Los hermanos “incómodos” del contralor
Desde que el gobernador Mario Marín Torres nombró a Víctor Manuel Sánchez Ruiz al frente de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap), su discurso anticorrupción perdió —en términos mediáticos— credibilidad.
Y es que el hombre elegido para combatir la corrupción en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, no goza precisamente de esa fama a su paso por la antigua Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso yla Contraloríadel ayuntamiento de Puebla durante la gestión de Mario Marín como presidente municipal.
Por el contrario. Sus antecedentes lo hacían aparecer como un funcionario más o menos anodino y acomodaticio, que difícilmente sacaría adelante la encomienda de impulsar desde la Sedecap un gobierno de nueva generación.
En la práctica, esta percepción se ha venido confirmando, y más cuando tres de sus hermanos están muy lejos de personificar la figura de un gobierno honesto, transparente y alejado del tráfico de influencias, los conflictos de interés y el nepotismo.
Su hermana Aurora Sánchez Ruiz figura, por ejemplo, como la principal corredora de Seguros del gobierno del estado en materia de bienes muebles e inmuebles. Por las pólizas que la administración marinista ha contratado a Seguros Comercial América, gracias a los buenos oficios del subsecretario de Administración Jorge Luis Mendoza Velarde, la hermana del contralor se lleva jugosas comisiones.
Por supuesto que esos contratos no se han licitado en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
Otro de sus hermanos, Salvador Sánchez Ruiz, es auditor externo autorizado por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, con clave de registro OFS-014/06. Su despacho se localiza en la calle Jacarandas número 324-1 de la colonia El Cerrito.
De más está decir que los servicios contables y de auditoría del hermano del titular de la Sedecap son de los más solicitados del conjunto de 138 auditores externos autorizados por el OFS para el ejercicio 2006.
En relación no podría faltar Alfredo Willehado Sánchez Ruiz, director del Servicio Estatal de Empleo, en la recién creada Secretaría del Trabajo y Competitividad. A este funcionario, usted puede localizarlo en la avenida Reforma 710 de esta ciudad o en la extensión 108 si marca el 2 42 00 86.
El contralor Víctor Manuel Sánchez Ruiz podrá argumentar, con alguna razón, que él no contrató a su hermano Alfredo en la Secretaría del Trabajo, por lo que no se configura el delito de nepotismo, y que tampoco intervino para que el OFS autorizara a su hermano Salvador como auditor externo, ni para que la Secretaría de Finanzas recurriera a su hermana Aurora como broker de seguros, por lo que en ningún caso se le podría acusar de tráfico de influencias o de hacerse de la vista gorda ante un presumible conflicto de interés.
Sin embargo, creo que para la gente común y silvestre tampoco escapa la circunstancia de que si Víctor Manuel Sánchez Ruiz no fuera el titular de la Sedecap, difícilmente Aurora sería la principal agente de seguros del gobierno, Salvador sería tan solicitado como auditor externo y Alfredo tendría el sueldo y cargo de director general que hoy ocupa en la Secretaría del Trabajo y Competitividad.
Y es que antes del gobierno de nueva generación, los tres simplemente ni figuraban en el escenario público.
INTRAMUROS
El presidente municipal de San Pedro Cholula, Juan Pablo Jiménez Concha —escribo presidente y no ex, pues formalmente no ha pedido licencia para separarse del cargo, como lo prevé el artículo 7 del Cofipe—, podría ser víctima de su propia ambición política.
Su afán de mantener un pie en el ayuntamiento cholulteca y otro en el PRI, que lo nominó candidato a la diputación por el distrito 10, podría convertirse en su Waterloo ahora que el Consejo Local del Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisen su caso.
Juan Pablo Jiménez, que entró al proceso con una buena imagen y popularidad, hoy arrastra ala Alianza por México a una debacle electoral, donde los propios priístas serían sus verdugos.
Su suplente Guadalupe Quiroz Castillo —de filiación priísta, a pesar de su pertenencia al SNTE— está doblemente inconforme con él. En primer lugar, porque mediante argucias legales le impidió convertirse en presidenta interina, y en segundo lugar porque despidió a su hermano Jesús como director de Obras Públicas del ayuntamiento cholulteca por un lío de licencias de construcción y usos de suelo, que en otra columna le platicaré.
Otros priístas inconformes son los regidores identificados con el grupo del ex presidente municipal Alejandro Oaxaca Carreón: Abundio Sandré Popoca y María Angélica Saavedra, quienes en la última sesión de Cabildo se negaron a aprobar un segundo permiso a favor Juan Pablo Jiménez para ausentarse otros 29 días del ayuntamiento de San Pedro Cholula.
De más está decir que los más molestos con el candidato a diputado federal de la coalición PRI-PVEM son los regidores de oposición —dos del PAN, uno del PRD y otro más de Convergencia—, quienes en alianza con los presidentes auxiliares de San Matías Cocoyotla, Tepantla y Coapa podrían tomar en cualquier momento las instalaciones de la presidencia municipal cholulteca.
Y es que para todos ha quedado claro que la regidora de Gobernación, Beatriz Hernández Gaytán, designada como encargada del despacho de la presidencia, y Francisco Andrés Covarrubias Pérez, quien oficialmente se desempeña como director del Sistema de Agua Potable, lejos de trabajar por los cholultecas se han dedicado a apoyar la campaña de Juan Pablo Jiménez.
Y cómo no, si el papá de la regidora —un viejo líder sindical de la CROM— se vio beneficiado con la compra de un terreno de 2 mil 500 metros en el barrio de Jesús, que el ayuntamiento le compró a razón de mil pesos el metro cuando en realidad éste no vale más de 600 pesos, y el director del Sistema Operador de Agua no sólo es su concuño, sino su delfín para las elecciones del 2007.
EN CORTO
El lunes pasado, le platicaba aquí que como secretario de Finanzas y Desarrollo Social del gobierno de Melquiades Morales Flores, Rafael Moreno Valle Rosas, había asignado —sin licitación pública de por medio—millonarios contratos de consultoría a despachos de amigos suyos que de poco o nada habían servido a la administración pública estatal.
Ese día le documenté cómo Moreno Valle le otorgó, a partir del año 2000, contratos por más de 8 millones de pesos anuales al dirigente y diputado federal de Convergencia, Luis Maldonado Venegas, para que la institución privada de asistencia que presidía —Academia Metropolitana— llevara a cabo diagnósticos, encuestas y análisis sobre el ejercicio del gasto educativo, el personal adscrito a los centros de trabajo de la SEP y el funcionamiento de las Cordes.
Hoy estoy en condición de asegurarle que otro amigo de Moreno Valle que también se benefició con esos millonarios contratos de asesoría fue Fernando Solís Cámara, de Consultores en Administración Pública (CAP).
Solís Cámara y otros labastidistas que no lograron ganar la Presidencia de la República en las elecciones del 2000 encontraron en el gobierno del estado un buen refugio, gracias a la generosidad del gobernador Melquiades Morales y a las ambiciones políticas de su secretario de Finanzas.
Moreno Valle no sólo acogió políticamente al ex vocero de Francisco Labastida, sino que lo consintió con un generoso contrato de 18 millones de pesos, por el cual él y sus consultores se encargarían de desarrollar tres proyectos que a la postre no sirvieron de nada: un programa de simplificación administrativa para la apertura de empresas, un programa para la profesionalización de agentes del Ministerio Público adscritos a la Procuraduría General de Justicia, y un proyecto para establecer dentro de la administración estatal el servicio civil de carrera.
Al final, todo su trabajo se concretó a la entrega de tres carpetas engargoladas que Rafa Moreno Valle ya ni siquiera leyó, y tampoco la contralora María Teresa Tello y Nieto, y el procurador Carlos Arredondo Contreras; el primero porque había dejado la Secretaría de Finanzas, la segunda porque ya había renunciado a la Sedecap, y el tercero porque había dejado la Procuraduría para irse a la Secretaría de Gobernación.