Puebla, los asegunes de la fiscalización

El periódico Reforma publicó ayer como nota principal un interesante estudio de la Universidad de Guadalajara sobre las dificultades que enfrenta en México el proceso de fiscalización del gasto público en las entidades de la República Mexicana.

El estudio, que próximamente se publicará a manera de libro bajo el título “Cuenta Pública en México. Evaluando el laberinto legal de la fiscalización superior”, me llamó la atención por dos asuntos aparentemente contradictorios sobre la entidad.

A pesar de que Puebla carece de un órgano fiscalizador dotado de plena autonomía, el parámetro más importante evaluado por los 14 investigadores de la UdeG, su calificación no fue reprobatoria, sino la octava más alta con 80 puntos de un total de 100 posibles.

La investigación tomó en cuenta 10 parámetros para la evaluación de los órganos de fiscalización de los 32 estados del país, incluido el Distrito Federal, y en nueve de ellos Puebla obtuvo los más altos puntajes, menos en autonomía plena donde su calificación fue de cero.

Los nueve parámetros aprobados por la entidad son: fundamento constitucional suficiente (para la fiscalización del gasto público), actualización legislativa, glosario de conceptos claves, reglamento propio y actualizado, legitimidad en nombramiento del titular, plazos para la revisión de la cuenta pública, revisión exante, medición de desempeño institucional y transparencia en gasto público.

Una acotación que vale la pena hacer sobre el estudio, concluido en diciembre de 2004, es que éste analiza el contenido de las leyes de fiscalización superior en cada estado, pero no la manera en que éstas son aplicadas, lo que de haber ocurrido hubiera colocado a Puebla seguramente el sótano de la evaluación.

De acuerdo con la evaluación general, Zacatecas, Campeche, Chiapas, Michoacán y Nayarit tienen los más altos puntajes, mientras que los peores corresponden a Hidalgo, Sinaloa y Aguascalientes que obtuvieron cero.

Puebla, insisto, se ubicó en la octava posición, pero con cero puntos en el parámetro de autonomía plena del órgano de fiscalización, al igual que otras 15 entidades de la República Mexicana.

Todo lo anterior nos lleva a una conclusión que parecería de perogrullo, pero que no lo es:

Que la corrupción mas que obedecer a vacíos legales o institucionales, está vinculada con la falta de autonomía de las instancias y órganos responsables tanto de ejecutar las leyes que la sancionan como de dirigir a las instituciones destinadas a combatirla.

En otras palabras: de poco o nada le servirá a Puebla contar con una nueva Ley anticorrupción, un código de ética para funcionarios o una actualizada Ley de responsabilidades de los servidores públicos, si la Contraloría del estado, el Órgano de Fiscalización Superior, la anunciada Fiscalía Anticorrupción y el nuevo Consejo Ciudadano para la Transparencia carecen de independencia y autonomía plenas.

De otra manera no se entiende cómo el estado de Puebla que cuenta, de acuerdo con el estudio de la Universidad de Guadalajara, con un marco jurídico suficiente y actualizado en cuanto a fiscalización del gasto público, se ubica en el primer lugar nacional el corrupción, según los indicadores de Transparencia Mexicana

INTRAMUROS 

Desde hace algunos meses, pero sobre todo a partir de que Melquiades Morales Flores concluyó su gestión como gobernador del estado, la situación en el Colegio de Puebla se ha vuelto caótica.

Amén del desorden administrativo y contable que priva en la institución por los abusos, excesos y corruptelas de su presidente, Jorge Efrén Domínguez, la crisis en el Colegio de Puebla alcanzó a los trabajadores e investigadores de la institución que no saben a qué instancia oficial recurrir para cobrar los dos meses de salario que les adeudan.

Una de las primeras acciones del gobernador Mario Marín sobre el Colegio de Puebla fue reducirle el presupuesto. De los 38 millones de pesos que el Congreso del estado le autorizó para su ejercicio anual de 2005, Marín sólo le dejó 4 millones.

El recorte, que parecería drástico para una institución académica, es sin embargo justificado en función de los magros resultados en cuanto a programas de docencia y postgrado, investigaciones y publicación de libros y revistas.

En los últimos tres años, por ejemplo, el Colegio sólo ha producido un par de obras: una, sobre el pensamiento político y las acciones de gobierno de Melquiades Morales, y otra que recopila en dos volúmenes los discursos, tesis y propuestas de Mario Marín como candidato del PRI a la gubernatura.

De su plantilla de 42 personas, sólo 8 son investigadores con una pobre, pero muy pobre producción académica y científica; el resto son secretarias y burócratas de medio pelo pero que cobran como magistrados, diputados o secretarios de Estado, pese a carecer —en su gran mayoría— de estudios de postgrado como maestrías o doctorados.

Su presidente Jorge Efrén Domínguez, quien mediante engaños y ardides logró que la Junta de Gobierno lo reeligiera antes de que terminara el sexenio melquiadista, no cumple incluso con dos de los tres requisitos que se establecen en la cláusula décima sexta del acta constitutiva del Colegio de Puebla.

Y es que además de carecer de prestigio como académico o investigador, y no contar con al menos diez años en el ejercicio de alguna de esas dos actividades, Jorge Efrén Domínguez simplemente no tiene obra propia que presumir, ni grado superior de licenciatura.

De ahí su desprecio por los contados profesores e investigadores del Colegio, a los que desde hace cuatro quincenas no les paga su sueldo, dizque porque falta de recursos. Pero eso sí, alquila tres residencias en la colonia La Paz por casi 90 mil pesos mensuales; se autoasignó un sueldo que ya quisiera el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, y sostiene un abultado aparato burocrático, de casi 30 cortesanos que no hacen más que adularlo mañana, tarde y noche.

EN CORTO

La otrora paz porfiriana que reinaba en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla por la hegemonía de la familia Vélez Pliego podría verse rota por la sucesión rectoral. Una clara señal de que los agüeristas empiezan a ganar terreno en esa unidad académica son las recientes desavenencias entre consejeros de unidad y consejeros universitarios registradas hace un par de semanas, y la formación de un bloque de investigadores anti Vélez Pliego. ***** Entre los directivos de las instituciones de educación superior incorporadas a la UAP comienza a provocar molestia el manejo discrecional que se viene dando con la apertura de nuevas opciones profesionales. Y es que aseguran que las autoridades de la Benemérita tienen como favoritas a las ligadas al rector Enrique Agüera Ibáñez, como el Instituto de Estudios Superiores (IES), al cual por cierto se le han autorizados más carreras que a las demás. ***** Otra institución que también ha sido favorecida por las autoridades de la UAP es el Colegio Universitario Tolteca de México, propiedad del auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, José Doger Corte. Y es que a menos de un año de haber iniciado operaciones, cuenta con cuatro opciones profesionales —Contaduría Pública, Administración Pública y Ciencias Políticas, Ingeniería en Ciencias de la Computación e Ingeniería Industrial—, lo que no sucede con otras instituciones que desde hace años vienen solicitando la apertura de nuevas carreras. El Colegio Universitario Tolteca de México que al principio se denominó Universidad Tolteca, se ubica en el barrio de Los Remedios y tiene como directora a la esposa del secretario particular de Doger en el Orfise, Alejandro Hernández Carreto. ***** Un fuerte jalón de orejas del secretario de Gobernación del estado, Javier López Zavala, se llevó el sábado el presidente municipal de Xicotepec de Juárez, Carlos Barragán Amador, por la inseguridad pública que priva en la cabecera y en algunas juntas auxiliares, como La Ceiba, donde para colmo de males se suspendieron las elecciones y el candidato opositor a esa presidencia subalterna, Héctor David Tovar García, fue baleado la semana pasada. Entre las víctimas más sobresalientes de la ola delictiva que azota a la región pueden mencionarse los nombres del empresario Rolando Cuevas, propietario de la gasolinería de Xicotepec, y la comerciante Magali González de Villa Ávila Camacho; el primero fue asaltado por un comando armado, que mató a uno de sus escoltas, y la segunda fue golpeada y secuestrada. Pero los problemas del munícipe de Xicotepec van más allá de la inseguridad, pues en La Ceiba se le acusa además de querer imponer a su primo Alonso Cruz Amador como presidente auxiliar, y de ser el responsable de las agresiones sufridas por la comerciante Magali González y el candidato opositor Héctor David Tovar, quien el viernes por la madrugada fue baleado cuando llegaba a su domicilio. Actualmente las oficinas de la presidencia subalterna de La Ceiba o Villa Ávila Camacho continúan tomadas por un contingente de 150 personas, la mayoría de ellas de filiación antorchista. Cuando Carlos Barragán ganó la presidencia municipal de Xicotepec como abanderado del PRI tuvo el respaldo político y económico del diputado local Fernando Morales Martínez, de los empresarios Luis y Ricardo Urzúa, y del hermano del hoy gobernador Roberto Marín Torres. ***** Trivia: ¿Quién es el junior legislador que recientemente chocó un auto jetta del Congreso del estado, y un camionetón de su propiedad que fueron reparados con recursos del erario público. Dos tips: uno, el susodicho es adicto a ciertos antros de la isla de Angelópolis y, dos, antes de ser diputado por Convergencia fue un activista de Rafael Moreno Valle en sus sueños guajiros por la gubernatura de la entidad. ***** Y hasta la próxima.