Ángel Alonso, víctima del frailismo

A comienzos de noviembre pasado, la LV Legislatura del Congreso del estado recibió una propuesta de reformas al Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla (CIPEEP), sin que hasta ahora ningún partido político o fracción parlamentaria se haya pronunciado a favor o en contra.

Dicha propuesta presentada por los consejeros ciudadanos del Instituto Electoral del Estado (IEE) ha pasado casi inadvertida para los principales actores políticos de la entidad, quizás porque hoy su atención está focalizada en las elecciones federales de julio de este año o porque las modificaciones que ahí se plantean no parecen substanciales.

En efecto, la reforma electoral propuesta por los consejeros del IEE es omisa en dos aspectos que resultan de lo más relevante. Uno tiene que ver con la conveniencia de modificar el calendario político electoral de Puebla, para homologarlo con el federal, y otra con la necesidad de introducir mecanismos que garanticen una correcta fiscalización de los gastos de los partidos en campañas políticas.

Sobre el primer aspecto, creo que la mayor justificación está en el hartazgo de los poblanos de vivir en medio de constantes campañas políticas, pues cuando no hay elecciones federales, hay elecciones locales o elecciones internas de los partidos para seleccionar candidatos o dirigentes. El caso es que siempre estamos en campaña, con el consiguiente problema de que todo, absolutamente todo, se politiza o, mejor dicho, se partidiza.

Para evitar esta situación, el Legislativo debería considerar la conveniencia de modificar el calendario electoral del estado, como ya lo han hecho otras entidades del país. En la actualidad, el Distrito Federal, Guanajuato, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Campeche, Colima, Querétaro, Nuevo León y Jalisco, tienen elecciones locales y federales el mismo día.

¿Y Puebla, por qué no?

Esta situación ofrece de entrada bondades en materia de financiamiento público y privado, pues los partidos en lugar de gastar por partida doble, como actualmente sucede en Puebla para financiar las campañas políticas de sus candidatos locales y federales, lo harían una sola vez.

Otro aspecto que no fue considerado en la propuesta de los consejeros del IEE es el relativo a las precampañas. Mas que prohibirlas, el Código Electoral debería reglamentarlas, empezando por su financiamiento.

Si las precampañas fueran objeto de fiscalización y si la autoridad les fijase un tope o un porcentaje sobre el monto máximo que los partidos políticos pueden gastar en cada proceso electoral, sin lugar a dudas que éstas se reducirían o limitarían al seno de los propios partidos.

El Código Electoral vigente sólo habla de que los partidos políticos están obligados a rendir un informe de sus gastos ordinarios y de campaña, pero sin precisar cómo deben ser presentados o qué requisitos deben cumplir para ser aceptados. Sin embargo, la mayor debilidad del Código en esta materia es que dejó a la autoridad electoral sin facultades para auditar a los partidos tanto en los recursos que reciben como en los que se gastan.

Me explico: el problema no radica tanto en los fondos que los partidos someten a comprobación de la autoridad, sino en aquellos que no se someten, pues nadie sabe de dónde vienen, ni en qué se invierten, aunque todos nos lo imaginamos.

Por ello es que insistimos que la reforma electoral de Puebla no debe seguir posponiéndose y que las elecciones federales no deben ser pretexto para postergar su discusión.

INTRAMUROS

Un detalle que sorprendió a quienes vieron, oyeron o asistieron al cuarto informe de labores del gobernador Melquiades Morales Flores fue la actitud crítica que en ese acto celebrado en Tehuacán asumió el diputado Ángel Alonso Díaz Caneja, coordinador de la fracción panista en el Congreso del estado.

Esa postura, que incluso le mereció hasta felicitaciones de parte de algunos de sus compañeros de fracción, en realidad se trató de una impostura.

Y es que Ángel Alonso nunca quiso decir lo que dijo, sino que fue obligado. Eso ocurrió un día antes, el martes 14, en las oficinas de Enlace Legislativo, en el marco de una reunión del senador Francisco Fraile García con algunos de sus principales operadores políticos: Eduardo Rivera Pérez, Raymundo García García, Fernando López Rojas y Arturo Flores Grande.

Ahí, Fraile y sus colaboradores discutían algunas estrategias de posicionamiento de cara al 2004, y fue entonces que abordaron el tema del cuarto informe del gobernador Melquiades Morales.

Casi todos coincidieron en criticar el formato del informe, no solo porque la organización del acto distaba mucho del espíritu republicano, sino porque éste, junto con los otros seis informes regionales, sería utilizado con claros propósitos de mercadotecnia electoral.

Ángel Alonso fue el único en no compartir las críticas de sus compañeros. Y cuando le preguntaron sus razones lo más que llegó a decir es que aún no era el momento.

Pero los demás frailistas insistieron, en particular Raymundo García y Eduardo Rivera. No es posible, le dijeron, que Acción Nacional se convierta en cómplice de la subordinación del Poder Legislativo al gobernador del estado, ni del abierto proselitismo que, con recursos públicos, algunos de sus funcionarios realizan en distritos por los cuales serán candidatos.

En esas circunstancias, Ángel Alonso llegó al Congreso del estado el día siguiente y subió a la tribuna para decir lo que en realidad –hoy sabemos- no quería decir.

EN CORTO

La Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene ya listo el resolutivo sobre las impugnaciones que las diferentes planillas que contendieron en noviembre pasado por la dirigencia estatal le presentaron. Este se hará oficial en un par de semanas, pero le adelantamos que el triunfo de Mario Villar Borja será ratificado, por lo que éste será nombrado presidente estatal del PRD y Horacio Gaspar Lima –quien ocupó la segunda posición en las votaciones- secretario general. El resolutivo será firmado sólo por tres de sus cinco integrantes: Beatriz Hermosillo, Verónica Román y Ricardo Moreno Bastilla, éste último presidente de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia. Quienes se excusarán de hacerlo para evitar un posible conflicto de intereses son el secretario general de la Comisión, Luis Miguel Barbosa Huerta –principal impulsor de Mario Villar- y Fredie Aguilar Aguilar, cuñado de Mario Vélez Merino. ***** En mesa de trabajo, los miembros del Consejo Local del Instituto Federal Electoral (IFE) acordaron organizarse en comisiones para supervisar el desarrollo del proceso electoral de julio próximo. Así las cosas, resolvieron que la Comisión de Capacitación sea presidida por Alfredo Figueroa Fernández, la de Organización Electoral por Enrique Glockner Corte, la de Registro Federal Electoral por Octaviano Escandón Báez, la de Vigilancia del Voto por Sergio Cházaro Flores, y la de Administración por María Teresa Colchero Garrido. Estos nombramientos se votarán formalmente en la siguiente sesión del Consejo Local, prevista para el 27 de los corrientes. Un dato adicional a destacar es que el Consejo General del IFE acordó excluir a los representantes de los partidos políticos de las comisiones de Capacitación y Organización Electoral. ***** Una designación que pasó casi inadvertida para los poblanos fue la de Miguel Quirós Pérez como miembro del influyente Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación en diciembre pasado. Uno de sus principales promotores para llegar a esa alta responsabilidad fue el coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Senadores, Enrique Jackson Ramírez. *****  Otro nombramiento que tampoco tuvo mucha publicidad fue el de José Ojeda Bustamante como coordinador de la licenciatura de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana, plantel Golfo Centro, en sustitución del consejero ciudadano Luis Vaquero Ochoa, quien se fue de sabático. Al maestro Ojeda Bustamante se le identifica como miembro del llamado Grupo Finanzas de Rafael Moreno Valle Rosas, por su cercanía con el coordinador de Desarrollo Social de la Secretaría de Finanzas del estado, Luis Banck Serrato, quien por cierto es egresado de la carrera de Ciencias Políticas de la Ibero de México, de la que fue dirigente estudiantil. ***** Una nueva dependencia se abrió en la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), la Coordinación de Gestión y Vinculación Académica, al frente de la cual se designó a Bertha Rosa Macedo Mendoza, gente cercana al vicerrector Enrique Agüera Ibáñez, quien la tuvo de secretaria académica de la facultad de la Administración cuando fue director de la misma. ***** José Carlos Bernal “El Cheche” regresará a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas de la UAP. Y lo hará, a invitación del nuevo titular de esta dependencia universitaria, Rigoberto Benítez Trujillo, en calidad de subdirector, es decir, en la misma que tenía cuando su jefe era el hoy director de Comunicación Social del gobierno del estado, Felipe Flores Núñez. ***** Será el 4 de febrero cuando se lleve a cabo la asamblea anual de la delegación estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en la cual su presidente José Antonio Escalera Espinoza será ratificado por un año más, luego de rendir su informe del año 2002. ***** Y hasta la próxima.