¿Es realmente la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del estado el máximo organismo de fiscalización  y control gubernamental de la entidad? ¿Efectivamente revisa, sin excepción, las cuentas de los ayuntamientos y todas aquellas instituciones públicas y privadas que administran fondos del erario estatal, sin otro propósito que vigilar su correcta aplicación y apegándose no sólo a los ordenamientos legales vigentes, sino a criterios de objetividad, imparcialidad y justicia?

En lo personal creo que no, que la Contaduría Mayor de Hacienda no sólo está muy lejos de ser el máximo órgano de fiscalización y control gubernamental del estado, sino de cumplir a cabalidad los fines y propósitos para que fue creada, allá por mayo de 1932, como Contaduría General de Glosa.

Ni antes ni ahora la Contaduría Mayor de Hacienda -que funciona con tal nombre desde julio de 1990 en que se aprobó su Ley Orgánica y Reglamentaria vigente- ha encontrado la manera de que los caudales públicos se ejerzan con honradez, transparencia y eficiencia.

Ha sido desde siempre una caja negra al servicio de los gobernadores en turno, quienes lo mismo la han utilizado para acosar a presidentes municipales y funcionarios incómodos, que para ``limpiar'' o ``regularizar'' las operaciones que al margen de los ordenamientos legales efectuaron, ellos o sus subordinados, en el ejercicio de sus funciones.

Esta situación no ha cambiado, sino por el contrario. En la actual administración estatal, la Contaduría Mayor de Hacienda y su titular, Raúl Victoria Iragorri, no sólo se han convertido en los principales hostigadores de los ayuntamientos de oposición, sino en la tapadera de un buen número de funcionarios y ex funcionarios corruptos.

A efecto de hacer un análisis del desempeño de esta importante dependencia del Poder Legislativo, quizá sea oportuno centrar nuestros comentarios en cuatro puntos: la discrecionalidad del contador mayor de Hacienda, la supeditación del Congreso del estado y por tanto de la Contaduría al gobernador Manuel Bartlett Díaz, la aplicación de auditorías con uso faccioso partidista, y la pugna al interior de este órgano de fiscalización y control entre dos grupos políticos.

 

1. ¿Quién supervisa al contador?

Si bien es cierto que la Ley Orgánica y Reglamentaria de la Contaduría Mayor de Hacienda establece que el titular de ésta es un subordinado de la Cámara de Diputados y en concreto de los legisladores miembros de la Comisión Inspectora, la verdad es que en los hechos Raúl Victoria actúa con una gran discrecionalidad.

Nadie que no sea el gobernador Manuel Bartlett, el presidente del Congreso, Carlos Palafox Vázquez y, si acaso, el diputado Enrique Nácer Hernández, pueden valorar su desempeño.

Fuera de ellos ninguna autoridad u órgano del Poder Legislativo está en condiciones de llamarlo a cuentas o pedirle informes para saber qué hace, cómo y con quién. Sus emolumentos son, por supuesto, un misterio, lo mismo que la nómina de su personal y equipo de confianza, no sólo para la ciudadanía sino para los diputados locales, aun aquellos que se supone son sus superiores como Carlos Barrientos de la Rosa, Blanca Alcalá Ruiz, Joel Cuevas Téllez, Laura Roldán Rubio y Jorge Ehlinger Coghlan, todos ellos miembros de la Comisión Inspectora de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Lo único que se sabe es que Raúl Victoria gana un sueldo superior a los 30,000 pesos mensuales, que su cargo se lo debe al hoy diputado federal electo Miguel Quirós Pérez y que en la nómina de la Contaduría no escasean sus amigos, compadres y familiares, como Ana Luisa Balcázar Victoria y Patricia Isabel Victoria Zárate, quienes el pasado 31 de julio fueron dadas de baja tras las protestas de la bancada panista.

Quizá el ejemplo que mejor prueba la discrecionalidad en el ejercicio de las funciones de Raúl Victoria, es que en lo que va de la actual legislatura local, la cuenta pública de la Contaduría jamás ha sido revisada, ya no por el pleno del Congreso, sino ni siquiera por los diputados miembros de la Comisión Inspectora.

 

2. ¿Quién debe auditar a quién?

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su artículo 113, claramente establece que corresponde a la Contaduría Mayor de Hacienda la revisión, sin excepción, de las cuentas de los caudales públicos de la hacienda estatal, lo que por supuesto, incluye las operaciones, programas de inversión, subsidios y partidas presupuestales del Ejecutivo y las entidades gubernamentales a su cargo.

No obstante, en la práctica ocurre lo contrario: es el gobernador el que vigila y controla al Congreso del estado, y a la Contaduría Mayor de Hacienda en consecuencia.

El año pasado, por ejemplo, la Contaduría fue objeto de una auditoría por parte de uno de los despachos favoritos del mandatario estatal en turno, López Ochoa y Asociados S.C., sin la autorización del pleno de la Cámara de Diputados o la Comisión Inspectora, que a la fecha desconocen los resultados de tal revisión y los fundamentos legales que los socios del referido despacho, Salvador López López y Francisco Ochoa Segura, tuvieron para auditar al que se supone es el máximo organismo de fiscalización y control gubernamental de la entidad.

 

3. ¿Organo imparcial o instrumento del PRI?

La respuesta es evidente. Desde su creación, la Contaduría nunca ha sido un organismo ajeno a las pugnas por el poder. Antes y ahora se ha utilizado para acosar u hostigar a aquellos funcionarios que aun siendo del mismo partido mantienen posiciones encontradas con el poderoso en turno.

Esto significa que la Contaduría no sólo ejerce sus funciones en prejuicio de las autoridades emanadas de un partido de oposición, como ocurre en la actualidad con el ayuntamiento de Puebla, sino también en contra de aquellas que siendo del PRI no gozan de la simpatía del gobernador, el secretario de Gobernación, el presidente del PRI, el líder del Congreso del estado o el titular de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Una cosa es cierta: en el sexenio de Mariano Piña Olaya y en lo que va de la gestión de Manuel Bartlett, los ayuntamientos de oposición son parte de una lista negra de la Contaduría, para efectos de fiscalización y control.

También es cierto que Raúl Victoria recibe órdenes de no meterse en ciertos ayuntamientos, dependencias e instituciones, cuyas cuentas generalmente son auditadas por despachos externos. La Universidad Autónoma de Puebla, por ejemplo, la Contaduría Mayor de Hacienda jamás ha hecho llegar un pliego de observaciones sobre el uso y aplicación del subsidio que le otorga el gobierno del estado, pese a las evidentes manifestaciones de corrupción de algunas de sus autoridades.

En suma, es posible afirmar que las auditorías y revisiones que lleva a cabo la Contaduría Mayor de Hacienda no obedecen a criterios administrativos o de control, sino a intereses políticos, la mayoría de las veces por motivos partidistas, para presionar a ciertos ayuntamientos y entidades públicas o privadas que reciben fondos públicos, para plegarse a los directrices del poderoso en turno.

 

4.¿Es la Contaduría un órgano hegemónico de un grupo político?

La respuesta a esta interrogante es ambivalente: sí y no. Sí, porque la estructura cupular de la Contaduría Mayor de Hacienda está dominada por miembros de un solo partido político, es decir del PRI; y no, porque aunque priístas todos, unos pertecenen al grupo de Miguel Quirós y otros al del ex contralor del estado y actual diputado federal electo, Jorge Estefan Chidiac.

Raúl Victoria Iragorri es, como ya dijimos, gente de Miguel Quirós, lo mismo que el subcontador de Control, Víctor Sánchez Ruiz y el secretario técnico de la Contaduría, Sergio Pérez Valladolid.

El grupo de Jorge Estefan lo integran el presidente de la Comisión Inspectora de la Contaduría, diputado Enrique Nácer Hernández y el subcontador de Auditoría, Juan Carlos Gazal de Anda.

La pugna entre estos dos grupos ha dejado varios damnificados, empezando por el despido del que fuera subcontador de Auditoría antes de Juan Carlos Gazal, José Tapia Tovar, quien en la pasada campaña política reapareció al lado de Quirós Pérez, como coordinador administrativo de su campaña a diputado federal por el distrito 02 de Zacatlán.

Otros damnificados en esta lucha por el control de la Contaduría Mayor de Hacienda son las ya mencionadas sobrinas de Raúl Victoria, Ana Luisa Balcázar y Patricia Isabel Victoria, cuyo parentesco e ingresos fueron filtrados a los diputados panistas con la clara intención de desacreditar al responsable de esta práctica nepotista.

Las intenciones de uno y otro grupo están a la vista. El grupo de Quirós intentará mantener bajo su dominio la Contaduría Mayor de Hacienda, a sabiendas de que este organismo de fiscalización y control puede redituarle jugosos dividendos de cara a la próxima sucesión gubernamental, mientras que el grupo de Estefan y Nácer buscará impulsar un cambio, aprovechando el desconocimiento contable y las deficiencias técnicas de su actual titular, Raúl Victoria, así como la superioridad profesional que en este campo tiene el que, sin duda, es su candidato a sustituirlo, Juan Carlos Gazal.

 

El caso del ayuntamiento de Puebla

            Si tuviéramos necesidad de ejemplificar las deficiencias y torpezas con que la Contaduría Mayor de Hacienda ha venido operando en los últimos años, sin duda el caso del ayuntamiento de Puebla es el que mejor oportunidades ofrece, en especial el punto referente a la entrega de la documentación que avala la cuenta de la hacienda pública del municipio de Puebla en el trienio 1993-1996.

Las excusas y pretextos que Raúl Victoria ha venido dando a las actuales autoridades municipales, casi desde que éstas tomaron posesión en febrero de 1996, para retener la documentación contable de la gestión de Rafael Cañedo Benítez, han ido de lo sublime a lo ridículo.

Primero ignoró la petición y cuando las circunstancias lo obligaron a contestar, respondió que la documentación de Puebla se entregaría junto con la del resto de los 217 municipios de la entidad atendiendo un programa por orden alfabético.

Cuando este pretexto también se le acabó, Victoria Iragorri empezó a inventar otros, cada vez más inverosímiles, que lo único que revelan es que tras su negativa se oculta una gran mentira, que vendría a poner entredicho no sólo su labor al frente de la Contaduría Mayor de Hacienda, sino los dictámenes que aprueba el Congreso del estado sobre las cuentas públicas de los ayuntamientos y el gobierno del estado.

Legalmente Raúl Victoria carece de argumentos para retener dicha documentación; políticamente, también.

No obstante, su actitud es reveladora de lo arriba expuesto, es decir de la discrecionalidad de su desempeño como servidor público que incluso le permite actuar por encima de la ley y en desacato de quienes, sólo en teoría, son sus superiores, los diputados miembros de la Comisión Inspectora de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Atisbar una respuesta sobre el porqué Raúl Victoria después de año y medio continúa reteniendo en su poder la documentación que avala la cuenta pública del municipio de Puebla en el trienio 1993-1996, a pesar de que el Congreso del estado ya la aprobó, no resulta muy arriesgado si nos atenemos al rol que Contaduría Mayor de Hacienda ha jugado en estos últimos años.

Simplemente creemos, y tenemos elementos para suponer que ello es así, que Raúl Victoria seguirá sin devolver la documentación de la gestión de Rafael Cañedo Benítez hasta en tanto no termine de ``limpiar'' o ``regularizar'', con la ayuda de Sergio Pérez Valladolid, las deficiencias que ésta presenta, pese a que, como ya afirmamos, fue auditada por un despacho supuestamente de

prestigio como Freyssinier Morín, S.C. y aprobada por la Cámara de Diputados.