alterno en los casi cinco años que lleva al frente de la coordinación de los organismos de seguridad pública en la entidad, es francamente escandalosa.

No sólo porque al funcionario nunca se le ve en Puebla, pues labora también como policía en otros estados de la República, sino porque su mayor mérito es maquillar estadísticas sobre delincuencia para las sesiones del Consejo Estatal de Seguridad.

El contrato de Eduardo Barclay -cuya copia hoy publicamos por cortesía de Indicador Político- por 2 millones 969 mil 760 pesos, equivale a las participaciones federales y estatales que en 1998 serán canalizadas al indígena municipio de Zihuateutla, al doble de lo que recibirá el ayuntamiento perredista de San Gabriel Chilac, a más del 50% del presupuesto de la Secretaría de Turismo y del Instituto Poblano del Deporte y la Juventud, y a casi la totalidad del gasto anual destinado este año para los institutos tecnológicos superiores de la Sierra Norte, Acatlán de Osorio, Tepexi de Rodríguez y Zacapoaxtla.

Pero el caso de Barclay no es el único. Como él existen otros asesores que también cobran sumas escandalosas o que tienen en el erario público su principal fuentes de ingresos.

Tal es el caso del bufete Rocha, Ambrosi y Lanz Cárdenas, del cual el senador por Guanajuato Salvador Rocha Díaz es uno de sus principales socios. En 1996, el ex director del Programa Angelópolis, Jesús Hernández Torres, también aparecía como socio de este despacho, cuyo principal soporte -a decir del columnista Darío Celis Estrada- es el gobernador Manuel Bartlett.

A Rocha Díaz los poblanos debemos varios servicios en temas de federalismo, procuración de justicia y atribuciones y excesos de los consejeros ciudadanos del IFE. De hecho, la controvertida Ley para el Federalismo Hacendario del estado de Puebla es, en buena parte, obra suya.

Otro caso es el de Luis G. Benavides, secretario alterno de Educación Pública, quien a través de su Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios (CIPAE) no sólo se ha hecho de oficinas en un edificio adquirido por el gobierno del estado, sino de jugosos contratos.

En octubre de 1996, por citar un ejemplo, don Luis facturó la nada despreciable cantidad de 515,000 pesos por elaborar un estudio y aplicar una encuesta que tenía como propósito conocer las habilidades y destrezas de los habitantes de la franja ubicada entre Huejotzingo y San Martín Texmelucan, donde el gobierno del estado proyectaba construir un bachillerato comunitario productivo a un costo de 164 mil pesos.

En ésta, como en otras asesorías, al gobierno le salió más caro el caldo que las albóndigas.

Pero el asunto no termina ahí, pues existe otro renglón de asesores, cuya función no está del todo clara, pues no se sabe exactamente qué hacen o por qué los estudios y estrategias que le son encomendados son pagados por el gobierno y utilizados en favor del PRI.

Me refiero a Oscar de Lassé y a Guillermo Heitler, que en el gabinete alterno de Bartlett hacen las veces de secretario de Gobernación y de director de comunicación social, así como de prospectólogos electorales.

Ellos junto con los demás asesores son el verdadero equipo de Manuel Bartlett, pues no sólo funcionan a la par de los secretarios de despacho legalmente designados para ejercer el gobierno, sino que incluso tienen más autoridad que éstos para diseñar programas, contratar personal, manejar presupuestos y emprender acciones.

En suma: las decisiones trascendentales de Puebla como estado libre y soberano no son tomadas por los propios poblanos, sino por extranjeros o gentes venidas del Distrito Federal y otras entidades del país.

Y lo peor, cobran sumas millonarias, que en muchos casos rebasan los ingresos de no pocos de los 217 municipios de la entidad, sin rendir cuentas a nadie y sin tener ninguna responsabilidad legal.

¿Es así 20como se defiende la soberanía estatal, el estado de derecho, a los municipios marginados o la equidad en la distribución de los recursos públicos? ¿Por qué tantas facilidades a los asesores? ¿Quién los vigila, quién regula su actividad, quién supervisa sus proyectos, quién determina cuánto deben ganar? ¿Acaso tienen alguna responsabilidad legal o ésta sólo compete al ejecutivo? ¿Por qué un despacho como López Ochoa y Asociados puede auditar a la Contraloría y a la Contaduría Mayor de Hacienda y no al revés? ¿Dónde está la soberanía e independencia del Poder Legislativo? ¿Qué hace y cuánto gana el procurador agrario alterno, Miguel González Silva? ¿Qué hicieron y cuánto cobraron en su momento Francisco Labastida Ochoa, María Elena Vázquez Nava, Jesús Hernández Torres y Patricio Cal y Mayor? ¿Cómo cobra Luis G. Benavides, como asesor o como prestador de servicios? ¿Paga renta por sus oficinas del CIPAE? ¿Le donaron el edificio? ¿Es realmente el gobierno de Bartlett el principal soporte del bufete jurídico de Salvador Rocha Díaz? ¿Con qué precandidato del PRI están los asesores? ¿Quién vigila la caja chica de Roberto Chaparro Sánchez? ¿Cuánto se ahorraría el gobierno si los asesores mejor fueran designados secretarios de despacho? ¿A cuánto ascienden los montos que el gobierno de Bartlett paga por asesorías? ¿Cuántos ayuntamientos podrían elevar sustancialmente sus ingresos si esas asesorías se aplicaran en participaciones? ¿Cuántas obras públicas no se realizarían?

Son preguntas, que conste.

 

EN CORTO

            El gobernador Manuel Bartlett ya empezó a sondear con sus encuestólogos de cabecera la aceptación que tiene entre la ciudadanía para lograr la nominación del PRI a la Presidencia de la República. El viernes, encuestadores de la empresa de Gabriel González Molina -America's Magnament Group, Inc.- le preguntaron a la gente qué opinión tenía del destape hecho por la CROC en favor de Manuel Bartlett y si lo apoyarían para llegar a Los Pinos. El cuestionario de referencia también indagaba sobre otros tópicos, como: si el alcalde Gabriel Hinojosa quería más dinero para ayudar a sus amigos o si en su administración municipal habían aumentado en el municipio los centros de prostitución y de venta de bebidas alcohólicas. ***** No deja de resultar interesante que una de las líneas de investigación de la Procuraduría General de Justicia del estado acerca del asesinato del profesor universitario José Luis Serrano Cortés, el jueves pasado, tenga que ver con sus conflictos al interior de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla. ¿O no, don Guillermo? ***** El delegado de Liconsa, Mario Alberto Tedy Recio, ya empezó su campaña en busca de una diputación en la próxima legislatura local, aunque haciendo proselitismo con las tarjetas de leche subsidiada entre los comités seccionales del PRI municipal que alguna vez él integró en Bosques de Manzanilla. ***** La conferencia de prensa que el domingo de hace ocho días ofreció la lideresa del Congreso de Mujeres por el Cambio, Rocío García Olmedo, no cayó nada bien al coordinador regional del CEN del PRI, Arturo Ruiz de Chávez, ni al líder nato del priísmo poblano, Manuel Bartlett, pues en lugar de apoyar a su partido en la polémica Ley para el Federalismo Hacendario, se puso hablar de sus méritos para ser nominada candidata a una diputación. ***** El pasado viernes 23 de enero, en un restaurante de la colonia Huexotitla, se reunieron varios dirigentes cetemistas convocados por el diputado federal Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara con el único propósito de vetar la candidatura de Raúl Pardo Villafaña a la presidencia municipal de Puebla y para proponer para ese cargo de elección popular al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Mario Marín Torres. ***** Un síntoma de quién va ganando la polémica en Puebla sobre la Ley de Federalismo Hacendario es la ausencia de la lideresa estatal del PAN, Ana Teresa Aranda de Orea, en un debate convocado por el periodista Sergio Mastretta Guzmán en su revista radiofónica 105, al cual sí 20acudieron el secretario general del PRI, Pericles Olivares Flores y el perredista Mario Villar Borja. ***** Cuentan que en el programa radiofónico ``Mujer es'' que se transmite por la estación femenina de Grupo ACIR, el gobernador Manuel Bartlett le preguntó a la conductora Leticia Montaner si no tenía café y que ante la negativa de ésta, en broma, Manuel Bartlett afirmó 20que no era posible que Rafael Cañedo ni café les diera. Al otro día de la entrevista, por cortesía del gobierno del estado, Leticia Montaner pudo estrenar una bonita cafetera. ***** Este día, Vicente Aguirre González ofrecerá una conferencia de prensa, en compañía de los miembros de su planilla, para hacer oficial su candidatura a la presidencia de la Cámara de Comercio de Puebla. Entre las noticias bomba que tiene preparadas, figura una que se le podría revertir: que la Secretaría de Comercio desconoce la existencia del actual Consejo Directivo de la Canaco, presidido por Luis Paredes Moctezuma, en virtud de su elección no se hizo en los tres primeros meses de 1997. Y digo que se le podría revertir, porque en 1997 -en que solicitó informes a la Secofi sobre la situación de la Canaco Puebla-, él entonces ni siquiera era socio de la misma. Vicente Aguirre afilió sus negocios a la Canaco, el 27 de noviembre de 1997 con el pago de los recibos 18950, 18951, 18956 y 18959, situación que le da derechos para 1998, pero no para 1997, según el artículo 30 de la Ley de Cámaras. Además, habría que recordar que la elección de Paredes Moctezuma, como presidente de la Cámara de Comercio, se hizo el 17 de enero del año pasado, con base en el artículo séptimo transitorio de la Ley de Cámaras, el mismo artículo que utilizó Armando Araujo Montaño para reelegirse en la presidencia de la Concanaco. ***** A propósito de Vicente Aguirre, no deja de resultar curioso que en la reunión que el martes pasado efectuaron en su casa sus seguidores, haya asistido la subsecretaria de Fomento Económico del estado, Silvia Hernández. ***** Y hasta la próxima.