Revela auditoría abusos en el Juárez-Serdán
¿Sabe usted a cuánto ascienden las anomalías en las obras del distribuidor vial Juárez-Serdán?
Pues de acuerdo con una revisión preliminar realizada por la empresa Sifra Consultores, el monto supera los 200 millones de pesos, lo que significa que de cada cuatro pesos que la pasada administración municipal destinó a ese proyecto, por lo menos uno estuvo mal aplicado.
El distribuidor vial, que según el informe del ex presidente municipal Luis Paredes Moctezuma costó 720 millones de pesos, presenta un conjunto de irregularidades que involucran no sólo a las autoridades que lo contrataron —en especial a los titulares de la Secretaría de Administración Urbana—, sino a las empresas supervisoras y a las compañías constructoras que lo ejecutaron durante tres años.
La obra constó de dos etapas. La primera, que se le asignó de manera conjunta a las compañías LAE. Martha Leticia Puig Valle y Pagasa Construcciones en 85.6 millones de pesos, comprendió del 9 de diciembre de 2002 al 12 de agosto de 2003.
La segunda etapa se subdividió a su vez en dos fases. En ambas la obra se asignó a un holding de diez constructoras representado por Desarrollo Iberoamericano. En la fase “A” el monto del contrato fue de 175.3 millones de pesos, y éste abarcaba del 29 de diciembre de 2003 al 15 de diciembre de 2004, y en la fase “B” el contrato fue de 326 millones comprendiendo un periodo de ejecución del 10 de junio de 2004 al 2 de diciembre de 2004.
La revisión preliminar practicada por Sifra Consultores –compañía auditora líder en el ramo de la construcción a nivel nacional, que tiene como clientes a dependencias como la Secretaría de Hacienda, Capufe y el Infonavit- se centró en los siguientes aspectos: sistema de control interno; gestión institucional en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos; contratación, presupuesto y estados financieros, y cumplimiento de la normatividad.
La primera observación de la empresa revisora es que el distribuidor vial Juárez-Serdán se realizó sin estudios de planeación. “No se encontró evidencia documental de que se haya formulado una programación integral de las condiciones y los periodos en que debían de ser contratados los trabajos y ejecutadas las obras”, por lo que la planeación se desarrolló “de manera improvisada conforme se fueron presentando los eventos”.
Para la supervisión de los trabajos el ayuntamiento paredista contrató a tres empresas —Conco, Cal & Mayor y Corporativo de Desarrollo— que no sólo cobraron en conjunto 19.2 millones de pesos, sino que incumplieron con los términos de referencia de sus respectivos contratos, lo que incluso las convierte en sujetos de responsabilidad penal.
El proyecto, según Sifra Consultores, “fue constantemente modificado, principalmente por cuestiones geométricas y por el incremento en la capacidad de las instalaciones hidrosanitarias”, algo que ocultaron y omitieron las empresas supervisoras y que dio lugar a la elaboración de planos adicionales, mismos que provocaron alteraciones en el presupuesto, metas y alcances iniciales de la obra.
De acuerdo con la empresa auditora contratada por el actual presidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, las obras del distribuidor vial se arrancaron en el 2002 pese a existir insuficiencia presupuestal.
Me explico.
El ayuntamiento licitó la primera etapa de la obra en 85 millones 588 mil pesos, pero su presupuesto sólo era de 47 millones de pesos, según oficio 9.4/DPE/POPC/5008/2002, lo que constituye “una violación flagrante de los preceptos legales enunciados en la Ley de Obras Públicas”.
Las inconsistencias detectadas por Sifra Consultores en la primera etapa de los trabajos del distribuidor vial ascienden a 53.9 millones de pesos, por pago de volumen de obra extraordinaria indebidamente autorizada, reembolsos al contratista, gastos indirectos y omisiones de obras inducidas, escalatorias y convenios modificatorios y adicionales.
En los trabajos de la segunda etapa fase “A”, las anomalías fueron en aumento, pues de entrada el ayuntamiento pagó 191 millones de pesos por estimaciones de obra extraordinaria, excavaciones, sobrecostos por lluvias y escalatorias, entre otros conceptos.
Pero donde las anomalías se destaparon fue la fase “B” de la segunda etapa, ya que el ayuntamiento declaró desierto un concurso internacional, falseando información, para poder asignar la obra a Desarrollo Iberoamericano, el 3 de junio de 2004.
La primera anomalía es esta fase fue el monto del contrato por 326 millones de pesos. Y es que a los 20 días de haberlo asignado y de entregarle al holding contratista un anticipo por 84.7 millones de pesos, la gestión de Luis Paredes redujo el contrato en 43%.
Esta situación no operó, sin embargo, con el anticipo recibido por Desarrollo Iberoamericano, que se mantuvo en 84.7 millones de pesos. Tal anticipo “otorgado en demasía” representó el 67% del total de la obra, “lo que presupone la existencia de una maquinación preconcebida”, advierte Sifra Consultores.
Por el contrato de la fase “B” de la segunda etapa, la gestión de Luis Paredes desembolsó 126.3 millones de pesos, 13% de los cuales se destinaron al catálogo original de la obra, y el resto, es decir el 87% de los recursos, a conceptos extraordinarios “lo que en términos de Ley resulta inaceptable”, a decir de la empresa auditora.
“Un ejemplo de lo anterior lo representa el hecho verificado en la cuadrilla número 41. En el presupuesto de la contratación se fijo un precio unitario de $562.91 jornada, y en el precio extraordinario la misma cuadrilla 41 cobró 634.51 jornada”.
Por todo lo anterior, Sifra Consultores concluye:
“… es evidente que existen elementos suficientes para presumir graves desviaciones en el cumplimiento de la normatividad vigente para la contratación y ejecución de la obra, así como elementos que hace presumir la existencia de actuaciones indebidas de los responsables del control de la misma (…) que seguramente derivarán en el fincamiento de responsabilidades administrativas y seguramente penales para algunos de los funcionarios involucrados”.
“La Secretaría de Administración Urbana (…) no elaboró los estudios de pre inversión requeridos, en cambio es evidente que adjudicó los contratos directamente sin garantizar al municipio las mejores condiciones, ni se ajustó a las asignaciones presupuestarias…”
“Las empresas contratadas para supervisar los trabajos no cumplieron cabalmente las funciones a su cargo, (por lo que el ayuntamiento) efectuó pagos en exceso por un monto superior a los 200 millones de pesos, debido a diferencias en los volúmenes de obra, incumplimiento de los alcances de los precios unitarios e incorrecta integración de dichos precios…”
Para terminar, Sifra Consultores recomienda a la gestión de Enrique Doger, que la contrató para revisar las obras del distribuidor vial Juárez-Serdán, lo siguiente:
- Intervenir de manera urgente los expedientes, archivos y toda la documentación concerniente al desarrollo de la obra.
- Ordenar la suspensión de todos los pagos pendientes, entre ellos 26 millones a Desarrollo Iberoamericano
- Proceder a la contratación inmediata de una compañía revisora que audite a profundidad la obra.
- Enviar sendos oficios a las afianzadoras advirtiéndoles que los contratos relacionados con el Juárez-Serdán entrarán en una etapa de revisión, al presumirse serias desviaciones, por lo que no deberán revocar la vigencia de los mismos.
Hasta aquí la auditoría que, por extrañas razones, otros medios no han querido difundir. Sus razones tendrán.
EN CORTO
Este día, no se pierda la columna hermana de e-consulta Fuego amigo, que usted puede encontrar en la sección En Línea, donde se cuantifica el último pliego de observaciones a la gestión de Luis Paredes Moctezuma. La cifra lo va a dejar frío. ***** De buena fuente le cuento que el ex presidente municipal de Puebla ya entró en conflicto con algunos de sus aliados políticos, concretamente con los hermanos Héctor y Óscar Vera Arenas, por la investigación que se sigue al Inpodem sobre desvío de recursos públicos. Y es que Luis Paredes les mandó a decir, fiel a su estilo, que en ese espinoso asunto cada quien se rasque con sus propias uñas. ***** Jorge Hickman Morales, hermano del ex diputado local priísta de los mismos apellidos, asume hoy la representación del gobierno de Puebla en el Distrito Federal, sustitución del abogado felipista Javier Lozano Alarcón.***** Y hasta la próxima.