El Necogate complica al PRI la elección

En el duelo de estrategias políticas que tanto el PRI como el PAN han puesto en marcha, tras el video escándalo que exhibió a los dirigentes del partido tricolor reunidos “en lo oscurito” con cinco de los nueve consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), los panistas parecen tener mayor claridad sobre los tiempos y fechas del calendario electoral.

Y si no lo invito a que revise conmigo cómo el PRI y el PAN han encarado el escándalo del Necogate.

La posición de los priístas ha sido ambigua. En un primer momento, insistieron en negar el encuentro, luego lo admitieron pero con la aclaración de que no era ilegal. Sobre la remoción del presidente del IEE, exigida por las dirigencias estatales de todos los partidos de oposición, la postura de los priístas ha sido también contradictoria.

De un rotundo “si se va Necoechea, se van todos”, han pasado a un tibio “el presidente del IEE permanecerá en su cargo a menos que él renuncie”, lo cual podría ocurrir en el transcurso de las próximas dos semanas.

En cambio, la estrategia de los panistas ha sido más consistente tanto en el discurso como en las acciones. De entrada, no han dejado de exigir la renuncia de Alejandro Necoechea y los cuatro consejeros que lo acompañaron en la reunión clandestina con los jerarcas del PRI y tampoco han dejado de actuar en forma coordinada con el resto de los partidos de oposición.

Sin embargo, lo que llama la atención es que los panistas aún no plantean de manera formal, es decir por escrito, su solicitud ante las instancias electorales competentes. En el por qué, parece estar la clave.

En lo personal creo que no trata de un descuido, sino de una estrategia calculada con base en los tiempos del propio Instituto y el Tribunal Electoral del Estado (TEE), con el fin de generar un escenario de caos e incertidumbre.

¿A quién le conviene el caos?

Es evidente que al PRI no, y menos en una coyuntura como la actual donde al PAN y a sus candidatos a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla les saca una cómoda ventaja, según diversas encuestas.

El caos, pues, le conviene al PAN, y en ese esquema viene perfilando su campaña con la colaboración involuntaria del PRI, sus candidatos y sus tránsfugas.

Hasta ahora la estrategia de los panistas se ha concentrado en el terreno político, pero sin abandonar los aspectos legales a los cuales seguramente les dará prioridad más adelante cuando el caso esté en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).

Insisto: lo que Acción Nacional quiere es ganar tiempo, para desplegar su estrategia política-jurídica encaminada a echar abajo el proceso electoral del segundo domingo de noviembre.

Así las cosas, estimo que su estrategia se ceñirá al siguiente calendario:

La presentación de una denuncia de hechos, en la próxima sesión ordinaria del Consejo General del IEE, en contra de Alejandro Necoechea Gómez y los otros cuatro consejeros electoral que el 30 de abril se reunieron de manera clandestina con los dirigentes del PRI en una casa del fraccionamiento Campestre Rancho Colorado.

Tal denuncia se presentará ante la Secretaría del Consejo General, con una petición concreta: la remoción de cinco de los nueve consejeros del IEE.

Para seguir el procedimiento legal, la Secretaría General estaría obligada a elaborar un dictamen, dando respuesta a la denuncia. Este dictamen, que se haría del conocimiento del pleno durante el mes de agosto, puede ir en dos sentidos: uno sería rechazando la remoción de los consejeros o declarándose incompetente para conocer del asunto, en el entendido de que el Consejo General del IEE actuaría como juez y parte.

Esta resolución daría al pie al PAN a presentar por ahí de septiembre un recurso de apelación, que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) estaría resolviendo, dada su actual dinámica, entre octubre y noviembre, es decir días antes o días después de las elecciones.

Como el fallo del TEE seguramente será negativo para la causa panista, a sabiendas que su actual presidente, el magistrado Germán López Brun ya declaró que un video es prueba insuficiente para cuestionar la imparcialidad de los consejeros electorales, el PAN llevará el caso hasta el Trife.

Mas no sería el único, pues no hay que olvidar que Acción Nacional junto con el resto de los partidos de oposición, ha presentado otras dos denuncias ante el IEE, una por el gasto excesivo del PRI durante su precampaña, y otra por el uso del programa Oportunidades con fines electoreros, y una más ante la Procuraduría General de Justicia por un supuesto desvío de recursos de la Universidad Autónoma de Puebla a favor de Enrique Doger Guerrero, ex rector de la institución y candidato del tricolor a la presidencia municipal de Puebla.

Elementos éstos con los cuales el PAN buscaría que los magistrados del Trife se acogieran a la causal abstracta para echar abajo el proceso electoral de Puebla, como ocurrió en Colima con las elecciones de gobernador y en Ciudad Juárez con las elecciones de presidente municipal.

INTRAMUROS I

Déjeme anticiparle que lo que le voy a contar es verídico, más no sé si real. Eso se lo dejo a su buen criterio.

Resulta que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise) del Congreso ya concluyó el análisis de la cuenta pública del gobernador correspondiente al 2003 y que su evaluación es la siguiente:

(Le insisto que lo que voy a escribir es cierto y consta en documentos oficiales)

Que el nivel de eficacia del Poder Ejecutivo durante el ejercicio fiscal del 2003 fue del 106.84% en promedio. Sí leyó usted bien ¡106.84% en promedio!

Lo más increíble, de acuerdo con el documento elaborado por el honorable y probo auditor general del Orfise, José Doger Corte, es que el porcentaje habría sido mayor si no fuera porque los indicadores del eje estratégico de Gobierno Democrático con Justicia y Seguridad del Plan Estatal de Desarrollo promediaron sólo una eficacia del 77.17%.

La evaluación de los otros tres ejes estratégicos rebasó, por supuesto, el promedio general.

Los porcentajes fueron los siguientes: en Desarrollo Regional, 121%; en Progreso Social, 110.7%, y en Desarrollo Económico, 112.74%. (Le juro que los datos, con sus respectivas gráficas, constan en un documento oficial titulado “Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado en Cifras, Ejercicio 2003”).

Pero la evaluación del Orfise sobre el desempeño del gobernador Melquiades Morales Flores abarcó otros dos aspectos: la eficiencia y la economía, donde los porcentajes alcanzados también son dignos de resaltarse.

La eficiencia de la gestión melquiadista, con base en los objetivos y metas del Plan Estatal del Desarrollo, fue del 77.2% y la economía del 91.1%,  lo que en el mundo feliz de José Doger quizá significa que en Puebla la corrupción gubernamental, los sobreprecios en las obras, la marginación y la pobreza en que viven más de una cuarta parte de la población, no son mas que mitos geniales de críticos inmorales, injustos e irresponsables como el que esto escribe.

INTRAMUROS II

Para nadie es un secreto que uno de los talones de Aquiles del gobierno de Melquiades Morales Flores ha sido la obra pública. Ejemplos abundan: la Ciudad Judicial, el penal de Tepexi, la supercarretera a Teziutlán, el boulevard Forjadores de Puebla, etc., etc.

A la actual administración estatal no sólo se le ha cuestionado la mala calidad de algunas obras que contrata y la lentitud con que se llevan a cabo, sino los sobreprecios que termina pagando y que a veces duplican o triplican las sumas con que fueron asignadas en licitaciones del no menos criticado Comité Estatal de Obra Pública.

Sin embargo en la revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio fiscal del 2003, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise) no encontró ninguna irregularidad, y eso –según el informe que rindió a los diputados de la Comisión Inspectora- que auditó 58 de las 138 obras de la Sedurbecop; 78 de las 172 de la SCT; 48 de 75 de la Secretaría de Salud; 20 de las 20 de la Secretaría de Cultura; 16 de las 16 de la Secretaría de Turismo, y 6 de las 13 de la Secretaría de Desarrollo Rural.

En suma: 226 obras en las que se invirtieron más de mil 95 millones de pesos, que equivalen al 91% de los recursos ejercidos ese año por concepto de obra pública.

La conclusión del Orfise sobre este capítulo es elocuente: “se observó el cumplimiento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla y demás disposiciones legales sobre los recursos para su ejecución, comprobando que las compras se realizaron con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y su reglamento”.

Fuera de esta observación, el auditor general del Orfise, José Doger Corte, no halló ninguna anomalía. A lo más que llegó, tratándose del gobernador Melquiades Morales, fue a recomendar una mayor participación de las dependencias ejecutoras en los procesos de licitación y adjudicación de obras.

Pero fuera de eso, nada, absolutamente nada.