Soapap, ineptitud y corrupción

* Soapap, ineptitud y corrupción.

* Angelópolis: Licitación en puerta.

* Las encuestas de Mckinsey Co.

Ahora que las autoridades pretenden incrementar nuevamente las tarifas de agua potable, no estaría por demás que primero explicarán cómo ha venido funcionando el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, si es justo que la ciudadanía pague la ineficiencia y corrupción de sus funcionarios sin chistar nada y qué sanciones tendrán los ex directivos del Soapap luego de la auditoría practicada a esta paramunicipal.

Un informe en poder del reportero, suscrito por el contralor municipal Antonio Fernández Brito, con fecha 28 de marzo de 1994, revela que durante la gestión de Héctor Pérez Morales, en el Soapap no sólo privó la ineptitud, sino que la corrupción se enseñoreó en casi todas sus áreas.

El informe en cuestión, del que por cierto recibieron copia el presidente municipal, Rafael Cañedo Benítez y el ex síndico Ricardo Menéndez Haces, se refiere a una revisión de los estados financieros, libros de contabilidad, cortes de caja, controles, y registros de los ingresos y gastos efectuados por el Soapap en 1993.

Entre las irregularidades que los auditores de la Contraloría Municipal descubrieron, destacan la presencia de ``aviadores'', la duplicidad de pago a funcionarios, el cobro de facturas por obras y servicios ajenos al Soapap, la realización de concursos amañados y la existencia de millonarios faltantes en las arcas de este organismo.

En el apartado denominado ``Estados Financieros'', el informe revela la existencia de un diferencia contable por NS796,441.80 (setecientos noventa y seis mil cuatrocientos cuarenta y un nuevos pesos 80/100), producto del análisis documental de los ingresos del organismo entre el 16 de febrero y el 31 de agosto de 1993.

Además, añade que al practicarse un arqueo de caja se detectó otro faltante por N$122.80.

En la tercera hoja del informe, bajo el subtítulo Factibilidad, se afirma que ``como resultado del análisis de las factibilidades por derechos de tomas domiciliarias de agua, se encontró que en algunas de ellas únicamente se cobró el 30% y no el 50%, como lo establece la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla.

``El importe no cobrado por este concepto asciende a la cantidad de N$764,110.15 (setecientos sesenta y cuatro mil ciento diez nuevos pesos 15/100)''.

Las personas beneficiadas con este ``error'' del Soapap son Enrique Ibarra Barrios, Juan E. García Soabedra, Construcciones Medina S.A de C.V, Grupo Construcciones de Desarrollo Inmobiliario, Francisco López Meza y Asociados, y Ramón Velazco Apango.

El mismo informe señala, por otra parte, la existencia de diversos expedientes de contribuyentes a quienes hasta el 31 de agosto de 1993 el Soapap no les había hecho llegar ningún requerimiento, pese a que el importe a pagar por ellos ascendía a N$1'316,463.51.

En un segundo apartado titulado ``Gastos Realizados'', Fernández Brito pone de manifiesto la falta de controles y criterios específicos en asuntos como el pago de salarios, gasolina, refacciones y mantenimiento de vehículos y el pago de facturas por concepto de diagnóstico, mantenimiento de equipo y suministro de hipoclórito.

Sobre las remuneraciones al personal, la revisión detectó la presencia de ``291 casos de personal de base y contrato que prestan sus servicios en el Soapap, y que además de cobrar en este organismo lo hacen también en el H. ayuntamiento''.

``La erogación que por duplicidad de pagos realiza el H. ayuntamiento asciende mensualmente a la cantidad de N$173,093.30 (ciento setenta y tres mil noventa y tres nuevos pesos 30/100)''.

Otra irregularidad que también arrojó la investigación fue la existencia de 53 casos de personas que cobraban en el Soapap sin prestar ningún tipo de servicio.

Por cuanto hace al consumo de gasolina entre los meses de febrero y agosto de 1993, la revisión determinó una diferencia de N$154,278.49 por gastos no comprobados.

Lo mismo sucedió en el rubro de refacciones y mantenimiento de vehículos, en donde la diferencia fue mayor -de 220,209.35 nuevos pesos-, amén de que otros gastos por un importe de N$48,007.00 no fueron justificados ni autorizados por tratarse de refacciones de vehículos particulares y unidades de otras dependencias ajenas al Soapap.

Esta constante se extiende al pago de facturas en favor de la empresa Humaya Ingeniería y Servicios S.A de C.V, en relación a la operación y mantenimiento de equipos de cloración y monitoreo en la red de distribución, la detección y evaluación de fugas y la contratación de estudios electromecánicos de pozos profundos, suministro e instalación de capacitores, servicios por los cuales cobró puntualmente e incluso por encima de lo convenido pese a que no cumplió con los términos establecidos en los contratos y que entregó facturas sin detallar estimaciones de obra ejecutada ni los conceptos que éstas amparan.

Pero las irrregularidades no paran aquí, ya que en la revisión de gastos, los auditores Jorge Sergio Sánchez Lima y Oscar Barranco Ocaña determinaron que el Soapap pagó facturas carentes de requisitos fiscales, a nombre de terceros, e improcedentes por montos que ascienden a N$144,743.49, N$132,757.05 y N$634,529.00 respectivamente, que sumadas representan el 77.2% del gasto ejercido entre 1 de enero y el 31 de agosto de 1993.

Finalmente, el informe dá cuenta de una licitación convocada por el Soapap, para la adquisición de un equipo de desazolve de drenaje, cuyo fallo tuvo que ser anuluado por la Dirección de Inconformidades de la Contraloría General de la Federación, mediante oficio No. 222.4,854/93 de fecha 27 de diciembre de 1993, toda vez que la empresa que resultó ganadora no garantizaba las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias a que alude el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones.

Hasta aquí el informe que Fernández Brito dirigió al entonces director del Soapap, Héctor Pérez Morales, solicitándole llevara a cabo las acciones correctivas necesarias, antes de que la Contraloría Municipal a su cargo hiciera lo propio.

De lo arriba descrito, vale una pregunta a manera de colofón: ¿Por qué no en lugar de aumentar las tarifas de agua potable con un nuevo derecho por concepto de saneamiento, el ayuntamiento mejor trata de limpiar el Soapap, pero no con renuncias como las de Héctor Pérez Morales, Fernando Loyola Vargas y Osvaldo Huerta Aquino, sino combatiendo a fondo la corrupción, la ineptitud y la ineficiencia de muchos de sus funcionarios?

Ojala.

INTRAMUROS.

Dos asuntos de vital importancia han comenzado a ventilarse en las reuniones del llamado Pacto Social, que lunes a lunes se realizan en la Secretaría de Economía bajo la coordinación de su titular, Mario Riestra Venegas.

Ambos asuntos tienen que ver con el costo de la recolección de basura y el suministro de agua potable.

Por cuanto al primero, los funcionarios del Organismo Operador de los Servicio de Limpia han reconocido que el costo promedio que el ayuntamiento paga a los actuales concesionarios por tonelada de basura en el tiradero municipal es de 90 nuevos pesos, no obstante, el ayuntamiento cobra a las empresas N$290 por tolenada, es decir 200 nuevos pesos más.

Con el vital líquido sucede exactamente lo mismo, ya que mientras el costo de un metro cúbico de agua potable es de un peso, el ayuntamiento lo cobra en 2.71, esto es 170% más caro.

Así las cosas, no han sido pocos los asistentes a esas reuniones del Pacto Social que han salido convencidos que el ayuntamiento de Puebla más que elevar las tarifas por recolección de basura y agua potable, debiera reducirlas en función del amplio margen que hay entre el costo del servicio y lo que se cobra al contribuyente.

EN CORTO.

Este lunes se conocerá la convocatoria para la prestación del servicio de barrido, recolección y transporte al sitio de disposición final de los desechos sólidos; las bases de lo que será la licitación estuvieron a cargo de la empresa Anáhuac. Entre los grupos que se perfilan para participar por el contrato de concesión a 15 años figuran el Consorcio de los Yunes, en el que participan buena parte de los actuales concesionarios encabezados por César Yunes Arellano y José Yúnez Naude; Constructora y Proveedora para el Servicio Público S.A de C.V, de Mario Mendivil Blanco y su asociada Procesa, Ingeniería y Ecología S.A de C.V; Inmobiliaria Abandanes S.A y su asociada Apycsa S.A de C.V, de los hermanos Abed Rovanett; e ICA en sociedad con Constructora El Carmen S.A de C.V., de Eduardo García Suárez. ***** Nada bien librado saldrá el presidente municipal de Teziutlán, el panista Jesús Macip Ríos, de la auditoría que le realiza la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del estado; por el momento el proceso se encuentra en la etapa de solventación de cargos por un importe de más de 6 millones de nuevos pesos. ***** Alberto Amador Leal podría regresar a Puebla en calidad de delegado de la Secretaría de Desarrollo Social. ***** Poco eco ha encontrado entre los comerciantes poblanos la iniciativa de la Alianza Nacional de Empresarios y Comerciantes de Centros Históricos de constituir aquí una filial. Esta organización, al parecer electorera, es encabezada por Guillermo Gazal, líder de Procentrico en el Distrito Federal. ***** La firma Mckinsey Co., a la que tan afectas son nuestras autoridades, acaba de realizar un estudio sobre preferencias electorales y nivel de penetración de los campañas de los candidatos del PRI, con resultados que dejan muy parados a Matilde del Mar Hidalgo y García Barna, Cándido Pérez Verduzco, y Pedro Pablo Aceves, aspirantes por los distritos IX, X y XIII respectivamente. Algunos antagonistas del líder estatal priísta, Víctor Hugo Islas Hernández, afirman que el tampoco salió muy bien librado como candidato a diputado federal por el III distrito electoral con cabecera en Cholula. ¿Será? ***** A propósito de campañas, el gobernador Manuel Bartlett Díaz tiene previsto realizar de aquí a las elecciones algo así como nueve giras de trabajo por la capital del estado, en las que entregará diversas obras y pondrá en marcha otras. ***** Este fin de semana Raúl Chacón se despidió de la Cámara de Comercio de Puebla, al presentar su renuncia a la Gerencia de Comunicación e Imagen de este organismo empresarial, uno de los más importantes de la Iniciativa Privada de la entidad. ***** No pasará mucho tiempo antes de que el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Armando Flores Patiño, sea llamado a cuentas por la realización de un camino en la población de San Juan Cuauhtémoc, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan, ya que a menos de quince días de haber sido inaugurado uno de sus puentes ha comenzado a hundirse. Por lo pronto, uno que ya se quejó de esa obra es el subsecretario de Inversión y Planeación de la Secretaría de Finanzas, Julio César Bouchot. **** Este miércoles se conocerá el nombre de quien habrá de sustituir al recién nombrado obispo de Huejutla, Hidalgo, Salvador Martínez Pérez, en la rectoría del Seminario Palafoxiano. El nombramiento será dado a conocer por el arzobispo Rosendo Huesca Pacheco durante la ceremonia de apertura de cursos de esta institución religiosa. ***** Y hasta el próximo lunes.