Cuestionan regidores el trabajo de la Contraloría Municipal

La pasividad que el contralor del ayuntamiento de Puebla, León Rubén Reyes Leyva, ha mostrado para sancionar a quienes en la gestión marinista incurrieron en graves actos de corrupción, empieza a resultar sospechosa, sobre todo en el caso del ex director general de Obras y Servicios Públicos, Javier García Ramírez.

Las sospechas tienen no sólo que ver con la ausencia de avances concretos en las investigaciones y procesos administrativos abiertos en contra de una veintena de funcionarios del anterior ayuntamiento, sino con la demora para citar a algunos personajes clave, la contratación de auditores de dudosa reputación y su falta de anuencia para ampliar las pesquisas.

Varias son las evidencias en poder de algunos regidores panistas que hoy comienzan a observar con desconfianza y recelo el desempeño del actual contralor municipal, entre ellas las siguientes:

1. El informe rendido por Rubén Reyes en su comparecencia del pasado 1 de octubre, ante las comisiones de Hacienda y Gobernación, prácticamente no arrojó ningún avance sustancial de lo que ellos ya sabían hasta el 25 de junio, cuando la Comisión Transitoria que revisó el acta de entrega-recepción presentó al Cabildo sus conclusiones y éste recomendó a la Contraloría darles seguimiento.

2. Los resultados de la auditoría efectuada a la obra del crucero de flujo continuo de la Ford Rivera, asignada sin licitación de por medio a la constructora Luevano y Asociados, tampoco son recientes. El acta de cierre de auditoría –en la que se detallan las irregularidades cometidas por Javier García y algunos de sus subordinados- se firmó el 1 de julio, y desde entonces se sabía que el daño patrimonial en perjuicio de las arcas municipales rebasaba los 3 millones de pesos.

3. El contralor se ha rehusado, pese a las recomendaciones de su Dirección Jurídica, a contratar los servicios de un despacho externo para que elabore un peritaje respecto a los sobreprecios que la comuna pagó por los trabajos del llamado crucero inteligente de la Diagonal Defensores de la República y Calzada Ignacio Zaragoza. Este peritaje, en caso de un pleito legal con Javier García, o cualesquiera de sus subordinados sujetos a investigación, sería fundamental.

4. Sin justificación alguna, el contralor Rubén Reyes aún no sanciona con la inhabilitación del servicio público a Javier García, ni le inicia un proceso penal por peculado, malversación de fondos públicos y daño patrimonial, no obstante contar con todos los elementos para hacerlo, empezando por la multicitada auditoría.

5. La negativa del contralor para investigar, con base en la declaración de situación patrimonial del propio Javier García, por qué ocultó información acerca de la casa donde realmente vive, en Residencial Jardines de Zavaleta, del vehículo blanco Mercedes Benz que posee y del restaurante La Kanica de la avenida Teziutlán Norte esquina con Tetela en la colonia La Paz.

6. La inexplicable falta de voluntad mostrada por el contralor municipal para mandar a citar al que fuera secretario particular de Javier García, José Ignacio Pérez Salazar, para que aclare por qué las placas de circulación del referido Mercedes aparecen a nombre de su esposa Leticia del Carmen Barranco; y cómo le hizo para adquirir, con un sueldo de 13 mil 300 pesos mensuales, una camioneta Voyager 2001 con valor de 250 mil pesos.

7. La contratación de un personaje como Leodegario Brambila Hernández al frente de la Dirección de Auditoría de Obra Pública de la Contraloría Municipal, no obstante sus antecedentes. Para quienes no se sepan de quién estamos hablando, baste decir que el susodicho fue delegado de la Contraloría del estado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante la gestión de Arturo Achard Velázquez, y que en últimos días se le ha visto con gente muy cercana a Javier García, la cual jura y perjura que su jefe “ya tiene todo arreglado”.

Aquí le dejo estas observaciones. Ya usted saque sus propias conclusiones.

Y hasta la próxima.