Incongruente el discurso anticorrupción de Marín

Hace exactamente una semana, el candidato del PRI a la gubernatura, Mario Marín Torres, presentó su propuesta para la transparencia, la prevención y el combate a la corrupción, con la que –según él- pretende sacar a Puebla del deshonroso primer lugar nacional en corrupción en que nos ubicó Transparencia Mexicana durante el 2003.

En su exposición ante empresarios, rectores y representantes de instituciones civiles y organizaciones no gubernamentales, Marín planteó ocho medidas generales para atacar el problema de la corrupción en el servicio público, sin detenerse a explicar cómo lo hará, en qué casos concretos, dónde, por qué y para qué.

Los compromisos que en ese acto hizo el candidato priísta fueron si no decepcionantes, sí vagos y ambiguos, ya que en estricto sentido no ofreció nada que otros en el pasado reciente no hayan prometido: un gobierno eficiente, un código de ética, el servicio civil de carrera, transparentar las licitaciones y adjudicaciones de obras y servicios, eliminar trámites burocráticos, crear una fiscalía anticorrupción, profesionalizar los cuerpos de seguridad, fomentar la participación ciudadana.

En realidad, lo que esperábamos de Mario Marín en el sensible tema de la corrupción es que nos dijera cómo piensa deshacerse de algunos colaboradores suyos que a su paso por el servicio público se han enriquecido de manera sospechosa, como Javier García Ramírez, Jorge Mendoza Velarde o Alejandro Fernández Soto, por citar solo tres casos.

Que siendo congruente con su compromiso de impulsar un gobierno honesto y transparente nos revelara, como lo hizo en octubre de 1998 cuando contendió por la presidencia municipal de Puebla, a cuánto ascienden los bienes de su patrimonio personal y familiar.

Hace seis años Marín dijo que sus bienes, producto de 22 años de trabajo en el gobierno, estaban compuestos por una casa habitación en la avenida Xilotzingo número 73, conjunto San Ángel, que había sufragado con la venta de su primera casa construida en el año de 1990 en la Privada de la 7 B Sur 5109, de la colonia Prados Agua Azul; una camioneta Suburban modelo 1993; los muebles del menaje de su hogar, y una cuenta bancaria por la cantidad de 302 mil 566 pesos.

En aquella ocasión, el hoy candidato a la gubernatura sostuvo que la decisión de hacer público su patrimonio obedecía a un compromiso ético y moral con la sociedad de que tanto él como sus colaboradores gobernarían el ayuntamiento con honestidad y honradez.

¿Por qué no refrendar este compromiso hoy? ¿O es que ya no lo existe?

En el tema de la obra pública, las licitaciones y las adjudicaciones de bienes y servicios, mas que un promesa de que ahora sí los contratos se asignarán a las empresas que hagan las mejores propuestas en calidad, en tiempo y en precio, que es lo que de por sí las leyes en la materia establecen, lo que se esperaba de la propuesta anticorrupción de Mario Marín eran compromisos puntuales.

Por ejemplo, que el candidato del PRI nos dijera cómo evitará que el Comité Estatal de Obra Pública o el Comité de Adquisiciones sean utilizados, como ocurrió en la gestión melquiadista, para pagar facturas políticas de campaña, apoyar a empresas de hijos y hermanos incómodos, o premiar a constructores y proveedores sexenales.

Que los mecenas que financiaron su precampaña y campaña por la gubernatura, entre los que ocupan un sitio privilegiado empresarios como Alejandro Cázares Gómez, Rafael Moreno Valle Buitrón, Alfredo Rivera Espinosa, Ricardo Henaine Mezher, no serán los grandes beneficiados de la obra pública, ni de las compras gubernamentales.

Otra grave omisión de la propuesta marinista, tanto que ni siquiera le mereció una sola línea en su largo discurso de nueves cuartillas, fue su posición frente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que entrará en vigor el año entrante.

Mas que pensar en la creación de una fiscalía anticorrupción, en la instalación de un Consejo Ciudadano de Transparencia, o en una nueva legislación que sancione a los servidores públicos corruptos, negligentes o abusivos, lo que se esperaba de Mario Marín y el PRI era un compromiso de no escamotear la información que los ciudadanos y los medios de comunicación les requieran cuando sean gobierno, so pretexto de ser confidencial, de uso restringido o peligrosa para la seguridad nacional.

Los ciudadanos queremos saber cuánto ganan los servidores públicos en concreto, no el salario asignado a un puesto; cuántos asesores tienen y quiénes son; los nombres de las empresas que tienen contratadas, cuánto cobran, y qué experiencia tienen; saber bajo qué parámetros los secretarios de despacho y sus subordinados son clasificados como A, B o C; qué pasa y quién tiene asignadas las unidades del parque vehicular del gobierno, cuánto se gastan en gasolina; la justificación para que el gobierno tenga uno, dos o tres helicópteros, conocer las bitácoras de vuelo, y los criterios que norman la contratación de consultorías, o el pago de gastos de representación y viáticos, etc., etc.

En lo personal creo que el combate a la corrupción mas que ser una cuestión de leyes que ya existen, o de fiscalías especiales, contralorías sociales y consejos ciudadanos que la prevengan, es un asunto de voluntad política, de congruencia entre lo que se dice y se hace para conseguirlo, y de auténtico compromiso con la sociedad, puntos que no parecen muy firmes en la propuesta marinista.

¿O sí? Es pregunta, que conste.

INTRAMUROS

Aunque Juan José Rodríguez Posada se perfila como el virtual sucesor de Luis Regordosa Valenciana en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, las cosas podrían cambiar si antes de fin de año se constituye aquí el Consejo Poblano de Hombres de Negocios.

Inicialmente el dirigente de esta nueva asociación patronal sería el ex presidente de la Cámara Textil, Eduardo García Migoya, sin embargo dados los proyectos empresariales en que se encuentra metido, la construcción de dos plazas comerciales, una frente a los Viveros de Santa Cruz Buenavista, y otra en el municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, la estafeta podría pasar a manos de su primo y socio, Jesús Migoya Junco.

La intención de impulsar localmente el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios es abrir un nuevo canal de expresión de los verdaderos empresarios poblanos, que han sido marginados o excluidos de las cámaras y organismos del sector empresarial por unas cuantas familias que cuando no están al frente de la Coparmex o la Canacintra, presiden la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción o el Consejo Coordinador Empresarial.

De ahí el inconveniente de que Juan José Rodríguez sea quien sustituya en abril del año entrante a Luis Regordosa en el CCE. La presión del naciente Consejo Poblano de Hombres de Negocios podría abrir el abanico a otras opciones, como Carlos Solana Pumarino, Carlos Vázquezmellado y Enrique Solana Sentíes.

Y si no, al tiempo.

EN CORTO

Un personaje que seguramente se irá antes que Luis Regordosa del CCE, es el director general del organismo, Arturo Amézaga Martínez.

Su última travesura fue haber echado del cuarto piso del Edificio Empresarial a Jesús Migoya Junco, presidente de Justicia Ciudadana, y a Carlos Solana Pumarino, presidente de la Fundación Empresarios por Puebla.

Ambos optaron por mudarse a las instalaciones de la Cámara Textil, donde en principio no solo disponen de más espacio, sino de un mejor ambiente para desarrollar sus actividades.

Amézaga ha cometido varios errores en su rol de director general del CCE, aunque el principal sea quizás su falta de pericia como operador de Luis Regordosa con los integrantes de la comisión ejecutiva y con los presidentes de cámaras y asociaciones afiliadas al organismo cúpula del sector empresarial poblano.

Éstos, hay que decirlo francamente, no lo perciben como un interlocutor confiable. Y de eso pueden dar testimonio Luis Gerardo Inman Peraldi, ex presidente de Canacintra; Carlos Vázquezmellado, ex presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce); Eduardo García Migoya, ex presidente de la Cámara Textil, y José Yitani Maccise, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por citar solo unos cuantos.

Sin embargo, los problemas más graves de Arturo Amézaga han sido con los empleados y ejecutivos del propio Consejo, varios de los cuales se han tenido que ir, no siempre de buen modo, como Mauricio Mena, director de la Comisión de Vivienda, quien incluso presentó ante los tribunales laborales una demanda por despido injustificado, sobre todo después de que en su lugar fue contratada Monserrat Picazzo, novia del susodicho.

Otros que también se fueron por diferencias con Amézaga son Gloria Fernández Kosegarten, secretaria ejecutiva de presidencia; Gabriela Melo, directora de Relaciones Públicas y Eventos; Norma Carballido, coordinadora de Empresas Asociadas Cooperadoras; Verónica Morales Islas, directora de Comunicación Social, y Juan Ramón Hernández Rojo, director de la Comisión de Vivienda.

Y hasta la próxima.