La iniciativa de reformas a la Ley de la Universidad Autónoma de Puebla para ampliar el periodo rectoral abortó y para bien de la propia Universidad.

Me explico.

Tal como se había concebido, el proyecto para modificar la legislación universitaria conllevaba una serie de riesgos que lejos de favorecer la estabilidad de la institución, habrían podido degenerar en un golpe contra la autonomía.

Aunque el rector Enrique Doger Guerrero nunca tuvo la intención de acotar los márgenes de autonomía de la UAP frente al gobierno en aras de conseguir su reelección, en los hechos la reforma -que a la fecha no ha sido lo suficientemente discutida por los propios universitarios- podría escapársele de las manos e ir más allá de sus propios deseos.

Y es que con Manuel Bartlett Díaz nunca se sabe.

Cuentan que allá por septiembre de 1997, entre el último informe de José Doger Corte y la toma de posesión de su primo Enrique, hubo una comida en el edificio Arronte para festejar el triunfo del entonces rector electo.

Invitado de honor a aquella comida, el gobernador Manuel Bartlett sacó 20a colación el tema de la estabilidad universitaria y las elecciones de rector.

Palabras más, palabras menos, el mandatario les dijo que en las mejores universidades del mundo la designación de rector no era un asunto fundamental.

Acto seguido, soltó 20su propuesta, ante la sorpresa de algunos de los invitados a la mesa principal: Por qué no modificar en la UAP la manera de designar al rector, por un mecanismo distinto que evite los problemas de inestabilidad e incertidumbre que se dan en cada elección.

Bartlett puso como ejemplo algunas universidades europeas, donde la designación de rector nada tiene que ver con el voto sectorial, directo y secreto de directores, académicos, estudiantes y personal de confianza.

La anécdota ahí está.

No es descabellado suponer que la decisión de las actuales autoridades universitarias de posponer para el año entrante el tema de la ampliación del periodo rectoral obedeció al riesgo de que el gobernador saliente acotara los márgenes de autonomía de la UAP. Ya en principio Bartlett había condicionado tal reforma al hecho de que la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado auditara las cuentas de la institución.

Si bien la modificación que se había negociado con el gobernador no iba más allá de esos aspectos -la reelección por un sólo periodo de tres años y la rendición de cuentas públicas del manejo financiero de la UAP-, hay que decir que tampoco existía ninguna garantía de lo contrario.

Qué tal si al gobernador o a algún diputado se le ocurre algo más, como cambiar la forma de elección de rector para evitar problemas de inestabilidad e incertidumbre... ¡qué tal!

Afortunadamente, Enrique Doger revaloró la situación y pospuso lo que hasta ahora parecía una reforma más con dedicatoria personal, que una exigencia de la comunidad universitaria por contar con ``un marco normativo más congruente'' que ``garantice estabilidad a largo plazo así como continuidad y consolidación de planes y proyectos''.

El rector esperará no sólo la entrada del nuevo gobierno y la nueva legislatura, sino que hará lo que debió hacer desde un principio: convocar a toda la comunidad universitaria para discutir la conveniencia o inconveniencia de ampliar la gestión rectoral. Enhorabuena.

INTRAMUROS

            Aunque los consejeros Maximino Bear Sanz y Arnulfo Carballido Pacheco no se atrevieron a señalar a los responsables de la ilegal contratación de 428 actuarios en agosto pasado, lo que provocó un daño patrimonial a la Comisión Estatal Electoral (CEE) de casi 600 mil pesos, su dictamen de hechos -entregado la tarde del jueves al presidente del organismo, Sergio Reguero Placeres- es revelador.

En síntesis, el dictamen apunta que la contratación de actuarios al margen de la ley obedeció a errores y omisiones del secretario técnico, Adolfo Meneses Pardo, y el coordinador administrativo, Enrique Castañeda Espinoza de los Monteros.

El error de Castañeda radica en que contrató -según él- empleados administrativos que los presidentes de los Comités Municipales Electorales habilitaron como actuarios electorales y a los cuales les pagó un par de quincenas sin que mediara, como él mismo lo ha reconocido, nombramiento alguno.

Castañeda, pues, pecó por llevar a cabo 428 contrataciones sin tener facultades para ello y porque su acción fue violatoria de los artículos 51, 52, 123 y 124 del Código Electoral.

Sin embargo, a juzgar por los hechos contenidos en el dictamen elaborado por Bear y Carballido, el secretario técnico de la CCE, Adolfo Meneses, tiene mayor responsabilidad, ya que no sólo estuvo enterado de la contratación y pagos que se hicieron, sino porque era responsable de todo el personal administrativo que la Comisión contratara, según un acuerdo de julio de 1995.

Si los actuarios fueron contratados no como tales sino como personal administrativo de la Comisión, sin que el pleno de la misma tuviera conocimiento, Adolfo Meneses es también responsable, ya que además dichas contrataciones se hicieron a sugerencia de la Coordinación de Organización dependiente jerárquicamente de él.

Del dictamen se desprende, además, que el secretario técnico quiso ocultar -como muchas otras cosas más- la contratación de actuarios y que cuando este asunto se puso al descubierto, entonces pretendió endilgar tal responsabilidad al coordinador administrativo de la Comisión, Enrique Castañeda.

Los consejeros, que en la siguiente sesión de la CEE definirán su postura con respecto a la ilegal contratación de consejeros, no debieran ver este asunto como un hecho aislado o desligarlo de otros que aunque se nieguen públicamente a reconocerlo, les ha restado legitimidad.

Ahí están sólo por citar algunos ejemplos el exclusivísimo servicio de edecanes, las "caída" del Sistema de Resultados Electorales de Puebla (Sirep) que finalmente no costó 500 mil pesos, sino casi 2 millones de pesos, la falta de promoción al voto y las graves deficiencias habidas en el proceso de capacitación y selección de funcionarios de casillas el día de la jornada electoral.

Los consejeros deben ser concientes de que en todos estos asuntos, y en muchos otros más que empañaron el desarrollo de los comicios, la figura de Adolfo Meneses no fue ajena. Primero quiso ser consejero electoral propuesto por un partido político que no es el suyo y, como no pudo, fue impuesto por el PRI -a través de Sergio Reguero- como secretario técnico de la Comisión. Y sus mapacherías están a la vista, mientras los consejeros pagan el costo de la pérdida de legitimidad del máximo órgano electoral del estado.

EN CORTO

            La tarde del sábado se reunieron a comer los integrantes del Grupo Plural. Ahí, la comisión designada para entrevistarse con los directivos de la Corriente Renovadora del PRI dio cuenta de su encuentro con Rodolfo Echeverría Ruiz, Sergio García Ramírez e Irma Cué Sarquís, el lunes pasado en el restaurante Dos Caminos del Distrito Federal. No hubo mucho que decir, salvo que aquellos parecen tener su corazoncito con el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, que en enero los Renovadores les devolverán la visita y que independientemente de su afiliación a la Corriente Renovadora, el Grupo Plural mantendrá su autonomía. Lo interesante vino después. Y es que sus integrantes acordaron publicar este miércoles un desplegado, con dos claros propósitos: detener la intentona del gobernador Manuel Bartlett Díaz de poner en la presidencia estatal del PRI al diputado federal Jorge Estefan Chidiac, antes de que el Comité Ejecutivo Nacional del partido apruebe que sus dirigentes en los estados sean designados por consulta abierta a la base; y tratar de cerrar el paso a Rafael Cañedo Benítez en su loca carrera por hacerse del Comité Directivo Estatal del PRI, ahora que Luis Antonio Godina Herrera fue invitado por Aarón Dychter Poltolarek a una Dirección General dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y las secretarías de Gobernación y Finanzas del futuro gobierno melquiadista parecen habérsele escapado. Para el logro de su primer propósito, el manifiesto del Grupo Plural festejará la decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PRI de que los dirigentes estatales sean electos por consulta abierta a la base, mientras que para el segundo sus integrantes propondrán una fórmula de presidente y secretario general. Los nombres de quienes integrarán la dupla serán definidos este martes durante una comida, en un lugar aún no definido. Hasta el momento son dos las planillas que andan tras la nominación. La primera la integran Efraín Trujeque Martínez y Javier Bolaños Vázquez, y la segunda Jaime Alcántara Silva y Raúl Castillo Ramírez. ***** El de Melquiades Morales podría ser un gobierno de juniors, aunque no en el sentido despectivo del término, pues entre los que se perfilan como futuros secretarios sobresalen algunos vástagos de connotados, como Rafael Moreno Valle Rosas, hijo del exgobernador Rafael Moreno Valle; Pedro Angel Palou García, hijo del director de Extensión de la Secretaría de Cultura, Pedro Angel Palou Pérez; y Guillermo Ruiz Argüelles, hijo del director de Laboratorios Clínicos de Puebla, Guillermo Ruiz Reyes. ***** Este sábado tuvo fiesta el futuro coordinador de la fracción panista en el Congreso del Estado, Francisco Fraile García, por la primera comunión de su hija Miriam Fraile Marín. El guateque tuvo lugar en El Mesón del Molino. ***** El director de Recursos Humanos de la UAP, Roberto Santacruz Fernández, aún no logra entrevistarse en privado con su jefe, el rector Enrique Doger Guerrero, para pedirle le eche la mano en eso de agarrar hueso con el futuro gobierno melquiadista. ***** Sólo para iniciados. Para los interesados en saber quién está detrás de las denuncias del panista Héctor Montiel García, ahí les dejo una pista. Chequen por el lado de su parentesco materno y pregunten sobrino de quién es. ***** Si el neoperrredista Emilio Maurer Espinosa no se aventuró a crear su propia corriente dentro del partido del sol azteca es porque el miércoles pasado tuvo una mejor oferta: ser considerado en la lista de senadores plurinominales del PRD para las elecciones del 2000. ¿O no don Luis Domínguez? ***** Una trivia. ¿Qué expresidente de la República evalúa la posibilidad de convertirse en vecino del exclusivo y único fraccionamiento inteligente de América Latina, La Vista-Country Club? Si no adivinó, ahí le dejo este tip. En la lucha por el 2000 su gallo es el gobernador de Puebla. ***** Uno que no sabe ya qué hacer para conseguir que los cúpulos empresariales le levanten el veto para formar parte de la próxima administración estatal, es el secretario de Desarrollo Económico de Bartlett, Mario Riestra Venegas, quien hace tres semanas se entrevistó con Carlos Solana Pumarino para gestionar un encuentro con el presidente del Centro Empresarial de Puebla, Pablo Rodríguez Posada. ***** Entre los funcionarios del actual gobierno que serán premiados con una Notaría Pública anote el nombre del director general del DIF estatal, Pierre Antuan Gilly Díaz. ***** Aunque de manera muy apretada, Manuel Cuatláyotl Sarmiento ganó las elecciones para presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, pese a que su contrincante Enrique Loyola Grajeda contó con el apoyo del director de la facultad de Ingeniería Civil de la UAP, Nicolás Fueyo MacDonald y el zar de la construcción Amado Henaine Bojalil. ***** En la boda del hijo del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, el gobernador de Puebla, Manuel Bartlett, compartió mesa con su antecesor en Casa Puebla, Mariano Piña Olaya, el exvocero presidencial Manuel Alonso y el director de El Heraldo de México, Gabriel Alarcón Velázquez. ***** Aunque el secretario particular de la señora Socorro Alfaro de Morales, José Manuel Zavala, no deja de reunirse con el director del DIF, Pierre Gilly, en el restaurante La Garita, la verdad es que la posibilidad de convertirse en el sustituto de aquel es cada vez más remota. Y si no al tiempo. ***** Otro que anda presumiendo de que será el secretario particular del próximo gobernador es René Lechuga Fosado, a quien sus detractores le han encontrado un problema legal en Hidalgo por la expedición de un cheque por 120 mil pesos carente de fondos. ***** Cosas de la política. Ahora Jesús Manuel Hernández López y Rafael Cañedo Benítez andan que no saben cómo presumir su alianza. Y todo porque quieren imponer al próximo director de Comunicación Social del gobierno del estado. ***** Quién ya no halla la manera de cómo evitar que el Comité Ejecutivo Estatal o el Consejo Estatal del PRD se reúna para analizar el manejo de los dineros del sol azteca durante el reciente proceso electoral y pedir su destitución, es el dirigente estatal de este partido, Luis Miguel Barbosa Huerta, cuya cabeza es reclamada por Mario Vélez Merino, de Convergencia Cívica; Juan Nehemías García; Jorge Méndez Spínola, de Democracia desde abajo, y Rogelio Carvajal Lozano, de El Barzón. Hasta ahora el único que lo apoya y eso porque lo contrató como su asesor es el diputado Alejandro López Bravo. ***** Y hasta la próxima.