El ridículo cometido por Gabriel Hinojosa Rivero cuando siendo presidente municipal mandó a citar a los funcionarios de Rafael Cañedo Benítez con el propósito de fincarles responsabilidades podría repetirse con Luis Paredes Moctezuma.

Pero lo más grave del asunto a diferencia de aquella ocasión, es que los intentos por sancionar a diversos funcionarios de la gestión marinista podrían quedarse en eso, en meros intentos, no por incapacidad, sino por falta de voluntad del contralor municipal León Rubén Reyes Leyva.

Y es que su actitud frente al menos tres funcionarios de la pasada administración municipal, en cuyos expedientes se documentan una serie de abusos cometidos por éstos en el ejercicio de sus funciones, de violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de inconsistencias entre lo que ganaban y los bienes que poseen, resulta francamente sospechosa.

Pero vayamos a los detalles.

En el caso de José Javier García Ramírez, director general de Obras y Servicios Públicos del ayuntamiento presidido por el priísta Mario Marín Torres, el contralor se ha negado a investigar varias anomalías, entre ellas la relativa a la adquisición de un auto de lujo, un Mercedes Benz, blanco, modelo 2001, que es tripulado por el propio Javier García, pero que dice no ser suyo sino de la esposa del que fuera su secretario particular, la señora Leticia del Carmen Barranco.

Para el contralor Reyes Leyva no es desconocida la existencia del Mercedes Benz, pues el vehículo fue utilizado por Javier García el día en que éste acudió al citatorio que le hicieron los miembros de la Comisión de Entrega-Recepción del actual ayuntamiento, para cuestionarlo sobre la no licitación pública de más cien de obras, los sobreprecios detectados en la construcción de los llamados cruceros inteligentes y el favoritismo hacia ciertas constructoras.

Y tampoco el hecho de que nadie que gane un sueldo de 13 mil pesos mensuales -como los que percibía el secretario particular de Javier García, José Ignacio Pérez Salazar- puede adquirir casi de contado un auto importado y de lujo como ése.

Para aclarar el origen del Mecedes Benz, el contralor municipal lo único que ha realizado es girar un oficio al secretario de Finanzas del estado, Rafael Moreno Valle Rosas, solicitándole informes acerca de quién es el propietario de ese vehículo.

Pero la negligencia del contralor municipal va más allá.

Éste se ha negado a sancionar al que fuera tesorero del ayuntamiento, David Villa Issa, por violar el artículo 50 fracción XV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que le prohibía durante el ejercicio de sus funciones aceptar dinero o bienes en donación.

En su declaración de situación patrimonial, recibida con fecha 12 de febrero del 2002, Villa Issa acepta que su madre le heredó una suma de 390 mil 625 pesos adicionales a los que había declarado en el año 2000.

Con su antecesor en el cargo, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, el contralor municipal ha sido aún más condescendiente, pues pese a contar con elementos suficientes para sancionarlo por las omisiones en que incurrió en el caso del celebérrimo halloween que funcionarios de la gestión marinista -encabezados por Enrique Palomares y Héctor García Muñoz- organizaron en las instalaciones del panteón municipal en noviembre del 2000, simplemente se niega a hacerlo.

El ex contralor debió haber sancionado por incurrir en falsedad de declaraciones a los cerca de 20 servidores públicos que por ese caso fueron citados a la Contraloría Municipal y manifestaron no saber nada de la fiesta, ni de los asistentes a la misma.

Su actuación, a todas luces negligente, al amparo del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades, es también digna de sospecha y más cuando hoy se sabe que el actual contralor municipal, Rubén Reyes Leyva, logró que su despacho de contadores fuera incluido en la relación de aquellos autorizados por el Órgano de Fiscalización Superior, para practicar auditorías a los ayuntamientos de la entidad, gracias los buenos oficios de su antecesor, Víctor Manuel Sánchez.

¿Qué pasará ahora con Reyes Leyva? ¿Se le seguirá permitiendo mantener en la congeladora los expedientes de Javier García Ramírez, David Villa Issa, Víctor Manuel Sánchez, Pedro Piñón López y Noé Sánchez Sánchez entre otros, que guarda celosamente en su escritorio desde hace más de cuatro meses? ¿El Cabildo lo llamará a cuentas? ¿O es que ya nadie se acuerda de que en su sesión del 25 de junio el Cabildo le dio instrucciones de dar seguimiento al pliego de observaciones no solventadas que le hizo llegar la Comisión de Acta de Entrega-Recepción, encabezada por el regidor David Díaz García? Son preguntas, que conste.

EN CORTO

            La semana pasada, ante la fe del notario público número 6, se constituyó en esta ciudad el Instituto de Estudios Políticos y Legislativos A.C., con once miembros. Todos ellos, o casi todos, tienen una particularidad: son miembros activos del Partido Acción Nacional. El objetivo de la asociación, según puede leerse en sus estatutos, es impulsar la transición democrática en el estado, ya que en Puebla –a decir de sus socios- aún pervive el viejo sistema político de corte autoritario. El Instituto llama la atención por tres cosas: por sus miembros, entres los cuales figura el ex presidente del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), Pablo Rodríguez Posada, en calidad de tesorero, lo cual hace suponer que el ex directivo patronal incursionará, ahora sí formalmente, en la actividad partidista; por la presencia del senador Francisco Fraile García, el más fuerte aspirante panista a la gubernatura del estado, y el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Carlos Espina von Roerich (¿acaso toma forma la santa alianza?); y porque la mentada asociación civil fue concebida como un instrumento de penetración política entre aquellos ciudadanos que no quieren saber nada de los partidos, y de captación de recursos del extranjero, provenientes de entidades internacionales como la Organización Demócrata Cristina de América (ODCA) y la fundación Konrad Adenauer-Stiftung. Como presidente del Instituto fue nombrado el ex diputado Jorge Elhinger Coghlan; Juan Carlos Espina es el vicepresidente; Marcial Campos Díez, el secretario general; Arturo Flores Grande, el pro secretario; Pablo Rodríguez Posada, el tesorero; Felipe Álvarez Lozano, el pro tesorero; Lourdes Bayona, la directora, y como vocales quedaron Raymundo García García, María del Carmen Díaz Amador, Francisco Fraile García y Guadalupe Hinojosa Rivero. ***** Aparte del PRI, el rector de la UAP, Enrique Doger Guerrero, contará con dos partidos políticos más para hacer posible sus aspiraciones no académicas. Me refiero a Fuerza Ciudadana, quien el viernes obtuvo su registro, tras apelar ante el Tribunal Electoral la resolución del IFE que se lo había negado, y el Partido México Posible. Del primero ya nos hemos ocupado en anteriores entregas, pero del segundo no. Por ahora, simplemente le diré que el Partido México Posible también gozará del cobijo rectoral, por conducto de José Luis Cardona Ruiz, asesor de ya sabe usted quien. ***** En la semana que concluyó se registraron un par de movimientos estratégicos en la preparatoria urbana “Enrique Cabrera Barroso”. Como secretario administrativo fue designado Fidel Pérez Espinoza -yerno del diputado federal priísta Corruptón, perdón Melitón, Morales Sánchez-, en sustitución de Fernando Reyes; y como secretaria académica, Clara Viveros, quien sustituye en el cargo a David Pineda. Clara es hermana de Jovita Viveros. ***** El jueves pasado, en la columna hermana de este periódico digital “La Corte de los Milagros”, se publicó que las relaciones entre el conductor del noticiario En Confianza, Fernando Canales y su jefe Antonio Grajales Salas, atravesaban por un momento crítico, muy crítico. Hoy déjeme comentarle que además de los diferendos por las comisiones de publicidad y la imposición de Cosme Haces como “supervisor de contenidos”, el desaguisado tiene nuevos ingredientes. Entre éstos las “buenas relaciones” que Antonio Grajales mantiene con el alcalde panista Luis Paredes Moctezuma y que se han traducido en jugosos convenios de publicidad, disfrazados con el pago de comidas en el restaurante Armadía y la venta de plantas del vivero Las Calandrias; el hecho de que la mitad de los salarios de los reporteros de Radio Oro son cubiertos por el propio Fernando Canales, y que don Antonio pretende sacar en los próximos días una revista, bajo la coordinación editorial de Cosme Haces, pero con el trabajo de los reporteros que paga el conductor de En Confianza, a lo cual, por supuesto, éste se opone. Así las cosas, todo hace suponer que los malos entendidos entre Grajales y Canales derivarán pronto en una ruptura, en la que no habrá un ganador y un vencido, sino dos perdedores. ***** Y hasta la próxima.