20/Junio/2012
Fernando Pérez Corona

El juez segundo de lo Civil de Cholula, Jared Albino Soriano Hernández, dejó insubsistente la autorización especial que concedió el año pasado al gobierno estatal para “usar, vigilar y aprovechar el predio conocido como Valle Fantástico”, después del amparo obtenido por la Inmobiliaria Hena, propiedad de Ricardo Henaine Mezher.

El Juzgado Segundo de Distrito informó a la empresa sobre la acción judicial y le concedió tres días para manifestar “lo que a su derecho convenga respecto a la forma en que el juzgador del fuero común cumplió la sentencia” del juicio de garantías, con el cual obtuvo la protección federal.

Después de este plazo, el juez federal advirtió que analizará la actuación de su par local respecto al amparo, la cual se traduce en “la imposibilidad jurídica y material por parte del gobierno del estado para continuar usando, vigilando y/o aprovechando el predio conocido como Valle Fantástico”.

Rodolfo Aragón Mijangos, apoderado legal de Inmobiliaria Hena, explicó que, en resumen, la administración estatal tiene que devolver el inmueble, sobre el cual tomó posesión el 11 de marzo del año pasado, tras las acciones emprendidas por el entonces secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública, Juan Pablo Piña Kurczyn, así como el procurador general de Justicia, Víctor Carrancá Bourget.

Cabe recordar que la firma de Henaine Mezher solicitó el amparo y protección de la justicia federal ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Puebla (394/2011); y después al Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito (67/2012).

Asimismo, el 6 de enero y 25 de mayo de este año, ambas instancias federales concedieron amparo a Inmobiliaria Hena, lo que significaba que el juez segundo de lo Civil de Cholula dejará sin efectos la autorización especial concedida al gobierno del estado, para vigilar, usar y aprovechar el predio conocido como Valle Fantástico.

El pasado viernes 14 de este mes, el juzgado de Soriano Hernández trató de dar cumplimiento a las sentencias de referencia e informó que había dejado sin efectos la "autorización especial" concedida al Gobierno del Estado, el pasado 9 de marzo de 2012.

Ante tal respuesta, la autoridad federal se percató que había un error en el año, pues la autorización especial data de 2011, por lo que la jueza federal requirió otra vez al juez civil de Cholula para que subsanara el error cometido.

Niega el gobierno estatal incurrir en desacato

A través de un comunicado el gobierno del estado negó que debido a un amparo solicitado por la Inmobiliaria Hena, propiedad de Ricardo Henaine, esté imposibilitado para usar y aprovechar el predio donde se ubicó Valle Fantástico.

“Es falso que dentro del juicio de amparo 394/2011 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla se haya concedido a la Inmobiliaria Hena, S.A. de C.V., un amparo cuyos efectos se traduzcan en la ‘imposibilidad jurídica y material’ por parte del Gobierno del Estado, para continuar usando, vigilando y/o aprovechando el predio conocido como Valle Fantástico”.

La administración estatal sostuvo que en ese juicio de amparo –y así se confirmó en un recurso de revisión- a Inmobiliaria Hena, S.A. de C.V. se le negó la protección federal en contra del auto del Juez Segundo Civil del Distrito de Cholula, que decretó la ocupación administrativa del inmueble SA-18.

“Por tanto, tal inmueble continúa –legalmente- ocupado por el Gobierno del Estado. Ocupar, significa tomar posesión de un lugar, instalándose en él”, se indicó en el documento.

“Se pretende confundir a la opinión pública, porque el Honorable Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver la revisión antes mencionada, dijo expresamente que las facultades del Ejecutivo para emitir los acuerdos sobre el uso, vigilancia y aprovechamiento de los bienes de dominio público (como en el caso es el inmueble SA-18, por tratarse del parque metropolitano) le competen sólo a él, sin que puedan estar condicionadas a la obtención de una autorización por parte de un juez”.

Por todo lo anterior –y dado que el Ejecutivo no es la autoridad responsable en el amparo- no existe la posibilidad incurra en desacato, se argumentó.