Ciertamente el gobernador del estado Manuel Bartlett Díaz tiene razón cuando afirma que en los países democráticos es de lo más normal que los presidentes o jefes de Estado hagan política proselitista en favor del partido que lo llevó al poder, sin embargo miente o distorsiona la realidad cuando sostiene que México es una república plenamente democrática, en donde no hace falta ninguna transición.

Veamos por qué.

Para empezar habría que decir que la impugnación de fondo al presidente Ernesto Zedillo por su participación en el acto en que tomó protesta a los candidatos del PRI y su posterior crítica a quienes censuraron su polémica presencia, no radica en que el primer mandatario haya acudido a dicho acto, sino en su incongruencia y en el uso faccioso y patrimonial de los recursos públicos.

Zedillo y Bartlett hacen bien en argumentar por qué no consideran ilegal su asistencia a actos priístas, en defender sus derechos políticos de ciudadanos y en exhibir a quienes pretenden conculcárselos, pero olvidan un aspecto fundamental.

Fue el propio presidente de la República el que propuso la ``sana distancia'' entre la institución que representa y el PRI en su discurso de toma de posesión, el 1 de diciembre de 1994: ``como presidente de la República no intervendré bajo ninguna forma en los procesos ni en las decisiones que corresponden únicamente al partido al que pertenezco''.

Si en cualquier nación democrática del mundo un jefe de gobierno ofreciera, como lo hizo Zedillo, mantener una sana distancia con el partido que lo llevó al poder tal anuncio parecería disparatado, sin embargo en México no lo fue.

Quizá porque la democracia mexicana, a diferencia de lo que piensa el gobernador de Puebla, no es una democracia normal, o quizá porque el primer mandatario del país comprendió entonces que los mexicanos estamos hartos de esa perversa simbiosis o, en palabras de Federico Reyes Heroles, pernicioso contubernio entre el Poder Ejecutivo y el PRI, por la cual el tricolor es aún hoy considerado como un partido de Estado.

Queda claro, pues, que no estamos en contra de que el presidente Zedillo y el gobernador Bartlett hagan proselitismo partidista y defiendan, en los foros que mejor les plazca, a los candidatos y gobiernos emanados del PRI. Lo que se cuestiona, insisto, es el uso patrimonial y faccioso de los recursos públicos.

Como ciudadano, Ernesto Zedillo puede acudir a los actos de su partido, destacar las bondades de los candidatos priístas y cuestionar a los dirigentes y candidatos de la oposición, pero como jefe de gobierno no queda muy claro si, merced al enorme poder de la Presidencia de la República, puede también disponer de recursos públicos para criticar a quienes lo censuraron y transmitir, desde su despacho en Los Pinos, un mensaje propagandístico en favor del priísmo con la ayuda de su oficina de Comunicación Social.

Localmente podría decirse lo mismo, aunque en el caso de Manuel Bartlett son más las preguntas. Por ejemplo: ¿Quién pagó y cuánto costaron los folletos y desplegados publicados por él y su gobierno en la prensa local y del Distrito Federal para criticar lo mismo a consejeros ciudadanos, como Santiago Creel, que al Partido Acción Nacional y hacerse publicidad como figura política nacional? ¿Quién paga y para qué sirven las millonarias asesorías que cobran personajes como Oscar de Lassé Avellana y Guillermo Heittler Aroeste, a cuyos informes y trabajos sólo tienen acceso el gobernador y los altos dirigentes del PRI? ¿Por qué ambos asesores gubernamentales son los encargados de elaborar las encuestas, las estrategias de campaña, la imagen de los candidatos priístas y el espionaje de los grupos de oposición, con la infraestructura y ayuda a veces de empleados y funcionarios de la Dirección de Comunicación Social y la Secretaría de Gobernación del estado?

En su conferencia de prensa del pasado 15 de abril, el gobernador Bartlett sostuvo con firmeza que es totalmente absurdo comparar a México con los países del Este europeo antes de la destrucción del muro de Berlín y al PRI con los partidos dominantes de esos regímenes.

Asimismo, expresó que el sistema político mexicano no está en un proceso de transición, porque ``México es país democrático hace muchos años''.

Sobre la primera aseveración no hay duda que al ejecutivo estatal le asiste la razón, mas la segunda resulta bastante discutible, porque las transiciones a la democracia no se limitan, como él dijo, al paso de un régimen autoritario a uno democrático, ni a una frasecita publicitaria para descalificar al actual presidente de la República y a los 13 que lo antecedieron en el cargo.

México, por supuesto, está inmerso en un proceso de transición le guste o no. No para salir de un régimen autoritario, sino para pasar de un régimen semicompetitivo, con pluralismo simulado, reglas poco claras y condiciones inequititativas y sin posibilidad de alternancia, a uno plenamente competitivo, abierto y plural, con igualdad de oportunidades, partidos independientes y dispuestos a acceder el poder por la vía de las urnas y en donde la alternancia de los cargos gubernamentales, incluído el de la Presidencia de la República, pueda darse sin sobresaltos ni hechos violentos.

Quienes defienden la idea de que el sistema político mexicano es democrático y democratizador desde hace muchos años y en permanente proceso de perfección, son quienes generalmente rechazan la posibilidad de que México transite a la democracia, ofreciendo a cambio una liberalización.

Las diferencias entre una y otra no son menores: la liberalización es un recurso adaptativo, es decir, tiene que ver con la flexibilidad y continuidad del régimen en turno, mientras que la democratización es un recurso negociado entre los principales actores del proceso, que implica el cambio de un régimen por otro.

Sin embargo, la principal distinción entre una y otra radica en la posibilidad de la alternancia en el poder.

Ello no significa, como algunos suponen, que quienes pugnamos porque México se convierta en un régimen en verdad democrático necesariamente estamos casados con la idea de que el PRI tiene que perder.

Nada más absurdo. Simplemente significa que los partidos que luchan por el poder puedan acceder a él y que el perdedor pueda admitirlo y no -como asegura Fidel Velázquez- ser echado por las fuerza de las armas y que si el PRI ganó, así sea por un voto, su triunfo sea respetado y reconocido por los demás partidos contendientes.

Una última reflexión sobre la arenga del gobernador Bartlett tiene que ver con la función y actuación de los consejeros del Instituto Federal Electoral.

Para quien fuera secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral en el sexenio de Miguel de la Madrid, los consejeros ciudadanos del IFE no pueden expresar opiniones acerca de los partidos, ni criticar a una de las partes cuando son jueces.

``Ningún consejero del IFE, ni antes ni ahora, tiene derecho de hacer política de partidos. (...) no pueden estar perorando y criticando que ahora sí ya va a cambiar el sistema y que todo era una porquería y que todo estaba mal, porque están haciendo política y eso no lo pueden hacer los consejeros ciudadanos''.

Esta especie de ley mordaza por parte del gobernador es de lo más riesgosa, porque Manuel Bartlett pretende conculcar a otros lo que él como autoridad y político tanto reclama: los derechos ciudadanos de los consejeros del IFE, con el argumento de que son la autoridad y por tanto los jueces del proceso electoral.

Es decir, la ley del embudo.

Que Bartlett reclame a los consejeros ciudadanos independencia, imparcialidad y objetividad no está mal, aunque se expone a que alguno de ellos le revire pidiéndole congruencia: que actúe más como gobernador que como dirigente partidista y que rectifique aquello de que es más importante un cargo en el PRI que la gobernación del estado.

 

INTRAMUROS

            Sin que hubiera humo blanco, ayer terminó la convención que los dogeristas de la Universidad Autónoma de Puebla se fueron a realizar durante tres días a Juriquilla, Querétaro, con cargo al presupuesto de la institución.

Los cerca de 300 asistentes al encuentro, en donde se analizó y discutió el Proyecto Fénix y se elaboró el programa de trabajo con que esta corriente universitaria se presentará a las elecciones de rector, el próximo 23 de septiembre, pudieron percibir con claridad cómo andan las fuerzas internas y quién de los supuestos cuatro precandidatos es el que reúne los mayores consensos.

Conforme a las crónicas enviadas por la reportera Blanca Patricia Galindo, el ex jefe de asesores Víctor Espíndola Cabrera tuvo un grave tropiezo durante los trabajos, lo que incluso provocó su ausencia en la mesa encargada de los temas relacionados con la legislación universitaria y que varios de sus seguidores de plano se pasaran al bando de Enrique Doger Guerrero y Guillermo Nares Rodríguez.

Otros incidentes muy comentados, entre los invitados al exclusivo hotel Misión Juriquilla, fueron las críticas que no pocos consejeros hicieron a los programas de superación académica y al sistema de créditos y la escasa presencia que entre los alumnos tiene el ex vicerrector de Docencia, Eduardo Lobato Mendizábal.

Una de las conclusiones de la convención dogerista que más llamó la atención fue el proyecto de crear una nueva vicerrectoría Ejecutiva, aunque no quedó muy claro si ésta tendrá facultades sobre las ya existentes o si vendrá a reemplazar a la Secretaría General.

 

EN CORTO

            Ayer falleció en Huamantla, Tlaxcala, el padre del periodista Carlos Martín Huerta Macías, conductor y jefe del noticiario radiofónico ``Así Sucede'' que se transmite por Corporación Puebla de Radiodifusión. Vayan nuestras sinceras condolencias. ***** Este 28 de abril el Comité Ejecutivo Nacional del PRD se reunirá para determinar quién ocupará el lugar que dejó vacante el científico René Drucker, quien era el número seis de la lista de candidatos perredistas al Senado. Varias cosas pueden ocurrir. Una, que la lista de candidatos externos se modifique haciendo pasar a Cecilia Loria de la posición número nueve a la seis, que dejó Drucker, en beneficio del empresario poblano Carlos Adame Flores, quien a su vez transitaría del lugar once al nueve, o bien que el CEN perredista determine, a su libre albedrío, el nombre del sucesor de Drucker.  ***** El lunes pasado, en el café restaurante Le Chateau, el senador Fernando Herrero Arandia; el presidente municipal de San Pedro Cholula, Arturo Carranco Blanca y la diputada local Guadalupe Hinojosa Rivero se reunieron a platicar sus estrategias para hacerse del control del Partido Acción Nacional en Puebla y, de paso, de la próxima candidatura del blanquiazul a la gubernatura de Puebla. ***** Una trivia: ¿Cuál es el nombre del notario público priísta al que el vocal estatal del Instituto Federal Electoral, Marcos Rodríguez del Castillo, le encomendó la destrucción de las credenciales de elector que no fueron recogidas antes de la fecha establecida?. Cuando ello se sepa seguramente algunos partidos y consejeros acreditados ante ese órgano no tardarán en hacer oir sus protestas y expresar sus suspicacias. ***** El dirigente campesino Francisco Salas Hernández aún sigue con la herida abierta. Durante la última gira por Puebla del secretario de Agricultura, Francisco Labastida Ochoa, envió a un grupo de campesinos de la región de Libres para cuestionar la candidatura del ex delegado del Infonavit, Oscar Aguilar Hernández, con el pretexto de que no era campesino ni gente del distrito. Sin embargo, el gobernador Bartlett les salió al paso. Les dijo que Oscar no sólo era priísta, sino oriundo de Zautla, municipio perteneciente al 04 distrito. ***** La noche del sábado, en casa del regidor Ignacio Lama Amador, hubo una cena con la asistencia del ex procurador general de la República, el panista Antonio Lozano Gracia. A la reunión acudieron dirigentes panistas, funcionarios y regidores del ayuntamiento y algunos connotados empresarios. ***** Ahora, el empresario Ricardo Menéndez Haces ya no sólo promueve la Feria de Puebla, sino la gastronomía de la región. Ayer por ejemplo, en el programa de César Costa y Rebeca de Alba ``Un nuevo día'', el diputado federal dió la receta de los molotes de tinga, papa y queso. ***** Nuevos nombramientos en la Secretaría General de la Universidad Autómoma de Puebla: Nicéforo Rodríguez Gaytán fue designado secretario particular y Raymundo García García, secretario técnico. Ello, por supuesto, ocasionó ajustes en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, pues María Esther Gámez Rodríguez abandonó ya la coordinación del Bufete Jurídico, para ocupar la secretaría académica que dejó Nicéforo Rodríguez, lo que la descarta para aspirar a la dirección de esa unidad académica y le abre el camino a Emiliano Edwviges Perea para sustituir a su amigo Roberto Santacruz Fernández. ***** Y hasta la próxima.