El cochinero de las cuentas públicas
Un detalle que para la mayoría de los medios de comunicación pasó inadvertido el jueves pasado, cuando el Congreso del estado aprobó por mayoría la cuenta pública del gobernador Melquiades Morales Flores de 2003, fue el disgusto del presidente de la Gran Comisión, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, por el voto dividido de los diputados panistas.
Giorgana había negociado con el PAN, como lo hizo también con otros grupos parlamentarios, la aprobación de la cuenta pública del gobernador, a cambio de otras cuentas de presidentes municipales de oposición que no estaban del todo regulares.
Giorgana y el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfise), José Doger Corte, se habían comprometido a sacar la próxima semana incluso la polémica cuenta pública del edil de Puebla, Luis Paredes Moctezuma, correspondiente al 2002, a cambio de que la del Ejecutivo estatal fuera aprobada sin observaciones o, al menos, sin votos en contra.
Legisladores panistas como Leonor Popócatl Gutiérrez, Germán Huelitl Flores y Juan Francisco Menéndez Priante aceptaron el trato, solo que éstos no lograron convencer a los demás miembros de su bancada en el Congreso del estado.
Esto explica por qué de los diez diputados del PAN, sólo uno votó a favor del dictamen de la cuenta pública del gobernador Melquiades Morales (Germán Huelitl); tres lo rechazaron, (Roberto Grajales, Gloria Marroquín y Verónica Sánchez Agís) y los otros seis se abstuvieron (Leonor Popócatl, Juan Francisco Menéndez, Gerardo Gracilazo, Daniel Anteliz, Martín Guevara y Gerardo Huerta Chichino).
Rechazos y abstenciones que provocaron la cólera del presidente de la Gran Comisión, Víctor Manuel Giorgana, quien en reprimenda ordenó a los diputados de su grupo parlamentario rechazar el dictamen por el cual a tres ayuntamientos panistas no se les aplicarían sanciones, después de haber solventado las irregularidades detectadas por el Orfise.
Estos ayuntamientos son los de San Andrés Cholula, Aquixtla y Tecali de Herrera. La dispensa de sanción sólo se hizo efectiva para los ediles de Chinantla y San José Miahuatlán, este último gobernado por el PRD.
Roto el pacto, Giorgana, les mandó a decir a los panistas que se olvidaran del crédito solicitado por Luis Paredes, de la aprobación de su cuenta pública del 2002, y de que las cuentas del 2003 de la mayoría de los 49 ayuntamientos emanados del PAN se avalaran antes de las elecciones del 14 de noviembre.
Donde las negociaciones del líder del grupo parlamentario del PRI sí han funcionado es con el resto de los diputados de oposición, en especial con el perredista Jesús Alonso Cañete; este legislador, por ejemplo, ha intercedido a favor de los alcaldes perredistas de San José Miahuatlán, Fidel Marín Díaz, y de Ixtepec, Fausto Cano Pérez, para que no sean sancionados, destituidos o inhabilitados pese a las irregularidades sus cuentas públicas.
Otro ex presidente municipal que también se ha salvado de pisar la cárcel por los acuerdos en lo oscurito de Giorgana con algunos miembros del PRD es Arturo de Rosas Cuevas, de Atzizintla, quien pese al formal inicio de procedimientos administrativos en su contra desde julio de 2002 no hay quien se atreva a molestarlo.
INTRAMUROS
El rector sustituto de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, comienza a meter orden en casa, y a deslindar a la máxima casa de estudios del PRI y de la campaña política de Enrique Doger Guerrero a la presidencia municipal de Puebla.
¿Cómo?
De una manera muy sencilla. Enrique Agüera ha solicitado a los funcionarios de la Universidad que participan en el equipo de campaña de su tocayo Enrique Doger que decidan dónde quieren estar: si en la UAP o en el PRI, porque en ambos lados es imposible.
Frente a tal disyuntiva Benjamín Dimas Chávez e Ivette Soto Flores, entre otros universitarios, se han visto obligados a tomar partido.
Benjamín Dimas, por ejemplo, optó por irse a trabajar a la campaña del candidato priísta, por lo que renunció a la coordinación de Gestión y Vinculación de la Secretaría General de la UAP, más no a su plaza de docente en la facultad de Administración.
En cambio, Ivette Soto renunció a la secretaría general del Frente Juvenil Revolucionario del PRI, para continuar como consejera universitaria alumna de la facultad de Contaduría Pública.
La lista de funcionarios universitarios que en estos días tienen que decidir entre seguir en la UAP o irse a la campaña de Enrique Doger es, por supuesto, mucho más amplia.
EN CORTO
Cuentan que el sábado por la tarde, el candidato del PAN a la presidencia municipal de Puebla sostuvo una reunión con la asociación de colonos de La Paz. Ahí, a Pablo Rodríguez Regordosa le reprocharon que el actual ayuntamiento ha solapado la proliferación de antros, bares, restaurantes y discotecas, que operan sin licencia o sin el permiso de uso de suelo correspondiente. Pero lo más interesante ocurrió después, ya cuando el panista se había ido. Y es que los representantes vecinales continuaron la discusión, y encontraron como responsables de esta anarquía a dos ex funcionarios municipales: Jaime Zurita García y Gabriel Balandra Jara, ex secretario de Gobernación y ex director de Normatividad, respectivamente. El primero de los cuales funge hoy como candidato del PAN a la diputación por el distrito 6, en cuya demarcación está incluida la colonia La Paz. ***** ¿Quién o quiénes son los responsables del fracaso de la coalición de izquierda PRD-Convergencia-PT? Es obvio que los perredistas dirán que los de Convergencia que de última hora quisieron sacar ventaja con un “convenio irreductible”, por el cual querían llevarse 33% de la votación, 60 candidaturas de presidentes municipales y la primera posición de la lista de plurinominales al Congreso del estado, lo que hacía inviable cualquier acuerdo. Sin embargo, lo cierto es que el delegado del CEN del PRD, Guillermo Dorantes Yedra, se vio muy lento o muy ingenuo, al confiar en que los dirigentes de estas organizaciones aceptarían que el sol azteca se despachara con la cuchara grande en las candidaturas a presidentes municipales y diputados locales, y al dejar todo para la última hora, sin considerar que el plazo fijado para registrar el convenio de coalición vencía a las 24 horas del sábado 24 de julio. Esta última situación fue la causante de que el PRD ni siquiera pudiera coaligarse con el PT, pues llegó a las oficinas del Instituto Electoral del Estado a registrar su convenio casi media hora después del plazo fijado por el código electoral. ***** Pasado mañana miércoles, en la sede de la Cámara de Comercio de Puebla, el procurador de Justicia, Héctor Maldonado Villagómes, y el subsecretario de Seguridad Pública del estado, Rodolfo Alvarado, acudirán a un desayuno con un grupo de 60 socios de la Canaco con una característica en común: ellos o sus empresas han sido víctimas de un robo o asalto. Al encuentro también asistirán los gerentes de las plazas y centros comerciales de Puebla, con el propósito de que junto con las autoridades del estado encuentren mecanismos que permitan prevenir condiciones como las sucedidas en Perisur y Santa Fe, en el Distrito Federal, donde los secuestros de clientes se convirtieron en algo común. ***** A Saturnino López Hidalgo le han comenzado a cantar las golondrinas en la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco), al frente de la cual se encuentra el panista Pedro Plaza Montaño, en virtud de que el 30 de julio dejará de prestar sus servicios en esta dependencia, en la que tenía de laborar alrededor de 12 años. ***** Una cloaca está por destaparse en la Secretaría de Gobernación del estado por un presunto desvío de recursos públicos, aportados por el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Una parte de la historia comenzó a ser develada la semana pasada por Rubí Soriano en su columna Puebla Económica del periódico Cambio. Sin embargo, la parte más oscura del caso está por conocerse y hacerse pública. Por lo déjeme adelantarle aquí un breve resumen: La Dirección Nacional del Empleo liberó al gobierno de Puebla alrededor de 70 millones de pesos para nueve programas, de los cuales 9 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tenían que aplicarse en becas destinadas al Sistema de Capacitación para el Trabajo (Sicat). Lo delicado de la cuestión es que tales recursos no sólo se desviaron a otros programas de la Secretaría de Gobernación del estado, pese a que estaban etiquetados, sino que las facturas que amparan su aplicación son en su gran mayoría apócrifas, lo que ha generado ya serios enfrentamientos entre los secretarios de Finanzas, Francisco Bárcena Compeán y el secretario de Gobernación, Carlos Arredondo Contreras. ***** Y hasta la próxima.