Octavio Escobedo, ¿difamaciones sin sustento?

En nuestra entrega anterior nos referimos a un ex funcionario del Instituto Electoral del Estado (IEE), que pese a haber defraudado al organismo durante su desempeño como jefe del Departamento de Recursos Materiales, hoy no sólo está a un paso de ganar un juicio laboral por despido injustificado, gracias a la complicidad del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Armando Toxqui Quintero, sino a punto de cobrar un jugosa liquidación de casi medio millón de pesos.

 

En respuesta, el aludido Gonzalo Octavio Escobedo Pérez envió a La Jornada de Oriente una carta aclaratoria, en la que se refirió a las acusaciones de corrupción que aquí hicimos como suposiciones y difamaciones sin sustento jurídico.

 

Con el propósito de brindar a los lectores mayores elementos de juicio sobre la actuación de Gonzalo Escobedo paso a documentar las irregularidades citadas el lunes pasado, y a detallar otras relacionadas con la compra de material de oficina y la contratación de trabajos de impresión.

 

Empecemos con la auditoría que se hizo al Departamento de Recursos Materiales en las áreas de revisión, mantenimiento y reparación de las unidades automotrices del IEE entre agosto y diciembre del 2001.

 

Según la contralora interna Dalhel Lara Gómez, durante el 2001 los gastos por servicios mecánicos de taller y por compra de refacciones se concentraron en dos proveedores: Auto Express, que facturó el 53%, y Llantera Continental, que facturó el 21%.

 

Sin embargo, en el caso de Auto Express -empresa a nombre de Elizabeth Spíndola Zechinelli-, la Contraloría descubrió que sus cotizaciones y facturas presentaban diversas inconsistencias, que dejan al descubierto una estela de corrupción. Aquí algunos ejemplos.

 

- Las fechas que registran tanto sus cotizaciones como sus facturas son las mismas.

- Los precios de sus refacciones y servicios varían hasta en 100% en menos de dos meses, como puede acreditarse en las facturas 383 y 971.

- Mediante la factura 1023, por un importe de 6 mil 80 pesos, Auto Express cobró un servicio de grúa pese a carecer de este equipo de remolque.

 

Sobre este último punto, vale la pena añadir un par de cuestiones que arrojan nuevas luces sobre los abusos y mala fe del ex jefe de Recursos Materiales del IEE.

 

Para justificar la contratación y el posterior pago de la señalada grúa, Gonzalo Escobedo hizo llegar a la Dirección Administrativa tres cotizaciones, una de Auto Express, otra de Kardar Automotriz y una más de Automotriz Carrera. Sobra decir que la primera fue la más económica.

 

Sin embargo la Contraloría Interna, al verificar las tres cotizaciones, descubrió que ninguno de los tres talleres contaba con grúas, y que este servicio contratado a una empresa del ramo, como Grúas Rodríguez, habría costado mil 800 pesos, es decir, 4 mil 200 pesos menos que lo pagado a Auto Express.

 

Pero los abusos de Gonzalo Escobedo no paran ahí.

 

Un caso aún más grave se puso al descubierto con la inspección que Jesús Torres Mena, perito en mecánica de la Procuraduría General de Justicia del estado practicó a las unidades que conforman el parque vehicular del IEE.

 

En la inspección, que consta en el dictamen 834 de la PGJ, con fecha 5 de noviembre del 2001, se asienta que de un total de 84 vehículos, siete camionetas pick up fueron seleccionadas al azar para corroborar si las refacciones que supuestamente les habían comprado estaban instaladas.

 

El peritaje de Torres Mena demostró que no, que al menos 27 mil 979 pesos en refacciones y mano de obra eran injustificados debido a que las piezas y refacciones que Auto Express y Taller Mecánico Galaviz dijeron haber colocado en las unidades revisadas, como caja de velocidades, cigüeñal, bomba de clutch, rótulas inferiores, válvula de motor, bomba de gasolina y pastilla de volante, nunca se instalaron.

 

No hay que olvidar que la inspección del perito de la Procuraduría sólo se hizo a siete de las 84 unidades del parque vehicular del IEE.

 

Otro renglón donde la presumida honradez de Gonzalo Escobedo resulta cuestionable es el de compras directas.

 

Y es que en el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2001, el entonces jefe de Recursos Materiales contrató de manera directa trabajos de impresión y la compra de material de oficina, por un monto de casi un millón de pesos, a dos empresas -Publicidad Profesional S.A. de C.V. y Grupo Comercial de Puebla S.A. de C.V. – que tienen por socios a los mismos accionistas.

 

A saber: Hilda Dolores Domínguez Torices, Juan Manuel García Escobedo, Javier Mayer Rocha, José María Sánchez Carmona y Alejandro Crispín Montiel Rodríguez, éste último uno de los prestanombres favoritos de Fernando Morales Martínez.

 

Estas compañías, que eran utilizadas por Gonzalo Escobedo para justificar cotizaciones y cumplir con el requisito legal de adjudicar compras, facturaron entre mayo y junio del 2001, según reportes de la Contraloría Interna, la suma de 978 mil 638 pesos.

 

Un caso muy similar se dio con las empresas Judith E. Ramírez Martínez (Jurama), y Servicios Integrados para Oficina (SIPO), proveedoras de artículos de oficina. Ambas entidades también fueron utilizadas por Gonzalo Escobedo para presentar cotizaciones y justificar diversas asignaciones de manera directa.

 

Sin embargo, Jurama y SIPO son la misma cosa, pues ambas tienen como representante a Rodolfo Moreno McGregor, quien entre abril y junio de 2001 se embolsó más de 66 mil pesos como proveedor del Instituto Electoral del Estado.

 

Tal coincidencia  no es casual.

 

A la larga lista de irregularidades cometidas por el ex jefe de Recursos Materiales del IEE todavía hay que agregar las arrojadas en las revisiones efectuadas tanto a los activos fijos en uso y en bodega del Instituto como al inventario de bienes licitados y concursados, así como las de la auditoría realizada por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado hacia finales del año pasado.

 

Todas estas anomalías, cuyo responsable directo es Gonzalo Escobedo, rebasan el millón y medio de pesos, cantidad que el ex funcionario del Instituto pretende de liquidación por un juicio de despedido injustificado que, gracias a la complicidad del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, está a punto de conseguir.

 

Ojalá y su propósito se malogre.

 

EN CORTO

Una más del Comité Estatal de Obra Pública. Con fecha 22 de febrero se publicó una licitación, la CEOP-Sedurbecop-018/2002, para remodelar y adecuar el Edificio del Comité de Adquisiciones de Puebla, ubicado en la 20 Oriente 2036. La fecha límite para que los interesados en ejecutar esta obra se inscriban, según la convocatoria, vence pasado mañana. El asunto no tendría nada de particular si no fuera por un pequeño detalle: dicha obra ya fue realizada. Sí, se asignó de manera directa a la constructora Plim Building Business S.A. de C.V, de Pompeyo Limón Moreno, quien por los trabajos de colocación de piso, vigueta y bovedilla pretende cobrar 690 mil pesos. La obra, que hoy el Comité Estatal de Obra Pública, somete a licitación para regularizar la asignación previa llevada a cabo por Sergio Moreno Ramos, coordinador de Obra Pública de la Sedurbecop, es un caso más de simulación –por no decir otra cosa- en este sexenio. ***** Y hasta la próxima.