Mucha política y poca administración

Dicen que las comparaciones son odiosas… pero necesarias.

A la luz de los ingresos captados por el gobierno del estado en los sexenios de Manuel Bartlett Díaz y de Melquiades Morales Flores, los logros alcanzados por el segundo en comparación con los del primero dejan mucho que desear.

En sus seis años de gestión, Bartlett obtuvo ingresos acumulados por 33 mil 442 millones de pesos,  mientras que Melquiades por 132 mil 725 millones, es decir, casi cuatro veces más.

En contraste, la población del estado sólo creció 11.1% al pasar de 4 millones 950 mil habitantes a 5 millones 500 mil.

Lo grave de esta cuestión es que el incremento en los ingresos del gobierno del estado no se reflejó en mejores condiciones de vida para los poblanos, sino por el contrario.

Revisemos algunos indicadores:

La tasa de desempleo abierto que en 1998 era del 1.4% subió en 2004 a 3.31%. A manera de consuelo, hay que decir la media nacional se ubicó en 3.78%.

En 1998 el Producto Interno Bruto del estado venía creciendo a una tasa anual de 7.7%, pero en el 2004 no sólo no hubo crecimiento, sino que ésta fue negativa en -1.0%

Lo anterior no significa que el balance de la gestión melquiadista sea negativo en todos los rubros. No. Ciertamente hubo avances, pero -en mi opinión- muy modestos desde la perspectiva del desarrollo social y el monto de recursos que administró.

Por ejemplo. En el sexenio de Melquiades Morales la esperanza de vida de los poblanos se elevó de 73.08 a 74.66 años. El problema es que la media nacional anda en 76.2 años.

Lo mismo sucede en otros renglones como escolaridad. En Puebla el promedio es de 7.3 años, mientras que el nacional es de 7.9.

Hace seis años, el promedio de escolaridad era de 6.7 años. El aumento obedeció a una mayor cobertura en educación básica, pues en primaria pasó de 97.6%  a 99.5%, y en secundaria de 70.3% a 91.1%.

En agua potable y alcantarillado, la gestión de Melquiades Morales puede sentirse satisfecha, pues al menos logró igualar la media nacional con una cobertura de 89.3% en el suministro del vital líquido y de 77.7% en redes de alcantarillado.

En infraestructura carretera, la gestión melquiadista logró construir 1,614 kilómetros adicionales a los 9,116 que existían en 1999, lo que significa un notable incremento del 17.7%.

Sin embargo, el costo por kilómetro se elevó sustancialmente entre una administración y otra. Y es que si un problema tuvo el gobierno saliente fue el alza en los costos de algunas obras como la autopista Puebla-Teziutlán, que se licitó en 700 millones de pesos y terminó costando 1,800 millones.

Donde indiscutiblemente Melquiades sí entregó mejores resultados que su antecesor fue en materia política, pues a diferencia de aquél el hoy gobernador termina su sexenio no sólo con una calificación mayor de 8 sino en condiciones de armonía, entendimiento y sana convivencia con la mayoría de los sectores y actores políticos de la entidad. Bartlett, hay que decirlo sin pelos en la lengua, dejó un estado polarizado y enfrentado por cuestiones partidistas e ideológicas.

De ahí que el sexenio melquiadista quizás deba resumirse en una frase que solía emplearse para caracterizar al gobierno de Porfirio Díaz. “Mucha, mucha política y poca administración”.

EN CORTO

Una papa caliente será la que herede la administración de Melquiades Morales Flores al gobierno de Mario Marín Torres en lo concerniente a obras carreteras, pues los pendientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del organismo Carreteras de Cuota Puebla (CCP) no son pocos. Los mayores problemas están, sin duda, en Carreteras de Cuota, pues no sólo quedó mal con la autopista Puebla-Huauchinango, debido a que no concluyó a tiempo el tramo Tlaxco-Tejocotal, sino que la obra costará casi el doble de lo previsto. Y eso que se contrató a precio alzado. Pero lo más delicado del asunto ya ni siquiera eso, sino las demandas que enfrenta el organismo carretero por casi 200 300 millones de pesos por parte de tres constructoras: Sain Construcciones, de Rafael Ruiz Vallejo; Algani Internacional de los hermanos Jesús, Álvaro y Ángel Haces Alarcón, y Puentes de Chihuahua. Las demandas están radicadas en los juzgados segundo y tercero de distrito de la ciudad de Puebla, y una de las cuales –por más de 90 millones de pesos- fue promovida por el despacho de Diego Fernández de Cevallos y su socio Antonio Lozano Gracia. ***** Una vez que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) desahogue los recursos de inconformidad que tiene pendientes tras las elecciones de noviembre pasado para gobernador, diputados locales y presidentes municipales, no sería raro que la magistrada Judith Yolanda Muñoz Tagle nos diga adiós. Y es que la ex presidenta del Tribunal Electoral está propuesta para ser magistrada de la Sala Regional del Trife con sede en Jalapa, Veracruz, nombramiento que de ser aprobado por el Senado de la República se haría efectivo en la segunda quincena de febrero. La terna de magistrados suplentes aprobada por el Congreso del estado la integran: Gabriel González Alegría, director del Centro de Mediación del Poder Judicial; Gustavo Guevara Montaño, ex director de la escuela de Derecho de la UPAEP y padre del actual secretario general del ayuntamiento de Puebla, Gustavo Guevara, y Carlos Ramírez Nava, juez de lo Civil del estado de Puebla. ***** Otro poblano que también podría ser nombrado por el Senado de la República magistrado de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Monterrey, Nuevo León, es Rubén Becerra Rojas Vértiz, quien en Puebla se desempeñó como coordinador jurídico de la extinta Comisión Estatal Electoral. Aunque después del fallecimiento de quien fuera su jefe en el Trife, el magistrado José Luis de la Pesa Muñoz Cano, el jueves 6 de enero en el Distrito Federal, las especulaciones de que esa oportunidad podría cebársele están al orden del día. Becerra Rojas Vértiz era secretario instructor de José Luis de la Pesa. ***** El nombre del ex presidente de la Cámara Textil y de la Asociación de Empresarios Textiles de Puebla y Tlaxcala, Eduardo García Migoya, parece ganar terreno en la puja por la sucesión de Luis Regordosa Valenciana en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. A favor de García Migoya juegan los siguientes factores: 1) Estatutariamente cuenta con todos los requisitos para dirigir el CCE, pues no sólo ha sido presidente de una asociación o cámara afiliada al organismo cúpula de la iniciativa privada local, sino que además es un hombre de negocios exitoso como lo demuestran sus empresas Prissa Vinos y Licores, y la recién inaugurada plaza comercial Cruz del Sur. 2) No pertenece, ni está subordinado al grupo que tradicionalmente ha detentado el control de las cámaras y organismos del sector privado de Puebla, que desde hace tres lustros son acaparados por las familias Rodríguez Regordosa, Rodríguez Posada y los Solana. 3) No es un empresario identificado con el PRI o con empresas vinculadas al sector público, pero tampoco enemistado o en conflicto ideológico con el futuro gobernador del estado, Mario Marín Torres. ***** Y hasta la próxima.