La solicitud que los directivos de las escuelas incorporadas a la Universidad Autónoma de Puebla hicieron al rector Enrique Doger Guerrero, el martes pasado, de no permitir la apertura de nuevas instituciones de educación superior, refleja en buena medida la ambición de un grupo de funcionarios y ex funcionarios de esta casa de estudios metidos a este negocio.

Veamos por qué.

Primero habría que recordar que estas escuelas incorporadas fueron concebidas con un claro interés de lucro, a partir de la disposición del entonces rector de la UAP, José Doger, de reducir la matrícula de algunas facultades de la institución, como Derecho, Administración, Contaduría y Medicina.

La medida resultó tan buen negocio que hasta José Doger decidió tener su propia universidad, en sociedad con su secretario particular Edmundo Cabello y su esposa Julia Hernández, a la sazón directora de Administración Escolar de la UAP.

Pero no fueron los únicos. Al negocio de las incorporadas también le entraron Víctor Espíndola Cabrera, Guillermo Nares Rodríguez, Jorge Sánchez Zacarías, Germán Molina Carrillo y Enrique Agüera Ibañez, por mencionar sólo algunos.

Sobra decir que todos ellos se han enriquecido, a costa de la UAP, que por un lado les asegura el mercado de estudiantes con cientos o miles de rechazados que no aprueban el examen del College Board y, por otro lado, les garantiza una serie de prebendas dada su condición de funcionarios universitarios.

O quién puede creer que el secretario general de la UAP, Guillermo Nares, va a ponerse estricto para que su escuela cumpla al pie de letra todos los requisitos y obligaciones que conlleva la incorporación, o que vaya a ser lo propio con el hoy jefe de la Unidad de Asesores, Víctor Espíndola o con el próximo director de la Facultad de Administración, Enrique Agüera. La verdad es que nadie.

Por ello, sostengo que la petición que hicieron al rector Enrique Doger de no permitir la apertura indiscriminada o incorporación de nuevas escuelas resulta ridícula y fuera de lugar, porque en realidad su exigencia es otra: que el nuevo rector no se me meta con sus negocios, ni vaya a tener la ocurrencia de escamotearles un mercado que hoy tienen asegurado, vía los rechazados de la UAP.

 

EN CORTO

Este viernes sesionará el Consejo Universitario de la UAP, donde Lauro Castillo Sánchez será nombrado abogado general de la institución y los contadores Armando Valerdi Rojas y Alfonso Esparza serán ratificados como tesorero y auditor generales, respectivamente. ***** En dicha sesión, por cierto, se aprobarán siete nuevas maestrías, cuatro de las cuales corresponden a Ingeniería Civil, siendo éstas las de la Construcción, Estructuras, Geotecnia e Ingeniería Ambiental. Las tres restantes son Diseño Arquitectónico que se abrirá en Arquitectura; Estética y Arte, en Filosofía y Letras; y Gobierno y Políticas Públicas, en Administración. ***** El coordinador general de Intercambio Académico y Relaciones Internacionales de la UAP, Jorge Chávez Ramírez, pronto estrenará oficinas en el edificio Carolino, en lo que fueron las aulas de la escuela de Biología. ***** El pasado 15 de octubre, Francisco Hemmelhainz Naveda se despidió del ayuntamiento de Puebla, cuentan que desilusionado porque sus consejos cada vez se oían menos. ***** Francisco Javier Torres Sánchez fue electo ayer presidente del Comité Municipal de Puebla, en una asamblea caracterizada por el glamour de los panistas capitalinos. La suya pareció una convención empresarial, mas que un acto partidista. Otro Francisco Javier, pero de apellidos Arrubarrena García, también fue designado la semana pasada director jurídico de la Secretaría General del ayuntamiento de Puebla, en sustitución de Alberto Islas González. ***** Siguen apareciendo acreedores de la dirigencia estatal de la CNOP. El miércoles pasado, abogados del Jurídico de Teléfonos de México se apersonaron en las oficinas de la 9 Oriente para exigir el pago vencido de cuatro líneas telefónicas, sin que el líder saliente de esa organización priísta, Humberto Gutiérrez Manzano, les diera la cara. ***** El candidato opositor a la Secretaría General de la CNOP en la entidad, Edmundo Briones, se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para el candidato oficial, Julio César Bouchot Garrido. Este fin de semana, por ejemplo, casi provoca un enfrentamiento durante un encuentro femenil en el auditorio de la SAGAR. Los simpatizantes del ex subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas deberían saber que Edmundo Briones no actúa sólo, sino con el respaldo de algunas gentes estrechamente vinculadas al líder saliente del sector popular, como José Ríos Arias, José Luis Galindo y Roberto Inclán, por lo que no habría que descartar una sorpresa el próximo jueves 30 de los corrientes en que será electo el sucesor de Gutiérrez Manzano. ***** Durante la Tercera Reunión Nacional de Presidentes Municipales Priístas, en la cual se constituyó la Federación Nacional de Municipios A.C., la alcaldesa de Huaquechula, Puebla, María Isabel Merlo Talavera, fue designada presidenta de la Zona Sur, que comprende precisamente a todos los estados del sureste de la República Mexicana. ***** Este sábado contrajeron nupcias los hijos de dos influyentes empresarios políticos de la entidad, Ricardo Menéndez Haces y José Cernicchiaro Maimone. Sobra decir que el evento social reunió a lo más selecto de la clase política, pues a él acudieron desde el gobernador Manuel Bartlett Díaz hasta los aspirantes del PRI a sucederlo, como Melquiades Morales Flores, José Luis Flores Hernández y Germán Sierra Sánchez, así como otros políticos importantes tanto del tricolor como del PAN, entre los que figuraron Jaime Aguilar Alvarez, Luis Antonio Godina Herrera, Francisco Fraile García y Ricardo Villa Escalera. ***** A propósito de la comida que los contrayentes ofrecieron a sus amigos y a los invitados de sus papás, a cargo por cierto de Servicios de Banquetes Mayita, cuentan que en una de las mesas instaladas en el amplio jardín de la casa de Ricardo Menéndez, allá por Zavaleta, se sentaron juntos los integrantes de la autollamada Corriente Independiente de la Canaco, que no son otros que los empresarios priístas Valentín Díez Fernández, Marian Foitzik y Máximo Caso Menéndez.

 

CARTA ACLARATORIA

Sr. Director:

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo y a la vez manifestarle que en la columna "Entrelíneas" del periódico El Universal del pasado lunes 20 de octubre que usted escribe, hace referencia al suscrito con acusaciones a todas luces carentes de fundamento y apego a la verdad, por lo que me veo precisado a discrepar y a desmentir tales aseveraciones.

En primera instancia usted afirma que la Contraloría a mi cargo no solo no castiga a los funcionarios corruptos, sino que acepta que éstos sean indemnizados con sumas que van de los $50,000.00 a los $100,000.00 pesos, situación que es falsa, ya que de acuerdo a la ley son diversas las causas por las que un servidor público se puede separar de su empleo, pero lo que respecta a la "relación laboral" no es competencia de la Contraloría Municipal, ya que corresponde a la Dirección de Personal manejar este tipo de asuntos, y en su caso, ventilarlos ante el Honorable Tribunal de Arbitraje del Ayuntamiento, de tal manera que el inculpar a la Contraloría de incurrir en este tipo de irregularidades me hace pensar que existe de parte de usted un total desconocimiento de las atribuciones de cada dependencia, o una actitud dolosa hacia mi persona o hacia el Ayuntamiento de Puebla.

Por otra parte al referirse a la falta de castigo a los funcionarios corruptos, incurre igualmente en un total desconocimiento de como esta Contraloría a mi cargo ha venido desarrollando los procedimientos administrativos siempre dentro del marco de la ley, ya que se han dictado resoluciones que van de la destitución, hasta la inhabilitación en el servicio público del acusado, entre otras, y si a algún servidor público no se le ha sancionado es porque no existieron elementos para acreditar la responsabilidad.

Por lo que respecta a los señores CC. Jorge Pérez Lara Vicuña y Ricardo Monreal Hernández debe quedar claro que hubo una exhaustiva investigación así como una fuerte defensa por parte de los acusados, sin embargo se dictó en su oportunidad la sanción que correspondía de acuerdo a las faltas administrativas fehacientemente probadas, ordenándose la suspensión de sus empleos, resolución que actualmente se encuentra firme.

Por lo anterior mucho le agradeceré se sirva rectificar sus afirmaciones y publicar esta carta que contiene mi inconformidad ante los señalamientos contra mi persona.

Abrir espacio y derecho a réplica a los lectores ha sido una característica que ha distinguido el profesionalismo y la formalidad periodística de El Universal.

Atentamente.

C.P. Raúl Barranco Tenorio

Contralor Municipal

H. Puebla de Z., a 23 de octubre de 1997

RESPUESTA

            Después de leer y releer su carta, creo que los juicios que he realizado sobre su desempeño como Contralor Municipal en la pasada y en anteriores entregas de Entrelíneas, me parece que están más que fundados.

Veamos por qué.

1. Si realmente Jorge Perezlara Vicuña y Ricardo Monreal Hernández no fueron indemnizados, como usted dice, entonces qué conceptos cubren los cheques que recientemente les entregaron. ¿Acaso su silencio, un cohecho o simplemente un premio a la habilidad que éstos tuvieron para revertir en contra del ayuntamiento las conclusiones de la auditoría efectuada por la Contraloría Municipal que usted dirige?

2. Respecto a su apreciación de que tales pagos no son de su competencia, sino de la desaparecida Dirección de Personal con quien Jorge Perezlara y Ricardo Monreal mantuvieron una ``relación laboral'', creo, con todo respeto, que sus aseveraciones no sólo carecen de lógica, sino del más elemental conocimiento jurídico sobre sus atribuciones.

En primer lugar, porque el entonces director de Personal, Javier López Rosete, era un funcionario sujeto a Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo mismo que sus actos y resoluciones como titular de la dependencia encargada de los recursos humanos y las relaciones laborales del ayuntamiento.

Su argumento es absurdo. Aceptarlo sería tanto como suponer que la Contraloría nada tiene qué decir, hacer u opinar en asuntos como la contratación, el pago o despido de funcionarios municipales, porque tales cuestiones competen o competían única y exclusivamente a la Dirección de Personal.

Y en segundo término, quisiera recordarle que el artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal establece con toda claridad en sus fracciones I, II, XI y XII que los contralores de los ayuntamientos están obligados a inspeccionar el ejercicio del gasto público, a vigilar los recursos patrimoniales del Municipio, así como el cumplimiento de normas y disposiciones sobre contratación y pago de personal y a emitir su opinión sobre la administración de recursos humanos, materiales y financieros.

Si usted desconoce sus atribuciones la culpa no es mía, sino de usted y de quien lo contrató.

3. Finalmente, por lo que hace al desempeño de la Contraloría y de usted en lo particular en los casos de corrupción que en la actual gestión municipal se han conocido, permítame insistir que los resultados son magros.

O qué explicación podría dar usted a la opinión pública sobre las auditorías que la dependencia a su cargo realizó para investigar la venta fraudulenta de 28 vehículos seminuevos en calidad de chatarra al final de la pasada administración municipal, los errores en la construcción de los puentes edificados sobre el río Alseseca que provocaron la muerte de 18 personas, el desvío de recursos municipales para remodelar las oficinas del PRI de la 5 Poniente 122, los fraudes en el Departamento de Nóminas y la doble facturación en las oficinas del Impuesto Predial, ilícito en el que según sus propias palabras estuvieron involucrados desde el presidente municipal Rafael Cañedo Benítez hasta las cajeras Josefina Flores, Lourdes Bonifacio, Nohemí Romero y Verónica Mayoral.

Creo que poco, pero muy poco, ya que la mayor parte de los funcionarios supuestamente sancionados por usted, no sólo han logrado demostrar que el procedimiento que se les siguió para inhabilitarlos estuvo malhecho, sino que han conseguido echar abajo sus resoluciones por la vía jurídica.

¿O acaso me equivoco?, es pregunta, que conste.

Atentamente.

Rodolfo Ruiz R.