A debate la reelección de rector en la Benemérita

Decir a estas alturas que Enrique Agüera Ibáñez tiene planes de continuar al frente de la Universidad Autónoma de Puebla, más allá de octubre del año entrante en que concluye su gestión como rector sustituto, resulta ciertamente una perogrullada.

Sin embargo, lo que no queda muy claro es si Agüera debe renunciar en marzo de 2005 para cumplir con lo que establecen el Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias sobre los requisitos y la idoneidad de los candidatos a rector.

Hasta ahora la opinión prevaleciente al seno de la institución es que Agüera buscará ser nombrado rector de la UAP para un periodo de cuatro años, pero sin renunciar al cargo de rector sustituto que el Consejo Universitario le confirió en marzo de este año.

En este caso el concepto de reelección no aplica, pues en estricto sentido Agüera no fue nombrado rector por un periodo, sino sólo para concluir el que dejó pendiente Enrique Doger Guerrero cuando éste fue designado candidato del PRI a la presidencia municipal de Puebla.

Así las cosas, el artículo 1-4 del Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias se ha convertido en un obstáculo para la continuidad de Enrique Agüera y su grupo al frente de la UAP.

El artículo citado dice textualmente:

“El Rector y los Directores de Unidad Académica que aspiren a un segundo periodo en sus respectivos cargos, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la legislación universitaria y someterse a los procedimientos y plazos relacionados con el nombramiento correspondiente.

“La participación de las citadas autoridades personales en un nuevo proceso para su nombramiento no impide que continúen en el desempeño de su cargo hasta la conclusión del periodo para el que fueron nombradas”.

Subrayo las palabras que aspiren a un segundo periodo, por no corresponder al caso de Enrique Agüera. Él en realidad iría por su primer periodo en septiembre de 2005, una vez que concluya, si es que finalmente lo hace, el periodo 2002-2005 de Enrique Doger Guerrero.

Este embrollo legal provocará sin duda un intenso debate al interior de la UAP, entre aquellos que están por la continuidad de Agüera, empezando por él mismo, y sus críticos y opositores que ahora cuentan con una nueva arma jurídica en su cruzada por sacarlo de la rectoría o dejarlo fuera de las elecciones de septiembre del próximo año.

Los agüeristas podrán argumentar a su favor que si bien el Reglamento de Elección de Autoridades Personales es explícito en lo relativo a la continuidad de las autoridades que aspiren a un seguro periodo, es omiso en cuanto a las que asumen la rectoría o la dirección de una unidad académica como sustitutas o interinas.

Incluso no sería raro que apelen a la interpretación jurídica y con base en el principio de analogía establezcan que si la continuidad se permite para las autoridades electas para un primer periodo, lo mismo ocurre con las que fueron nombradas como interinas o sustitutas, amén de que esta situación ya se ha dado en algunas unidades académicas como en la preparatoria “2 de Octubre” con Teresa Cabrera González, en la facultad de Administración con Sara Amalia Vélez Mejía, y en la facultad de Medicina con Manuel Camacho Morales.

En cambio, los críticos y opositores de Agüera exigirán la aplicación literal del artículo 1-4 del Reglamento de Elección de Autoridades Personales, para impedir que durante las elecciones del año entrante éste sea rector y candidato al mismo tiempo.

En este escenario, el panorama político para el hoy rector sustituto se complicaría, pues no sólo tendría que renunciar en marzo, es decir, seis meses antes de las elecciones, sino que tendría que someterse al procedimiento establecido por los artículos 59 y 61 del Estatuto Orgánico, así como de los artículos 24, 24-2 y 26 del Reglamento referido, que lo colocarían en igualdad de circunstancias frente a otros candidatos a sucederlo.

Su margen de maniobra, pues, se reduciría, ya que tampoco podría operar la elección de los próximos consejeros universitarios, en quienes recaerá el nombramiento de rector para el periodo 2005-2008.

INTRAMUROS

Finalmente la papa caliente de la cuenta pública de Luis Paredes Moctezuma correspondiente a su primer año de gestión al frente del ayuntamiento de Puebla terminó quemando a todos.

Al Órgano de Fiscalización Superior (Orfise) porque ahora tendrá que explicar cómo le hizo el ayuntamiento para solventar de la noche a la mañana 118 millones de pesos, entre los que destacan casi 13 millones por la adquisición de automóviles Jettas para funcionarios; 29 millones por la compra y equipamiento de patrullas; un millón por la adquisición de un árbol de navidad con facturas apócrifas; 5.8 millones por la adjudicación directa de 50 kioskos, y de 1.2 millones por adquisición y venta de macetones. Y porque se confirmará aquello de que el Orfise no es más que un garrote político, que sólo sanciona a ediles de municipios pequeños menores de 15 mil habitantes.

A los diputados priístas identificados con el grupo del gobernador electo Mario Marín Torres –Carlos Meza Viveros, Javier López, Alejandro Armenta Mier y Rodolfo Herrera Charolet- que una y otra vez prometieron que no aprobarían la cuenta pública de Paredes y que no descansarían hasta inhabilitarlo y verlo tras las rejas.

A los legisladores del PAN que estuvieron más preocupados por desacreditar a Luis Paredes y en conseguir su inhabilitación como servidor público, no por los abusos y deficiencias administrativas de su desgobierno, sino por una cuestión de revanchismo político. De ahí que la coordinadora del grupo parlamentario del PAN, Leonor Popócatl Gutiérrez, haya negociado con el presidente de la Gran Comisión, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, sancionar a Paredes con 1.1 millones de pesos e iniciarle un nuevo procedimiento administrativo por 532 millones de pesos, derivados de los pliegos de cargos aún no solventados de su cuenta pública del 2003.

Y al gobernador Melquiades Morales Flores porque al final cedió a las amenazas, presiones y chantajes de Luis Paredes, con quien se comprometió -quién sabe a cambio de qué- a lograr que el Congreso le aprobara la cuenta de su primer año como alcalde de la capital.

EN CORTO

Este martes, en sesión extraordinaria del máximo órgano colegiado de la Universidad Autónoma de Puebla, se conocerán las conclusiones de lo que fue la consulta que se hizo a los miembros de la comunidad universitaria y que marcarán la agenda de trabajo de la institución para el próximo año. Como parte de esta discusión, es probable que Enrique Agüera Ibáñez proponga al Consejo Universitario la elaboración de un proyecto de Ley que elimine la reelección de rector. Actualmente según artículo 15 de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el rector es nombrado para un periodo de cuatro años y tiene la posibilidad de reelegirse para un segundo periodo. En la iniciativa que este martes o a principios del año entrante Agüera propondrá a los consejeros, se plantea que la gestión rectoral se amplíe de cuatro a seis años, sin posibilidad de reelección. ***** Un asunto que ya no se discutirá mañana es el relativo al Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico (RIPPPA), es decir, el llamado Estatuto Académico. El anteproyecto que sobre éste se tiene se hará del conocimiento de los consejeros universitarios hasta enero del año entrante, mes en que también se discutirá el presupuesto de egresos para el 2005. ***** Y hasta la próxima.