El PAN cumplió su amenaza y desde la máxima tribuna legislativa del país mencionó el nombre del ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, como ejemplo de los gobiernos corruptos emanados del PRI. Ningún legislador priísta poblano salió en defensa del gober precioso.
En el marco de la discusión del dictamen sobre la Cuenta Pública 2008, las bancadas de oposición arremetieron contra el gobierno federal panista al que acusaron no sólo de haber fracasado en el manejo de los recursos públicos, sino también de provocar quebrantos patrimoniales.
“Están reprobados en términos de cuenta pública y transparencia. ¡Qué vergüenza!”, advirtió a los panistas el diputado priísta, Sebastián Lerdo de Tejada.
En el mismo tono se pronunciaron las bancadas del PRD, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano.
En respuesta, el diputado panista, Julio Castellanos Ramírez, aseguró que se trata de una estrategia para golpear al PAN de cara a la elección presidencial del próximo 1 de julio, “en un acto de oportunismo político, liderado por el PRI”, dijo.
Aunque reconoció que hubo panistas que se pronunciaron por no aprobar la Cuenta Pública del 2008, “pero no por causas atribuibles al gobierno federal, sino a los abusos, a los excesos, a la opacidad, a la discrecionalidad, a la falta de transparencia, a la corrupción, al desvío de recursos y al saqueo de fondos públicos perpetrados desde las entidades gobernadas por el PRI”.
Y cuestionó a cuánto ascienden los recursos desviados por Mario Marín Torres, en Puebla; Humberto Moreira, en Coahuila, Ulises Ruiz, en Oaxaca; Fidel Herrera, en Veracruz; Natividad González, en Nuevo León; Miguel Osorio, en Hidalgo; Ney González, en Nayarit y Arturo Montiel, en el estado de México.
Ningún diputado poblano del PRI salió en defensa del ex gobernador de Mario Marín, ni siquiera la hermana del ex mandatario y también diputada federal, Julieta Marín Torres.
La única legisladora poblana que desde la tribuna participó en la discusión del tema, fue la panista, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández -quien solicitó licencia para separarse de su curul a partir del 30 de abril- y lo hizo para arremeter contra el estado de México. Recordó que datos duros de la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), ubican a la entidad mexiquense como la de mayor número de irregularidades detectadas, con un impacto económico por 549.7 millones de pesos.
El dictamen de la Cuenta Pública 2008, discutido en el pleno de la Cámara baja, hace algunas referencias al estado Puebla:
En el tema “Desequilibrios en la tenencia de la tierra y baja productividad rural”, el documento señala en promedio, a nivel nacional, los ejidatarios tienen 10.2 hectáreas, a excepción de cinco entidades federativas, entre ellas el estado de Puebla, en donde la superficie promedio es menor a cinco hectáreas.
También destaca que Puebla se ubica como la cuarta entidad más auditada durante 2008, con 19 auditorias, por debajo de Chiapas, 26; Veracruz, 25 y Oaxaca, con 25. En contras, el Distrito Federal fue el menso auditado, con 10.
Asimismo, destaca que la ASF no recibió información de los municipios poblanos de Quecholac, con respecto al Fondo de Infraestructura Social Municipal, ni de San Martín Texmelucan, en relación al Fondo de Fortalecimiento Municipal, con el argumento de que no habían sido aprobados por el Congreso local.
En otro renglón advierte que la Secretaría de Desarrollo Social y sus delegaciones federales en los estados de Puebla, Chiapas, Durango, Oaxaca, y Veracruz, no cumplieron con los Lineamientos Generales de la Estrategia 100 x 100, por lo que no se garantiza una mejora en las condiciones de vida de los beneficiarios en los municipios considerados en esos lineamientos.
Al final, con 250 votos de la oposición, el pleno de la Cámara de Diputados determinó reprobar la Cuenta Pública 2008, por considerar que se detectaron graves irregularidades.
