CDH, Ombudsman sin autoridad moral

Lo menos que se le puede pedir a un organismo como la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH), es el cumplimiento a cabalidad del cuerpo normativo que la rige, sobre todo en lo referente a las atribuciones, competencia y obligaciones de su presidente, visitadores y demás miembros que integran su estructura.

De lo contrario la autoridad moral en que sustenta su actuación puede verse seriamente lesionada, en detrimento de la confianza y credibilidad de la sociedad a la que pretende servir en la protección y defensa de los derechos humanos.

El artículo 17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla establece que el Consejo Consultivo del organismo debe sesionar de manera ordinaria cuando menos una vez al mes para fijar lineamientos y conocer de los informes y asuntos de su competencia.

Sin embargo ello no sucede. La sesión de marzo, por ejemplo, se canceló por falta de quórum.

Durante el 2003 se suspendieron también varias sesiones mensuales, ya que de los diez integrantes de su Consejo Consultivo, los únicos constantes —además del presidente Jorge Ramón Morales Díaz— son Hilda Luisa Valdemar Lima, Ana Lidya Flores Marín y Romualdo Cabrera Méndez.

De los otros seis miembros se sabe que uno de ellos —Fernando Antonio González y Medrano— renunció, sin hacer llegar su escrito al Congreso del estado y que la asistencia de los cinco restantes —Juan José Barrientos Granda, José Luis Crote Zerón, Moisés Romero Beristáin, Álvaro Zambrano Vázquez y Gabriela del Carmen Reguero Alarcón—, es tan irregular que con frecuencia son suspendidas las sesiones de cada mes.

Sin embargo, esta situación es irrelevante frente a lo que sucede en otras áreas de la Comisión, como el Programa Penitenciario a cargo del visitador adjunto Carlos Alberto Espinal Galeana.

Éste para empezar se ostenta como abogado cuando ni siquiera pasante es, lo que además de constituir una falta de probidad viola el artículo 19 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, que claramente establece que para ser visitador adjunto hay que poseer título de licenciado en derecho y contar con un mínimo tres años de ejercicio profesional.

Una constancia de su kardex escolar como alumno de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP, de fecha 18 de marzo de 2004, lo reporta como dado de baja, con 11% de créditos pendientes.

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Pero el nombramiento de Espinal Galeana como de otros funcionarios de la Comisión tiene su origen en el nepotismo y el tráfico de influencias. El susodicho está emparentado con la hija del presidente de la CDH, Carla Morales, ya que es primo hermano de su esposo.

Otro familiar de Jorge Ramón Morales que también labora en el organismo es su cuñada Elda Maya Sánchez, como responsable del programa de difusión.

Adicionalmente ocupan cargos en la estructura operativa y administrativa de la Comisión tres ex pasantes de su despacho particular: Alejandro Rojas Juárez, como director administrativo con un sueldo mensual superior a los 25 mil pesos; Marco Antonio Ramírez Cadena, con sueldo de visitador de más de 16 mil pesos, pero haciendo funciones de secretario particular, y Víctor Vázquez Juárez en tareas de comunicación y difusión, con un sueldo de 16 mil pesos mensuales.

Pero las violaciones a la normatividad de la CDH alcanzan incluso al presidente del organismo, Jorge Ramón Morales, quien al comienzo del sexenio melquiadista se desempeñó como subprocurador de Justicia y brazo derecho del hoy secretario de Gobernación del estado, Carlos Arredondo Contreras.

El artículo 24 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos estipula que las funciones del presidente del organismo son incompatibles con el desempeño de cualquier otro empleo, cargo o comisión en la federación, el estado o los municipios, con excepción de las actividades académicas.

Aunque en el caso de estas últimas, la Ley estableció una condición: “no serán remunerativas”, es decir, que Jorge Ramón Morales o cualquier otro presidente de la CDH sí pueden impartir clases, seminarios o conferencias, pero sin cobrar un solo centavo.

Esta prohibición, sin embargo, es letra muerta, ya que Jorge Ramón además de cobrar como profesor de tiempo completo adscrito a la facultad de Derecho, ni siquiera cumple con la carga laboral de 40 horas de clases que le corresponden a la semana.

Con estas anomalías, ¿alguien podrá confiar en la CDH, en la integridad de su presidente, en la probidad de sus principales funcionarios o en el reconocido prestigio de los diez integrantes de su Consejo Consultivo?

EN CORTO

Aunque usted no lo crea, la influyente constructora Algani Internacional podría ser demandada por fraude, si es que antes del 10 de abril no devuelve al organismo Carreteras de Cuota Puebla algo así como 20 millones de pesos por obra no ejecutada en la autopista Puebla-Huachinango. La empresa, que en su momento gozó de la protección y el favoritismo del director del Comité Estatal de Obra Pública, Carlos Borja Aguilar, y del secretario de Finanzas del estado, Francisco Bárcena Compean —cuñado por cierto del principal accionista de Algani Internacional, Jesús Haces Alarcón—, es la principal responsable del retraso en los trabajos de la supercarretera Tlaxco-Tejocotal. ***** No lo cuente en voz alta, pero las presiones externas e internas hacia el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Doger Guerrero, para que no imponga su voluntad dejando como sucesor a su tocayo Enrique Agüera Ibáñez comienzan a exasperarlo. Y es que los mensajes tanto de Casa Puebla, como de Mario Marín y los principales grupos al seno de la Universidad, en el sentido de que actual secretario general de la institución no parece ser la mejor opción para mantener la tranquilidad y estabilidad de la máxima casa de estudios, son la constante en los últimos días. ***** Este día se conocerá el laudo del Tribunal de Arbitraje Municipal sobre la demanda interpuesta por una docena de trabajadores del ayuntamiento de Puebla, que fueron despedidos junto con 200 empleados más, el pasado 9 de mayo de 2003, con la anuencia de su dirigente sindical Israel Pacheco Velázquez. ***** Aunque el actual comité ejecutivo de la Sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación trata de echarle tierra, en los próximos días podría destaparse un escándalo en contra de la anterior secretaria general de este gremio magisterial, Leticia Jasso Valencia, por un presunto desvío de cinco millones de pesos. El caso apesta y es que además tiene que ver con agencias funerarias (Funerales López) y con recursos del fondo de marcha que nunca llegaron a los deudos de los maestros y trabajadores jubilados del sistema estatal que fallecieron durante la gestión de Jasso Valencia. ***** Una pregunta morbosa recorre los pasillos de la Secretaría de Gobernación del estado, desde que trascendió que Carlos Arredondo Contreras será postulado como candidato del PRI a diputado local por la vía plurinominal. Y es que los estatutos del ex partidazo prohíben expresamente la nominación a cargos de elección popular a quienes hayan pertenecido a otros partidos políticos, y Carlos Arredondo fue miembro y representante del desaparecido Partido Comunista Mexicano ante la extinta Comisión Estatal Electoral. ***** Mañana les platico de un nuevo escándalo en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas (Sedurbecop), ahora con los centros de verificación vehicular, donde la clonación o maquila de certificados, los carros madrina y la descalibración de equipos son el pan nuestro de cada día. ***** Y hasta la próxima.