La justicia en Puebla tiene un doble rostro: jueces que ganan mucho con respeto a sus homólogos de otros estados, y juzgados y tribunales que operan con graves rezagos que colocan a la entidad en los últimos lugares, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el despacho Gaxiola Moraila y Asociados, aparecido en el último número de la revista Este País.
Según el documento, Puebla se ubica en el lugar número treinta por la imparcialidad de los juzgadores, en el veinticuatro por la calidad profesional de éstos y en el veintisiete por la confiabilidad de los servicios periciales.
El estudio denominado “Administración de justicia en México. Indicadores en materia mercantil e hipotecaria”, da cuenta de que la entidad poblana no sólo está por debajo de la media nacional en todos los rubros analizados –excepto el salarial-, sino que siempre se ubica entre los lugares 20 y 32.
Aún más: Puebla ocupa las posiciones 28 y 26 en cuanto a imparcialidad de magistrados y jueces, respectivamente; el 28 y el 23 en la calidad de éstos y el 19 en la influencia del Ejecutivo en el desempeño de la función judicial.
Además, se coloca en los tres últimos lugares en rubros como condiciones generales de los juzgados y la suficiencia de éstos, así como en la emisión de boletines judiciales y la ejecución de resoluciones independientemente de las presiones de las partes. Otras áreas con gran rezago, son la suficiencia de recursos humanos en las salas y los procesos de ejecución.
El estudio de referencia tuvo como objeto analizar la administración de la justicia en cada una de las entidades federativas del país y determinar cómo incide ésta en la atracción de inversiones privadas y el desarrollo económico.
Y aquí, se revela que los salarios de los jueces de Puebla, que ascienden a 29 mil pesos mensuales, se ubican en el quinto lugar, sólo por debajo de los estados del Distrito Federal (49 mil pesos), México (38 mil 908), Jalisco (35 mil 064) y Baja California (33 mil 565).
Pero en contraste, la duración de los procedimientos de ejecución mercantiles e hipotecarios colocan al estado en el lugar 27, luego que los primeros tardan hasta 31.2 meses en ser resueltos, mientras los segundos se llevan hasta 33 meses y los procesos de ejecución tardan 16.7 meses.
En ejecución de sentencias Puebla también está a la zaga, pues tiene el lugar 23 y en el apoyo de la fuerza pública el 22.
Estados como Aguascalientes, Zacatecas, Tabasco y el Distrito Federal, entre otros, superan a Puebla y alcanzan las calificaciones más altas en la mayor parte de los rubros considerados por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el despacho Gaxiola Moraila.
