Lo que empezó como una simple denuncia por robo de información y equipo de cómputo en agravio de la empresa Urbasic S.A. de C.V., podría convertirse en un fuerte dolor de cabeza para el gobierno que termina.

Por lo pronto el asunto ya derivó en una demanda civil por cumplimiento de contrato y pago de daños y perjuicios por un monto de 69 millones de pesos, la cual se ventila en el Juzgado 12 de lo Civil.

Y es que más allá de esta demanda y el amparo que Urbasic acaba de obtener en el Juzgado Segundo de Distrito para que el Ministerio Público integre una averiguación por robo en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedueep), el caso podría poner en el banquillo de los acusados a personajes como Eduardo Macip Zúñiga y Cástulo Ramírez Gómez-Haro.

La historia comenzó el 18 de julio de 1997. Aquella noche, personal de la Sedueep se presentó a las oficinas que el despacho Urbasic tenía en la zona de San Francisco, saqueando mapas, planos, archivos, disquetes y equipo de cómputo.

Urbasic fue contratada por el gobierno del estado para elaborar los proyectos de las unidades territoriales Solidaridad y Atlixcáyotl, que al momento del robo tenían un avance del 94%.

Con base en dichos proyectos el Congreso del Estado aprobó los planes de desarrollo para las zonas expropiadas, fijó usos de suelo y la vocación que cada una de las reservas o unidades territoriales tendría.

Aquí, el meollo de la cuestión... o del negocio si así 20se prefiere.

Y es que entre el proyecto autorizado por el Congreso del Estado para la reserva Atlixcáyotl -por ejemplo- y el que finalmente se hizo, hay un mar de distancia.

Los usos de suelos se modificaron en casi un 80% y todo para favorecer a inversionistas como Javier Sordo Madaleno y Carlos Peralta Quintero en la construcción y comercialización de una Macroplaza -Centro Comercial Angelópolis- y el primer fraccionamiento inteligente de América Latina -La Vista Country Club.

De estos hechos la Presidencia de la República ya tiene conocimiento. Tanto el presidente del Consejo de Administración de Urbasic, José Enrique Toache Porter, como el apoderado legal de la empresa, Jaime Torreblanca Coy, han hecho llegar sendas cartas al presidente Ernesto Zedillo informándole de la situación.

Sin embargo, el caso podría tomar un nuevo giro en los próximos días cuando los directivos de Urbasic presenten una denuncia ante la Contraloría de la Federación, para demandar no sólo el pago de 70 millones de pesos por los proyectos que elaboraron e ilegalmente les sustrajeron de sus oficinas, sino para investigar las modificaciones que posteriormente les hicieron en materia de uso de suelo.

En su denuncia, los directivos y abogados de Urbasic tienen a su favor pruebas contundentes. Planos que demuestran cómo los usos de suelo concebidos en el proyecto original que fueron enviados a la Sedeso para su autorización y aprobados por el Congreso del Estado, no corresponden con lo que finalmente se hizo en la reserva territorial Atlixcáyotl.

Entre el proyecto original y el real hay diferencias abismales, aunque quizás la más importante no se encuentre en los planos, mapas y disquetes que se robaron de Urbasic, sino en los millones y millones de pesos que entre uno y otro proyecto dejaron los cambios de uso de suelo que de la manga se sacaron Eduardo Macip y Cástulo Ramírez.

 

EN CORTO

            El lunes de hace ocho días, el secretario de Desarrollo Económico del estado, Mario Riestra Venegas, sostuvo un encuentro con los patrones de la Coparmex. Lo esperaban a desayunar su presidente, Pablo Rodríguez Posada, y algunos miembros de su Consejo Directivo como Carlos Solana Pumarino, Francisco Jiménez Montoto, Rogelio Sierra Michelena y Pedro Nuño de la Parra. Riestra, por su parte, llegó acompañado de los subsecretarios Silvia Hernández y Antonio López Malo y un bien memorizado guión de su exposición. Resaltó los logros del gobierno que termina, habló de inversiones, comparó resultados de Puebla con otras entidades y justificó la poca o nula atención que su Secretaría brindó a los empresarios de la Coparmex con un argumento falaz. Les dijo que por ser la Coparmex un sindicato patronal, la dependencia encargada de atender sus problemas y resolver sus peticiones era la Secretaría de Gobernación. Tal confesión no fue impedimento para que otros empresarios como Alfonso Ventura y Alejandro Carreto Ceballos se quejaran de la falta de apoyo para los inversionistas locales. El primero le recriminó que los empresarios tuvieran que costear hasta los postes de teléfonos para instalar una empresa, mientras que el segundo de plano lo exhibió. Carreto le dijo que él personalmente lo había buscado tanto por teléfono como en su oficina, sin que jamás le devolviera la llamada, ni le diera fecha para recibirlo en los ya casi seis años que lleva como secretario. Le criticó la política de brindar todo tipo de facilidades a los inversionistas extranjeros y la cerrazón para apoyar a los locales. Y, finalmente, lo ridiculizó. El expresidente de Coparmex y expresidente de la Feria de Puebla comentó que Mario Riestra es de los funcionarios que valiéndose de influencias con los embajadores de los países que visita o los directivos de las líneas aéreas comerciales compra boletos tipo turista, pero viaja en businness class, sin percatarse que ese tipo de favores dejan mal parado al gobierno del estado y a él en lo particular. ***** El director general de Banobras, José Luis Flores Hernández, no quiere perder su vecindad de poblano a pesar de trabajar en el Distrito Federal gracias a su amigo, el secretario de Hacienda, José Angel Gurría Treviño. Por lo pronto y en espera de que el destino o las circunstancias lo traigan de regreso a Puebla, el exsecretario de Finanzas ya compró un modesto terrenito en el fraccionamiento de moda, La Vista-Country Club. ***** Uno de los recomendados de Rafael Cañedo Benítez para ir a dirigir una de las instituciones del sector salud, sino es que la secretaría del ramo en el gobierno de Melquiades Morales Flores, ahora que tan de moda se han puesto los juniors es Gonzalo Maldonado Ibargüen, hijo de quien fuera secretario de Salud en el sexenio de Guillermo Jiménez Morales, Darío Maldonado Casiano. ***** El Partido de la Revolución Democrática se encuentra convertido en tierra de nadie después del reciente proceso electoral, pues todo esfuerzo por apuntalar o descabezar a su actual dirigencia se diluye en un mar de conflictos internos. De las distintas corrientes que al interior del PRD se disputan el control del sol azteca pueden distinguirse tres grupos: uno, que exige la destitución de Luis Miguel Barbosa Huerta de la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal, en el confluyen personajes como Mario Vélez Merino, Juan Nehemías García y Jorge Méndez Spínola; otro que está por que todo siga igual, lidereado por el propio Luis Miguel Barbosa, el diputado Alejandro López y los diputados electos Carlos Manuel Balderas Ceballos, Susana Wuotto Cruz y Teodoro Lozano Ramírez; y uno más que aunque mantiene una posición intermedia entre la destitución y permanencia de la actual dirigencia estatal, quisiera convertir al PRD en lo que fue el PSUM o el PMS, integrado por Gerardo Pérez Muñoz, Rubén Moreno Medina y otros miembros de la Corriente Socialista. ***** Los perredistas poblanos que quieren a toda costa que el Consejo Estatal del PRD sea convocado lo antes posible para analizar cómo se administraron los recursos del sol azteca destinados a campañas políticas se hayan en un verdadero brete. Y es que de acuerdo con los estatutos perredistas el Consejo tiene que ser convocado por tres de los cinco miembros de su directiva, y hasta ahora el único interesado en que se reúna es su presidente Rogelio Carvajal Lozano, ya que los otros cuatro integrantes responden a los intereses de Luis Miguel Barbosa. Ellos son Mauricio Gutiérrez, Carlos Balderas, Irma Ramos Galindo y Abel Ramos. La otra alternativa para convocar al Consejo es que las dos terceras partes de los 192 consejeros que lo conforman así lo soliciten, lo que parece todavía más difícil. ***** De la lista de aspirantes a obtener el favor del gobernador Manuel Bartlett Díaz para hacerse de una de las diez notarías públicas que asignará antes de concluir su mandato, apunte además de los nombres del secretario de Gobernación, Carlos Meza Viveros; el director del DIF, Pierre Gilly Díaz y el procurador de Justicia, Juan Aureliano Guzmán Mitre, a la esposa del presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Carlos Palafox Vázquez -quien ya es notario-, Rosario Galeana de Palafox; a la hija del periodista Enrique Montero Ponce -a quien el exgobernador Guillermo Jiménez ya había otorgado una notaría a su hijo Enrique- María Amparo Montero Serrano; y al subsecretario de Gobernación y expresidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Arturo Alonso García. ***** La lista de aspirantes a ocupar la vacante que Juan Antonio Badillo Torre dejará al concluir la gestión de Manuel Bartlett tiene ya dos nuevos prospectos surgidos de esta dependencia. Ellos son el subsecretario de Planeación y Evaluación Educativa, Andrés García Coca, algo así como el clon de Juan Antonio Badillo; y el subsecretario de Desarrollo Educativo, Morelos Castro Aguilar, que entre el magisterio es visto como la extensión del superasesor consentido del sexenio Luis G. Benavides Ilizaliturri. ***** Tras el fallido intento de imposición de Luis Antonio Godina Herrera para dejar sucesor en la Liga de Economistas Revolucionarios (LER), vendrá la revancha en contra de sus colegas poblanos que el pasado viernes 27 de noviembre lo pusieron en evidencia. Godina pretendía heredar la presidencia nacional de esta organización priísta a Arturo Jairo García Quintanar, mediante la descalificación de otros contendientes inscritos para participar en la asamblea: Enrique González Tiburcio y Antonio Chumacero Sánchez. La maniobra fue protestada por los economistas revolucionarios de Oaxaca y Puebla con tal ahinco que la asamblea se suspendió hasta nuevo aviso en medio de fuertes acusaciones a Luis Antonio Godina. Mientras ello sucede el también presidente virtual del Comité Directivo Estatal del PRI quiere cobrarse la afrenta. ¿Cómo? Apresurando la elección del dirigente estatal de la LER, Jorge Arroyo García, quien fiel a la tradición de este gremio lleva casi un año excedido del periodo para el que fuera electo. Y para ello tiene ya candidato: el policía político Lauro Sánchez. Otros aspirantes a relevar a Jorge Arroyo son Honorio Ojeda, quien contaría con el apoyo del actual dirigente estatal y Jesús Castro Díaz, quien entre otros respaldos cuenta con el de Carlos Franco Díaz. ***** Y hasta la próxima.

 

CARTA ACLARATORIA

 

Señor Director:

Leímos su inteligente columna: "Entrelíneas". Deseamos referirnos a la publicada el lunes 30 del mes de noviembre pasado. En el párrafo denominado: "EN CORTO" hace usted referencia al Grupo Plural al cual pertenecemos los firmantes. Ahí se afirma que:

a) Con un manifiesto que publicaremos detendríamos el intento de poner en la presidencia del PRI a Jorge Estefan Chidiac, por cierto según su escrito impulsado por el actual Ejecutivo estatal.

b) Con el mismo documento: cerraríamos el paso a Rafael Cañedo Benítez a igual deseo.

Los dos mencionados tienen carreras políticas y administrativas conocidas. Ambos son jefes de sus respectivos grupos e incluso conocen los mecanismos de acceso hacia responsabilidades de rango institucional partidario. También nosotros conocemos tales caminos. En tal virtud manifestamos hacia sus innumerables lectores nuestra incapacidad para convocar al priísmo militante, activista y simpatizantes, a caminar en un sentido o en otro. Nuestra única meta es contribuir abiertamente a generar una mayor democracia partidaria, la cual a la vez enriquecerá la democracia política nacional y de ahí mejorar la social no solo del estado republicano de Puebla, sino de nuestra Patria.

Quedamos de usted y de la empresa a la cual pertenece, sus lectores y al mismo tiempo le pedimos en términos de la Ley de Imprenta en vigor invocando el artículo 14, sea tan generoso de insertar nuestra aclaración en el mismo espacio y en la misma columna.

Respetuosamente.

Jaime Alcántara Silva

Puebla, Pue., a 2 de Diciembre de 1998.

 

REPLICA

Estimado Jaime:

En relación a la carta aclaratoria que me enviaste sólo un par de comentarios.

El primero es que tu misiva no desmiente, creo, lo aquí publicado.

Quizás porque tú mismo participaste en aquella discusión y hasta votaste en contra cuando se requirió tu voto. ¿O no?

El segundo es que si el desplegado finalmente no se publicó, es porque el encuentro para discutir el texto fue boicoteado. Simplemente los miembros del Grupo Plural con los que tuve oportunidad de checar este asunto me dijeron que se quedaron esperando la hora y el lugar de la reunión.

También me dijeron algo más. Que en realidad nunca les consultaste la carta que firmas en nombre de ellos, quienes por otra parte están más que interesados en saber por qué el gobernador te canceló la cita que habías solicitado y en conocer por qué tal hecho te provocó un enorme disgusto.

 

Atentamente

Rodolfo Ruiz.