Puebla sigue acumulando malas notas en los temas de corrupción, eficiencia y justicia. Ahora el Consejo Coordinador Fiscal (CCF) y la firma de consultoría aregional.com otorgaron a la entidad el último lugar nacional —junto con Veracruz— en administración de justicia, al evaluar cuatro rubros del Poder Judicial local: calidad institucional, duración de procedimientos, eficiencia en la ejecución de sentencias y suficiencia de recursos.

La evaluación, que aparece publicada a plana completa en la página 42 del más reciente número de la revista Expansión con el encabezado “Justicia en los estados”, revela que el desempeño de los magistrados y jueces adscritos al Tribunal Superior de Justicia, en comparación con el resto de los 31 estados del país y el Distrito Federal, es deficiente, lento, burocrático y corrupto.

El reporte elaborado por aregional.com —consultora de análisis especializada en federalismo fiscal, desarrollo regional, competitividad y deuda pública subnacional—, con base en datos brutos de un estudio del Consejo Coordinador Financiero (CCF), sostiene que la forma en que se administra la justicia afecta directamente a la inversión: “Los problemas que debilitan la actividad económica son la excesiva tardanza en los procedimientos de apelación, desahogo de pruebas o dictamen, escasez de personal y recursos, así como el bloqueo de los juzgados por parte de agrupaciones de deudores.”

De ahí que el desempeño del Poder Judicial sea uno de los parámetros que los grandes inversionistas nacionales y extranjeros toman en cuenta para invertir en una u otra entidad.

De acuerdo con los cuatro rubros de desempeño establecidos por el Consejo Coordinador Fiscal —asociación civil cuyos indicadores son tomados como fuente por instituciones como el ITAM o calificadoras como Moody´s—, Aguascalientes y Querétaro son las entidades que más destacan en administración de justicia, al obtener tres calificaciones altas y una media, en contraste con Puebla, Veracruz y Guerrero que obtuvieron cuatro calificaciones bajas.

Estas calificaciones corresponden a calidad institucional, donde de evalúa la eficiencia de jueces y magistrados, su nivel de experiencia y su imparcialidad; duración de procedimientos, es decir el tiempo para la ejecución forzosa de un contrato; eficiencia en la ejecución de sentencias, rubro que mide la capacidad de los órganos de justicia para cumplir veredictos definitivos o la incapacidad para hacerlo por presiones internas o externas; y suficiencia de recursos, donde se evalúa el porcentaje del presupuesto total del estado destinado al Poder Judicial, los salarios y condiciones de los jueces, y las condiciones físicas y tecnológicas de que disponen los juzgados.

Pero lo delicado del asunto, es que éste no es el primer reporte que pone a Puebla por los suelos en administración de justicia. En agosto de 2002, la revista Este País publicó un suplemento especial sobre el mismo tema y los resultados fueron similares.

Aquella investigación titulada “La Administración de la justicia local en México” —avalada por el Centro de Estudios de Derecho Público del ITAM y el despacho Gaxiola Moraila y Asociados S.C. —ubicó a Puebla en los últimos lugares en las categorías de calidad profesional de los juzgadores, imparcialidad de los juzgadores, condiciones generales de los juzgados, rapidez en los procedimientos ejecutivos mercantiles, rapidez en los procedimientos hipotecarios, rapidez en los procedimientos de ejecución, y confiabilidad de los servicios periciales.

La única categoría donde el Poder Judicial de Puebla salió bien evaluada fue en remuneración de los jueces, ya que la entidad se ubicó sólo por abajo del Distrito Federal, del estado de Mexico, Jalisco y Baja California. En Puebla, según esa investigación, los jueces ganaban en promedio 29 mil pesos mensuales.

INTRAMUROS

¿Sabe a cuánto ascienden las irregularidades y los desvíos de fondos públicos en que incurrió Alberto Guerrero Gutiérrez como director general del Colegio de Bachilleres, tan  sólo en el año de 2001?

Sorpréndase: a 37 millones 950 mil 469 pesos, 99 centavos.

¿Y sabe qué es lo peor?

Que pese a sus abusos y latrocinios, este servidor público hoy goza de una aviaduría en la Secretaría de Educación Pública del estado, ya que es el flamante asesor del titular de esa dependencia, Carlos Alberto Julián y Nácer, por lo cual recibe un sueldo de 34 mil 500 pesos mensuales.

¿Ahora entiende usted por qué Puebla ocupa, de acuerdo con Transparencia Mexicana, el nada honroso primer lugar nacional en corrupción? Esto, pese a ser de los estados que más recursos invierten en auditorías y fiscalizaciones.

La cifra de los abusos cometidos por Alberto Guerrero Gutiérrez, marinista de pura cepa que convirtió al Cobach en una especie de bunker político —donde hasta los directores de los más de 20 planteles eran sindicalizados—, consta en el dictamen firmado anteayer por los diputados de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior del estado.

Ahí, en el punto tercero de las consideraciones, puede leerse textualmente: “Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el LIC. ALBERTO GUERRERO GUTIÉRREZ, incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en administración por la cantidad de $37,950,469.99 (treinta y siete millones novecientos cincuenta mil cuatrocientos sesenta y nuevos pesos 99/100M.N), misma que está contenida en documentales que obran en poder del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, lo anterior con independencia de las observaciones y cargos que se encuentra en término”.

El dictamen suscrito por los diputados priístas María Camelia Chilaca Martínez, Joaquín Maldonado Ibargüen y Ninel González Gálvez, así como por el panista Juan Francisco Menéndez Priante y el perredista Jesús Alonso Cañete, autoriza a la Comisión Inspectora que inicie un procedimiento administrativo en contra de Alberto Guerrero por los delitos de peculado y desviación de recursos públicos.

Sin embargo, me temo que este procedimiento correrá la misma suerte de otros: quedará congelado en alguna oficina del Congreso o del Orfise, para regocijo de la señora impunidad, ésa que hoy hace que posible que Puebla se ubique como el estado campeón en corrupción, fraudes y mordidas.

EN CORTO

Un bien informado lector de este espacio —que firma con el pseudónimo de Javier Rodríguez y el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. — me hizo llegar la siguiente información que hoy pongo a su consideración por abordar un tema de interés como la concesión del servicio de alumbrado público, las negociaciones que se dieron en torno al asunto en Casa Puebla, y la intervención del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, como un aliado de Luis Paredes con miras al 2004.

Estimado Rodolfo:

La aprobación por el Congreso del estado del contrato de concesión del alumbrado publico y la semaforización en el municipio de Puebla es un acontecimiento político que de ninguna manera puede pasar desapercibido a los actores en el momento que vive nuestra entidad. 

Todo indica en primera instancia que el gran ganador en este asunto fue Luis Paredes, quien habiendo sido acusado a lo largo de más de un año de estar realizando un acto ilegal, de pronto se presenta como quien siempre tuvo la razón o bien como quien tuvo la fuerza y el talento para convencer a quienes tenía que convencer de las bondades de un proyecto que a todos convenía a pesar de que algunos de los argumentos en contra podían tener alguna validez legal.

 ¿A quién tuvo que convencer Paredes para lograr la aprobación del Congreso del estado? ¿Qué significado y alcance político tiene dicha aprobación?

Desde luego Paredes no tuvo que convencer a todos y cada uno de los diputados, ni siquiera a los coordinadores de las bancadas más numerosas, es decir la del PRI y la del PAN, o sea a Víctor Manuel Giorgana Jiménez y a Leonor Popócatl, sino a los verdaderos líderes de los diputados de ambas fracciones: Melquiades Morales y Eduardo Rivera, quienes a su vez recibieron sendas llamadas de un poderoso personaje que no estuvo ausente en este asunto; Santiago Creel Miranda.

Para nadie es un secreto que Santiago Creel está en plena campaña por alcanzar la candidatura de su partido a la presidencia de la República y que para conquistar primero ésta y luego la presidencia, requerirá de muchos apoyos, pero sobre todo el de quienes realmente puedan darle soporte político y tengan capacidad de canalizarle todo tipo de recursos, es decir, de los gobernadores de su partido, por lo que le es necesario que estos sean más en número y que le sean afines, lo que supone a su vez que él tiene que impulsar a quienes más adelante lo apoyarán a él y este es el caso que nos ocupa: Creel tiene interés en que el próximo gobernador de Puebla sea Luis Paredes, quien forma ya parte de su equipo de campaña, como lo fue en su momento del de Vicente Fox.

Melquiades a su vez, sabía que la concesión caminaría con o sin la aprobación del Congreso, pero no le convenía que se diera sin la intervención de éste, pues esto mermaría su propia posición.

 Tampoco estaría por demás algún pacto de fin de sexenio con alguien a quien no se le pueden negar las posibilidades de ser su sucesor, sobre todo cuando la situación de su partido se ha complicado severamente a nivel nacional y cuando sus propias cartas para sucederlo no acaban de dar color. El síndrome Zedillo ronda en casa Puebla y el gobernador aprovecha el momento y circunstancia para compartir el éxito con Paredes y para dejar ver a propios y extraños que podría pactar con cualquiera que le garantice verdaderamente lo que él necesita: tranquilidad.

 Eduardo Rivera, nuevo presidente del PAN en Puebla, necesitaba tanto dejar claro su liderazgo como fortalecer a su partido para poder ganar las elecciones del 2004, para lo que le es imprescindible que Paredes haga un papel más que bueno en la capital del estado. Tuvo la habilidad de tolerar la oposición frailista sin descalificarla, pero haciendo lo necesario para lograr lo que Melquiades requería para validar un proyecto que para ese momento ya era de él, del gobernador y del secretario de Gobernación: la mayoría de los votos panistas. 

 Mario Marín y Francisco Fraile son los grandes derrotados. Sus alfiles no alcanzaron para neutralizar torres, caballos y dama que Paredes pudo sumar a un proyecto que sin duda nos beneficia a todos los poblanos. Carlos Meza y Roberto Grajales no lograron sino quedar ante los actores y la opinión pública como radicales intransigentes, incapaces de lograr los acuerdos que hoy necesitamos para resolver nuestros problemas concretos y ambos ponen a sus jefes, el ex alcalde y el senador, en la posición de quienes con tal de evitar un éxito de su rival, no tienen empacho en perjudicar a su ciudad o a su país.

 Visto así, las secuelas de este episodio alteran los actuales equilibrios en la sucesión gubernamental al hacerse evidente un pacto de gran alcance entre quienes sin duda llevan hoy el liderazgo más fuerte en sus respectivos partidos:

Melquiades Morales y Luis Paredes. 

¿Qué podemos esperar de esto? ¡Imagínese nada más! 

Hasta aquí el correo.