Lunes, 20 Septiembre 2004
Sep20

El trasfondo de la renuncia de Jorge Arroyo

¿Por qué renunció Jorge Arroyo García a la dirección de organismo Carreteras de Cuota Puebla (CCP)?

 

La historia de su renuncia es la siguiente.

 

Resulta que el viernes 2 de septiembre, Carreteras de Cuota Puebla recibió de distintos inversionistas alrededor de 370 millones de pesos por concepto de la bursatilización de la vía Atlixcáyotl, dinero que desde ese mismo día le empezó a requerir la Secretaría de Finanzas y Administración.

 

Jorge Arroyo se defendió desde el primer momento. Su argumento es que no podría transferir esos recursos, so pena de descapitalizar al organismo, y violar el contrato que Carreteras de Cuota firmó con Nacional Financiera, por el cual parte de esos fondos debían canalizarse a la construcción de la supercarretera Puebla-Huauchinango, también conocida como Tlaxco-Tejocotal.

 

(Para mayor información sobre los contratos suscritos por Carreteras de Cuota Puebla (CCP) con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) haga click en las siguientes direccioneselectrónicas:http://www.bmv.com.mx/DOC/prospectos/05320040831114806.pdf y http://www.bmv.com.mx/DOC/prospectos/05320040826084705.pdf )

 

La presión de parte de la Secretaría de Finanzas y su titular, Francisco Bárcena Compean, fue en aumento, hasta que Jorge Arroyo terminó cediendo a cambio de una condición: que la transferencia a la Secretaría de Finanzas lo liberara de cualquier responsabilidad legal o administrativa.

 

Y fue entonces que entró en operación una burda estrategia legal para justificar la transferencia.

 

A iniciativa del director jurídico de la Secretaría de Gobernación, Javier Ramírez Chantrés, se planteó elaborar un convenio por el cual la Secretaría de Finanzas le prestó al organismo carretero la cantidad de 350 millones de pesos para la construcción de diversas autopistas en el año 2000.

 

Para darle visos de legalidad, Ramírez Chantrés propuso que el convenio fuera suscrito de manera retroactiva por los entonces titulares de la Secretaría de Finanzas, Rafael Moreno Valle Rosas, y de CCP, Víctor Mata Temoltzin.

 

También planteó que para cubrirle las espaldas al gobernador Melquiades Morales Flores con las cuentas públicas del 2001, 2002 y 2003, puesto que en los estados financieros del gobierno y del organismo carretero el adeudo no aparece por ningún lado, la Contraloría hiciera las observaciones administrativas correspondientes.

 

La estrategia siguió adelante.

 

El jueves 9 de septiembre, en Casa Aguayo, los miembros del Consejo de Administración de Carreteras de Cuota Puebla fueron convocados a una sesión extraordinaria. A ésta acudieron el secretario de Gobernación Rómulo Arredondo Gutiérrez, como representante del presidente del Consejo, el gobernador Melquiades Morales; Javier Ramírez Chantrés, con la representación del secretario de Gobernación; el secretario de Finanzas, Francisco Bárcena; José Maccise Flores, como comisario del Consejo y delegado de la Sedecap, y los subsecretarios de la SCT, Sedeco y Sedurbecop.

 

Ya en la sesión, Francisco Bárcena informó de la existencia de un convenio por el cual la dependencia a su cargo le prestó dinero al organismo carretero para la construcción de diversas autopistas.

 

Bárcena no exhibió el convenio, ni dio detalles sobre el monto del adeudo.

 

Jorge Arroyo dijo, por su parte, que él como director de CCP nunca supo de tal convenio y que por lo tanto lo desconocía.

 

Ambas intervenciones derivaron en una polémica, en la que finalmente el secretario de Finanzas sugirió que el adeudo de CCP fuera cubierto con los recursos obtenidos por la bursatilización de los 18.5 kilómetros de la vía Atlixcáyotl, propuesta que fue aprobada por unanimidad.

 

Los problemas que orillaron a la renuncia de Jorge Arroyo vinieron después, primero con acta de aquella sesión extraordinaria, debido a que no se asentó su intervención en el sentido de que él nunca estuvo enterado del adeudo de 350 millones de pesos, ni del convenio con la Secretaría de Finanzas, y después por la guerra mediática lanzada en su contra.

 

Pero además porque en las indagaciones que él mismo realizó para liberarse de cualquier responsabilidad, Jorge Arroyo se percató que ni Protego Asesores, de Pedro Aspe Armella, que actuó como agente estructurador; ni el despacho Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes SC Abogados, que se encargó del proceso jurídico, avalarían que los recursos obtenidos por la bursatilización de la vía Atlixcáyotl fueran utilizados para cubrir un supuesto adeudo, del que nunca estuvieron enterados.

 

Hasta aquí la historia.

 

Ahora entiende usted por qué se publicó que Jorge Arroyo fue cesado por negarse a tapar el hoyo financiero, y la contraofensiva de Francisco Bárcena en el sentido de que el ex titular de Carreteras de Cuota Puebla pretendía desviar algunos millones de pesos para la campaña de Mario Marín. Por qué se dijo que la transferencia de 300 millones de pesos del organismo carretero al gobierno del estado carecía de sustento jurídico, y por qué Víctor Gabriel Chedraui fue sacado de la Contraloría del estado para cubrir la inesperada renuncia de Jorge Arroyo.

 

Muchas son las interrogantes que aún quedan en el aire:

 

¿Aceptará Víctor Gabriel Chedraui transferir a la Secretaría de Finanzas los 350 millones de la bursatilización de la vía Atlixcáyotl? ¿Cómo le hará para ocultar esta operación a la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Cómo explicará el secretario de Finanzas, Francisco Bárcena, la omisión de un crédito por 350 millones al organismo Carreteras de Cuota Puebla? ¿Por qué este adeudo no apareció en las cuentas por cobrar del gobierno del estado durante los ejercicios 2001, 2002 y 2003 si el préstamo supuestamente se realizó en el 2000? ¿Qué relación tiene Claudette Hannan Zeheny, ex directora jurídica del CCP, y gente cercanísima a Ramírez Chantrés, en todo este aquelarre? ¿No que no hay hoyo financiero? ¿Melquiades Morales terminará finalmente la Puebla-Huauchinango?

 

EN CORTO

Luis Enrique Palacios Martínez renunció la semana pasada a la coordinación general de campaña del Partido Acción Nacional, aunque no por diferencias con el candidato a la gubernatura Francisco Fraile García, o porque la campaña de éste no levante. En realidad, el retiro de Luis Enrique Palacios obedece a que se va a trabajar a un proyecto político nacional, al que cada vez se suman más panistas poblanos. Me refiero a la precandidatura presidencial del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda. Sin embargo, su partida generó toda una reestructuración al seno de la campaña panista, que ahora tendrá un coordinador general, Eduardo Rivera Pérez, y tres coordinadores operativos, uno para la elección de gobernador, Ángel Alonso Díaz Caneja; otro para la elección de presidentes municipales, Rafael Micalco Méndez, y otro más para la elección de diputados locales, Roberto Grajales Espina. ***** Entre los panistas poblanos que hoy se la están jugando abiertamente con Santiago Creel apunte usted los nombres del subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Humberto Aguilar Coronado; del ex presidente estatal del PAN, Juan Carlos Espina von Roehrich, y del presidente municipal de Puebla, Luis Paredes Moctezuma, quien el viernes 10 de septiembre, durante una comida en la ex hacienda San Jorge, se declaró públicamente santiaguista. Por cierto, cuentan que en esa comida Paredes se echó a la bolsa a no pocos candidatos de su partido del interior del estado, a los cuales entregó diversos apoyos para sus respectivas campañas como camionetas, equipos de sonido y paquetes de propaganda, recursos que quién sabe de dónde salieron. ***** Para atajar las versiones de ruptura, cada vez más crecientes, entre el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez y el candidato del PRI a la alcaldía de Puebla, Enrique Doger Guerrero, cuentan que ambos se reunieron a comer el lunes de hace ocho días, solos, en uno de los privados del hotel Camino Real. La comida se prolongó por cerca de 150 minutos. ***** Otro funcionario universitario que también sigue en lo suyo es el secretario general de la Benemérita, Armando Valerdi y Rojas, quien en los primeros días de septiembre –el jueves 2 para ser precisos- se reunió con el candidato del PRI a la gubernatura del estado, Mario Marín Torres, en el hotel Lastra, noticia que no fue bien recibida por el rector sustituto de la UAP, Enrique Agüera, debido a que el encuentro se hizo a sus espaldas o al menos sin que él estuviera enterado. ***** Una buena y otra mala sobre el presidente municipal de Puebla. La buena (para Luis Paredes): Su cuenta pública correspondiente a su primer año de gobierno, es decir la del 2002, ya tiene el visto bueno del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, por lo que será aprobada por la LV Legislatura una vez pasadas las elecciones del 14 de noviembre. En otras palabras, Luis Paredes ya logró solventar los 118 millones de pesos que tenía pendiente del 2002, incluyendo el daño patrimonial por un millón de pesos, producto de las facturas apócrifas utilizadas para justificar lo que la administración municipal se gastó en convertir la Torre del Mileno en árbol de navidad. De ahí que la Contraloría Municipal haya suspendido de la noche a la mañana el proceso administrativo que le inició al ex secretario de Administración Urbana, Agustín Flores Cuadra, y que el ayuntamiento se haga el desentendido con el descuento del 50% que ofreció a sus regidores y funcionarios de primer nivel que se embarcaron con un Jetta. La mala noticia (para los ciudadanos): La semana pasada el Orfise emitió dos nuevos pliegos de cargos al ayuntamiento de Puebla por la cuenta del 2003, que suman algo así como mil 400 millones de pesos, de los cuales mil corresponden a las obras del distribuidor vial Juárez-Serdán. Uno de los cargos que se mencionan en el último pliego es el costo que tuvo el juego de luces y chorros de agua de la Fuente de Los Frailes, trabajo que la empresa beneficiada cobró en 10 millones de pesos. Toda una ganga que los ciudadanos que pagamos impuestos tendremos que cubrir. ***** Con todo y que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) desechó por improcedente la solicitud que el PAN y otros partidos presentaron para que Alejandro Necoechea Gómez y otros tres consejeros fueran removidos de sus cargos por reunirse en lo oscurito con la dirigencia del PRI el pasado 30 de abril, el caso del video escándalo seguirá dando de qué hablar. No solo porque el PAN ya acudió ante el Tribunal Electoral del Estado, y más tarde lo hará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino porque no pasarán muchos días para que se haga público otro video, donde la figura central será el asesor de la Secretaría de Gobernación, Adolfo Meneses Pardo, asistente a esa polémica reunión, a la cual también fueron Mario Marín y Carlos Arredondo Contreras, éste último todavía como jefe de gabinete del gobernador Melquiades Morales y responsable de la política interior del estado. El revire vendrá acompañado de un listado de mapaches adscritos a la Secretaría de Gobernación del estado, dependencia que los tiene registrados como “personal de apoyos especiales” con compensaciones de entre 15 mil y 20 mil pesos mensuales cada uno, con vehículos oficiales y con gastos para viáticos. ***** De las casi tres mil solicitudes que recibió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para nombrar a trece magistrados de las salas regionales, ya solo quedan dos poblanos conocidos: Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz y Judith Yolanda Muñoz Tagle. El tercero, José Antonio Bretón Betanzos, actual director del Instituto Electoral del Estado (IEE), ya no pasó a la última etapa, que consiste en un examen escrito sobre el sistema de justicia electoral previsto en la Constitución, y en una comparecencia ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Bretón no cubrió uno de los requisitos del acuerdo general, que es el relativo a la edad. La convocatoria exige 35 años cumplidos y el director general del IEE sólo tiene 32. Los otros dos poblanos que aún tienen posibilidades de ser designados magistrados regionales del Trife son el ex coordinador jurídico de la extinta Comisión Estatal Electoral (CEE), y la única magistrada del Tribunal Electoral del Estado (TEE). El primero, Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz, como ya se dijo, trabajó en 1995 para la desaparecida CEE bajo las órdenes de Adolfo Meneses Pardo, y actualmente se desempeña como secretario de estudio y cuenta del ministro de la SCJN, José Luis de la Pesa Muñoz Cano; mientras que la segunda fue fundadora del TEE en el sexenio de Manuel Bartlett Díaz y presidenta del mismo en la primera parte del sexenio melquiadista. ***** A propósito de magistrados. Cuentan que el maestro Guillermo Pacheco Pulido ya aseguró su permanencia en el Tribunal Superior de Justicia del estado durante el próximo sexenio; no en la presidencia, debido a que la edad no se lo permite, sino al frente del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del estado. Es más, sus oficinas se localizarán en la vieja casona que restaura el gobierno del estado ubicada en la 2 Oriente esquina con Boulevard Héroes del 5 de Mayo, mejor conocida como La Colorada. ***** Y hasta la próxima.