Un tema sin duda polémico que el presidente de la delegación estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Alfredo Ferrer Peregrina, abrió a nivel local, es el de los proveedores y contratistas de la Universidad Autónoma de Puebla.

El asunto resulta controversial, pues so pretexto de la autonomía universitaria, los directivos de la UAP en este y en anteriores rectorados, han actuado con suma discrecionalidad en dos importantes rubros: la asignación de obra y la compra de bienes y servicios.

Si el artículo ~~séptimo de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla establece que la institución tiene la obligación de aplicar y administrar sus recursos con probidad, transparencia, eficiencia y eficacia, no se entiende por qué sus autoridades actúan al margen de la Ley de Obras Públicas, de la Ley de Adquisiciones, y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Una cosa es que la UAP disfrute de autonomía plena en cuestiones vinculadas con la libertad de cátedra, la expedición de títulos y grados académicos, la contratación de profesores, la inscripción y permanencia de alumnos, el ejercicio de sus fondos y la elaboración de sus planes y programas de estudio, y otra muy distinta que las normas que regulan la aplicación y uso de los recursos públicos tengan que ignorarse en la Universidad.

Ello supone no sólo una especie de extraterritorialidad -un estado dentro de otro estado-, sino una deformación del concepto de autonomía.

La autonomía universitaria no es, no puede ni debe concebirse, como un estado de excepción del marco legal.

Lo anterior viene a cuento por un par de reuniones celebradas la semana pasada entre el rector de la UAP, Enrique Doger Guerrero, y el presidente local de la CMIC, Alfredo Ferrer, y entre un grupo de directivos de la institución con los presidentes de las cámaras y organismos afiliados al Consejo Coordinador Empresarial de Puebla.

La primera tuvo lugar en el edificio Carolino, en las oficinas de rectoría, el martes por la noche, y la segunda al día siguiente en el hotel Crowne Plaza, con la participación del rector de la UAP, Enrique Doger; del vicerrector de Planeación, Jaime Vázquez López; del director de Proyectos y Supervisión de Obras, Jorge Rodríguez Morgado, y del auditor Alfonso Esparza Ortiz.

En ambos encuentros, el rector quiso justificar por qué hasta ahora la UAP no ha recurrido a licitaciones públicas para asignar los contratos de obra y de compra de bienes, insumos y servicios que realiza por cantidades millonarias, y cuya discrecionalidad -dicho sea de paso- despierta todo tipo de suspicacias.

En el caso de la reconstrucción y apuntalamiento del edificio Carolino, en el que a la fecha se han invertido 34.5 millones de pesos, el rector justificó la omisión en la emergencia provocada por los sismos de 1999, y en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del estado de Puebla en sus fracciones I, II y V.

Lo mismo pudo decir del edificio de la facultad de Medicina, que fue necesario derrumbar y luego reconstruir en un tiempo récord, con una inversión de 22.5 millones de pesos.

Pero... -he aquí las dudas- ¿por qué no licitó los edificios de Contaduría, Economía, Administración y Derecho, cuyas obras se iniciaron antes de los sismos? ¿Por qué en unos casos sí y en otros no se aplica la Ley de Obras Públicas? ¿Cuál es la cuestión, acaso un asunto de conveniencias?

Otro argumento usado por el rector para justificar ante el presidente de la CMIC y los dirigentes del sector empresarial la negativa de efectuar licitaciones públicas fue que las constructoras foráneas pueden llevarse los contratos y dejar colgada a la institución con trabajos inconclusos.

Dicho argumento, a juzgar por las evidencias disponibles, resulta falaz.

Y es que Enrique Doger, quizás, olvidó que algunos de los más importantes contratos de obra de la Universidad pertenecen a empresas foráneas.

A manera de ejemplo, pueden mencionarse las obras del estadio de Ciudad Universitaria, por un monto de 27 millones de pesos y cuyo contrato se asignó -en una amañada licitación pública, que incluso fue impugnada- a una empresa del Distrito Federal: Constructora Aboumrad Amodio Berho (Caabsa).

O, las obras de apuntalamiento y recimentación del Carolino, a cargo de la compañía TGC, también del Distrito Federal.

Sin embargo, el detalle que más dudas generó entre los empresarios que el miércoles por la mañana se reunieron a desayunar con el equipo del rector Enrique Doger, fue un comentario que hacia el final del encuentro hizo el auditor de la institución, Alfonso Esparza.

Palabras más, palabras menos, el funcionario universitario afirmó, después de que su jefe ya se había comprometido ante los cúpulos empresariales a licitar las obras y compras de la UAP, a que la institición no tenía obligación de acatar a la Ley de Obras Públicas, pues ninguna universidad pública del país lo hacía.

Es decir: mal de muchos, consuelo de tontos.

Sin embargo, al auditor Esparza se le olvidó una cosa, que pone en entredicho su probibad y lo deja muy mal parado dentro y fuera de la institución: ya todo mundo sabe que un hermano suyo es, gracias a la discrecionalidad que tanto defiende, uno de los constructores consentidos dentro de la UAP.

EN CORTO

            Pleitos de familia o crisis en el Huauchi Power. Cualquiera de las dos acepciones o ambas ilustran el más reciente conflicto entre el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Víctor Manuel Giorgana Jiménez, y su primo hermano, el diputado local José Mario Jiménez Arroyo. La disputa en que ambos se vieron envueltos la semana pasada se inscribe en la lucha por la alcaldía de su natal Huauchinango. Giorgana pretende sembrar en la presidencia del Comité Municipal del PRI, a su compadre Marco Antonio Natale, con dos claros propósitos. Por un lado, para utilizarlo como punta de lanza para hacerse de la candidatura del PRI a diputado local por el distrito de Huauchinango y, por el otro, para empujarlo como candidato suyo a la alcaldía de ese municipio serrano. El problema de Giorgana es que su primo José Mario Jiménez también quiere ser presidente municipal, con o sin su apoyo, y que éste no está dispuesto a sacrificarse, como lo hizo su hermano Alberto, en aras de evitar pleitos de familia. En favor de José Mario -hijo de Alberto Jiménez Morales- juega el enorme desprestigio que los Natale tienen en Huauchinango. Y es que Marco Antonio Natale y su hermano Juan son recordados por haber realizado una obra, la pavimentación del acceso principal de Huauchiango en la gestión de Pilar Jiménez de Giorgana -madre del actual presidente estatal del PRI-, que las lluvias destruyeron en menos de un mes, como consecuencia de la pésima calidad de los materiales que usaron en su construcción. ***** Hacia finales de este mes, la Universidad Autónoma de Puebla podría traer al presidente electo Vicente Fox Quesada, para inaugurar o clausurar un foro nacional sobre Política Social, en el cual participarían el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mario Luis Fuentes; el senador panista Javier Corrales; el intelectual Rolando Cordera; el director del Consejo Nacional de Población, Rodolfo Tuirán; el secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex subsecretario de la Sedesol, Enrique del Val, y la perredista Patricia Olamendi, asesora de la Organización de las Naciones Unidas en temas de violencia intrafamiliar. ***** Este lunes partió, con rumbo a Alemania, el secretario de Comunicación Social del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Abel Hernández López, para asistir a un seminario internacional sobre marketing político que ofrece a líderes latinoamericanos la Fundación Konrad Adhenaguer y la agencia Publicis Berlín en la ciudad de Frankfurt. El otro mexicano invitado a este seminario es Manuel Molina Ruiz, coordinador de la campaña del PAN en Veracruz; los demás asistentes son políticos de Chile, Ecuador y Uruguay. ***** El presidente del Instituto de Administración Pública del estado (IAP), Enrique Agüera Ibáñez, presentará el sábado 9 de septiembre su examen para obtener el grado de maestro en Derecho Constitucional por parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), con la tesis "Implicaciones de la Reforma Político-Jurídica de 1996". El hecho no puede pasar inadvertido, pues el director de la facultad de Administración Pública de la UAP es mencionado como uno de los posibles sucesores de Enrique Doger Guerrero. Un dato adicional que vale la pena destacar es que Enrique Agüera tuvo como compañeros de generación en esta maestría al ex rector José Doger Corte y al actual secretario general de la UAP, Guillermo Nares Rodríguez, quien en uno o dos meses más presentará también su examen de grado. ***** Dos funcionarios de la administración pública estatal que andan presumiendo sus ligas con personajes del futuro gobierno de Vicente Fox son René Meza Cabrera y Javier Fregoso Sánchez, representante del gobierno de Puebla en el Distrito Federal y secretario técnico del Sistema DIF, respectivamente. El primero dice ser íntimo de Fausto Alzati, incluso padrino de uno de sus hijos, y Fregoso amigo de Luis Ernesto Derbez desde los tiempos en que ambos se conocieron como vicerrectores en la Universidad de las Américas. ***** Una trivia para iniciados: ¿Quién es el rector que a trasmano figura como accionista de una estación radiofónica, en sociedad con el empresario Alberto Ventosa Coghlan y el periodista Fernando Alberto Crisanto Campos, quienes, por lo visto, han encontrado en la máxima casa de estadios de la entidad un jugoso filón de negocios? ***** El escritor Carlos Monsiváis estará en Puebla los días 11 y 12 de los corrientes; el lunes impartirá una conferencia en la UAP bajo el título "Muerte y Resurrección del Humanismo en México" y al otro día, el martes 12, el Consejo Universitario de la institución lo nombrará Doctor Honoris Causa. ***** La convocatoria para la elección de directores en la preparatoria Simón Bolivar de Atlixco, la escuela de Lenguas y las facultades de Ingeniería Química y Físico-Matemáticas de la UAP, que hoy se publicaría, se retrasará por unos días debido a que la rectoría aún no logra los consensos con los grupos políticos que aspiran a dirigir esas cuatro unidades académicas. ***** El juez que dejó en libertad a los agresores del párroco de La Unión Zihuateutla, Jaime Patiño Zamora, acaba de ser premiado por los magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, a cargo de Elba Rojas Bruschetta. Los enterados aseguran que el subsecretario de Gobernación, René Lechuga Fosado, pariente de Miguel Angel Lechuga Sisniega y Adrián Lechuga, no estuvo al margen del nombramiento. ***** El ex presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Eduardo García Suárez, anda cabildeando la conformación de un partido estatal. Entre los personajes que figuran en su agenda destacan el gobernador Melquiades Morales Flores y el presidente de la casi extinta Comisión Estatal Electoral, Sergio Reguero Placeres. ***** Por cierto, este viernes será "destapado" el empresario Jorge Hijar Sosa como candidato a la Presidencia Municipal del Partido Popular que promueve García Suárez. El acto consistirá en un desayuno que Jorge Hijar ofrecerá a una veintena de empresarios en su domicilio de la colonia La Paz, en la casa situada en la esquina que forman las calles Tecamachalco y Tehuacán. ***** La decisión de apresurar el nombramiento de Juan Nehemías García como presidente provisional del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en sustitución del diputado federal Luis Miguel Barbosa Huerta, se reduce a un asunto de pesos. Y es que los grupos perredistas inconformes con su gestión no quieren que éste reciba -y mucho menos maneje- el financiamiento público que la Comisión Estatal Electoral entregará este mes al partido, algo así como 200 mil pesos. Sin embargo, la decisión final de quién será el presidente interino del sol azteca y responsable de organizar las elecciones internas, la tomará el Consejo Estatal en su sesión del próximo 23 de septiembre. Uno que ya se apuntó para esta cruzada es Mario Villar Borja, con el apoyo de los diputados locales Horacio Gaspar Lima y Susana Wuotto Cruz. Otros que también quieren son los mencionados aquí el lunes pasado: Servando Galindo Ríos y el diputado Carlos Balderas Ceballos. ***** Un perredista que pronto enseñó el cobre, con el caso de los estudiantes rechazados de la UAP, es Ramiro León Flores, quien en aras de guardar un prudente silencio sobre el tema solicitó ser contratado como profesor, que su hermana mantenga la cafetería de la facultad de Derecho y que su esposa conserve su plaza en el área de Servicio Social de la benemérita institución. Los perredistas que saben del trasfondo de esta negociación aseguran que a Ramiro León sólo le faltó pedir un sueldo similar al que cobra su ex camarada perredista Sergio Díaz Carranza en la preparatoria Benito Juárez. ***** Y hasta la próxima.