Dos acontecimientos políticos, igualmente importantes para el desarrollo democrático de la entidad, se produjeron la semana pasada. Por un lado, el gobernador Melquiades Morales Flores presentó su Plan de Desarrollo Estatal 1999-2005 y, por otro, Gaspar Chávez Zárate renunció a la Secretaría Técnica de la Comisión Estatal Electoral.

Ambos sucesos tuvieron, sin embargo, contextos diferentes.

En la presentación del Plan de Desarrollo, el gobernador logró convocar a dirigentes de los más diversos sectores, partidos y organizaciones de la sociedad poblana.

La renuncia de Gaspar Chávez, en cambio, mantuvo a la Comisión Estatal Electoral aislada, marginada y deslegitimada por la firme intención de los partidos de oposición de no reintegrarse a sus trabajos, hasta en tanto no se consense una nueva reforma electoral.

En la presentación del Plan de Desarrollo, la gestión melquiadista se comprometió a "perfeccionar los procesos electorales garantizando la autonomía de las autoridades electorales y el respeto a su actuación y resoluciones".

La renuncia de Gaspar Chávez, en cambio, no sólo dio pauta al PAN y otros partidos a insistir en la renuncia de Sergio Reguero como presidente de la Comisión, sino que permitió la conformación de un bloque opositor que hoy lunes, en Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, hará explícitas sus demandas.

En suma, ambos eventos además de contradictorios, dejaron al descubierto varias cuestiones: el desgaste de los actuales consejeros ciudadanos, el descrédito de la autoridad electoral, el empeño de los partidos de oposición por impulsar este año una reforma electoral y la disposición del gobierno entrante por revisar la legislación vigente.

La clave, entonces, parece radicar en un asunto de consensos y disensos.

Entre los primeros, podemos mencionar los acuerdos más o menos explícitos de los principales actores políticos de que el Código Electoral requiere revisarse para garantizar comicios transparentes, justos, equitativos y creíbles; que los miembros de la Comisión Estatal Electoral, empezando por su presidente Sergio Reguero, carecen de crebilidad y confianza, y que por lo tanto deben ser reemplazados; y que lo mejor que partidos y gobierno pueden hacer, más allá de protagonismos personales, es impulsar una reforma electoral de consenso.

Por cuanto hace a los disensos, el principal es quizás el tiempo: ¿Cuándo hacer la reforma, antes o después del 2000?

En lo personal, creo que la reforma debe pactarse este mismo año, sin descartar la posibilidad de que ésta pueda adecuarse antes de las elecciones locales del 2001, con base en los nuevos arreglos políticos e institucionales que sin duda dejarán los comicios del 2000 en el marco nacional.

El gobernador Melquiades Morales tiene hoy a su favor una gran legitimidad que ningún partido o grupo de presión puede regatearle. Después del 2000, su situación podría ser diferente y no sólo por lo que haga o deje de hacer, sino porque las circunstancias del país podrían ser muy distintas de lo que actualmente son. ¿Qué tal si el PRI, por ejemplo, perdiera la Presidencia de la República o el próximo mandatario del país, aún siendo del PRI, tuviera que cogobernar con un partido de oposición para mantener el control del sistema?

Melquiades Morales podría adelantarse y pasar como un gobernante varguardista en materia electoral. Nadie le está pidiendo una reforma que ponga a su partido contra la pared o en desventaja frente a la oposición, como ocurrió con José Antonio Alvarez Lima en Tlaxcala. No.

Lo que los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista quieren y que hoy, en conferencia de prensa muy cerca de Casa Puebla, le pedirán en bloque tanto sus dirigencias estatales como sus fracciones parlamentarias, es que cumpla a la brevedad posible con el compromiso plasmado en la página 25 del Capítulo II de su Plan Estatal de Desarrollo: "la revisión de la legislación electoral, para garantizar procesos imparciales e impecables".

Si el gobernador Melquiades Morales opta por sacar este año la reforma, pese al rechazo del líder camaral Héctor Jiménez y Meneses, quien pretende posponer esta discusión para después del 2000, debe cuidar un factor fundamental: que los cambios al Código Electoral se aprueben por consenso y no por el voto mayoritario de los diputados de su partido, que por sí mismos pueden modificar hasta la Constitución, pues tienen mayoría calificada.

De otra manera, los poblanos no tendrían porque creer en su Plan de Desarrollo -presentado y aprobado el jueves pasado- cuando al referirse al fortalecimiento democrático que su gobierno pretende llevar a cabo sostiene:

"Frente a los cambios que perfeccionan la vida democrática, se requiere la absoluta transparencia de los procesos electorales, con el fin de estimular una mayor participación ciudadana, que otorgue un sólido sustento a los poderes públicos y legitime la acción del gobierno. La práctica democrática y la dinámica de la participación social, implican la revisión y el mejoramiento «MDBO»por consenso«MDNM» de los mecanismos legales de competencia política".

La cita anterior fue tomada textualmente de la página 23, del Capítulo II "Gobierno Democrático con Justicia y Seguridad", y no estaría de sobra que el diputado Héctor Jiménez, en su calidad de presidente de la Gran Comisión y líder de la fracción priísta del Congreso del estado, la subrayara o enmarcara como recordatario por las reformas, además de la electoral, que están por venir.

 

EN CORTO

            Dos noticias -una buena y otra mala- del mapacherío electoral. La buena es que el efímero secretario técnico de la Comisión Estatal Electoral, Gaspar Chávez Zárate, no encontrará reacomodo en el gobierno de Melquiades Morales Flores, pese a sus buenos oficios priístas. La mala es que Antonio Sánchez Loaiza está por reaparecer en las nóminas de la administración pública estatal, como asesor del Ejecutivo. ***** En los corrillos empresariales, las actitudes del alcalde de Puebla, Mario Marín Torres, siguen dando de qué hablar. Y es que cuentan que el edil priísta dejó pasmados a los directivos de la Cámara de la Construcción, pero en especial a su presidente José Luis Hernández Cano, en la reunión que sostuvieron el mes pasado en el ayuntamiento de Puebla. En aquella ocasión, Marín les advirtió: recuerden que yo conozco muchas cosas de ustedes. No olviden que fui secretario de Gobernación. Al respecto, dicen que la advertencia (¿o amenaza?) inquietó de sobremanera al dueño de la constructora Cheka, que rápidamente se fue a curar en salud. ***** Luis Enrique Palacios Martínez tiene sobre su escritorio en las oficinas del Comité Directivo Estatal del PAN una propuesta indecorosa: convertirse en director de procesos electorales del CEN, es decir, en el operador electoral de la dirigencia nacional panista o, si se prefiere, en el hombre de confianza del titular de esa cartera, Herbert Taylor. ***** A propósito. El jueves pasado fueron vistos en el Chimichurri, muy saludadores y quitados de la pena, Sergio Reguero Placeres y Luis Enrique Palacios. Fuentes cercanas a esa conversación aseguran que el presidente de la Comisión Estatal Electoral trató de convencer al representante del PAN de regresar a los trabajos del organismo y que éste de plano le respondió con un rotundo ¡No¡ ***** En el Partido de la Revolución Democrática siguen de mal en peor. Y es que además de la falta de recursos, que ha obligado a su dirigente estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta, a intentar reacomodar a su personal de confianza dentro de la nómina del Congreso del estado, como asistentes de los diputados perredistas, los alcalde emanados de este partido se le están escapando de sus filas. Se sabe que de los 15 presidentes municipales, cuatro han regresado al PRI. Ellos son los de Santa Inés Ahuatempan, Maximino Orozco Meneses; Zaragoza, Jesús Cabrera Silva; Felipe Angeles, Félix Felipe Romero Santos, y Domingo Arenas, Juan Meneses Osorio. En los restantes municipios los problemas políticos no sobran. En Coronango, San Antonio Cañada y Tepatlaxco, los alcaldes y los comités municipales perredistas andan de la greña por cuestiones salariales y puestos de confianza; en Juan C. Bonilla, los perredistas se quejan de que el edil sólo quiere gobernar con familiares y amigos; en Molcaxac, los regidores no quieren saber nada de una recomendada de Luis Miguel Barbosa, Irene Domínguez Sarmiento, para llevar la contabilidad del ayuntamiento; en San Gabriel Chilac, los regidores están inconformes con el alcalde debido a que éste decidió nombrar como secretario del ayuntamiento al exdiputado Gaudencio Ruiz García, pese a no ser de la comunidad y haber sido expulsado del PRD en 1990; y en Yaonahuac, la asesora del ayuntamiento, María de Jesús Camacho, mantiene un pleito casado con los dirigentes perredistas del lugar. ***** Este día, a partir de las 19:00 horas en el Instituto Cultural Poblano, Alfredo Rivera Espinosa será ungido como presidente de la Fundación Colosio (también conocida como Cambio Ninguno) del PRI. ***** El exsecretario de Gobernación de Manuel Bartlett Díaz, Carlos Meza Viveros, abrirá la próxima semana su Notaría Pública, allá en la 29 Oriente 1801, de El Mirador. ***** El próximo 12 de mayo Roberto Sánchez tomará posesión como presidente de la Delegación de Coparmex en San Martín Texmelucan, en sustitución de Dagoberto Vargas Sánchez. ***** Una trivia: ¿A qué diputado federal le tuvieron que retirar casi por la fuerza una camioneta Suburban propiedad del gobierno del estado, la cual estaba al servicio de su mujer? He aquí algunos tips: el susodicho se autorentó algunos inmuebles cuando se desempeñó como funcionario de Manuel Bartlett, tiempo en el cual también fue generoso en el pago de embutes a un grupo de reporteros, dos de los cuales incluso figuraban en su nómina con partidas de hasta 10 mil pesos mensuales. ***** Y hasta la próxima.