El juez Tercero de lo Penal dictó un auto de formal prisión por el delito de chantaje al activista Martín Barrios Hernández, por lo que el caso deberá ser turnado al juzgado de Tehuacán.
Apoyado desde fuera del juzgado por un centenar de manifestantes que eran vigilados por igual número de granaderos, el preso acusó al gobierno del estado de haberse vendido a los intereses de los empresarios.
En medio de un dispositivo de seguridad a cargo dela PolicíaPreventivaEstatal y agentes de Vialidad, encabezado por el propio secretario de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón Rodríguez, para proteger las instalaciones de los juzgados ante la presencia de los manifestantes que a gritos exigían desde la mañana la libertad del presidente dela Comisiónde Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, y tras una hora de retraso en la lectura del dictamen del juez, Barrios Hernández, molesto, dijo que “son chingaderas” al escuchar la solución.
Horas antes, entrevistado vía telefónica, Valentín Meneses Rojas, director de Comunicación Social y vocero del gobierno del estado, había dicho que el caso de Martín Barrios se trataba de un juicio totalmente apegado a derecho y que se esperaba que bajo esos términos así fuera resuelto. “Nosotros, como gobierno, vamos a festejar el fallo a favor de cualquiera de ellos, y diremos: ‘Señores, en Puebla se imparte justicia sin ningún problema’”.
Durante las horas previas a la resolución de la situación jurídica de Martín Barrios Hernández, se desahogaron recursos de pruebas a su favor, y se presentó un video en el que la defensa probó que el día y la hora señaladas por el empresario Lucio Gil Zárate en las que presuntamente fue chantajeado, el activista se encontraba enla JuntaLocalde Conciliación y Arbitraje de Tehuacán, precisamente asesorando a empleados despedidos de la textilera del demandante.
Sin embargo, ésta y otras pruebas más, como la del perito en psicología dela ProcuraduríaGeneralde Justicia y las declaraciones de los 15 testigos que dieron su versión ante el juez, no influyeron en su decisión y tras una hora de retraso, dio a conocer el dictado del auto de formal prisión a Barrios Hernández.
A pesar de quela Secretaríade Gobernación fue mediadora con el propósito de destrabar el conflicto entre el defensor de derechos humanos y Lucio Gil Zárate en representación de empresarios maquiladores de Tehuacán, no se pudo llegar a un acuerdo, y contrario a lo esperado por las organizaciones que pidieron la liberación de Barrios Hernández ante las autoridades estatales, los cargos en su contra no fueron retirados.
El auto de formal prisión
Media hora antes de que fueran abiertas las puertas del juzgado, en la explanada del edificio propiedad del Tribunal Superior de Justicia, muy cerca del penal de San Miguel, los gritos de apoyo a Martín Barrios se intensificaban. Las pancartas y mantas con frases que exigían su libertad, eran levantadas en brazos.
Esas acciones, fueron mermando cuando unos 70 granaderos y 20 agentes de Vialidad marcharon frente a los protestantes para colocarse justo frente a ellos, rodeando el edificio oficial y sus accesos.
A las cinco de la tarde con cinco minutos, el secretario de acuerdos del Juzgado Tercero de lo Penal leía ante Martín Barrios Hernández y sus abogados defensores, la resolución del juez Horacio Bravo Negrete: “se le dicta el auto de formal prisión por el delito de chantaje en agravio de Lucio Gil Zárate”. La reacción inmediata del activista preso desde el pasado 28 de diciembre fue de calificar como “chingaderas” la resolución judicial.
Sin dejar que terminara de leer el funcionario del juzgado, Barrios Hernández se lanzó en contra del gobierno de Mario Marín Torres: “¿cuánto le dieron al juez?, ¿cuanto le dieron al gobernador?, ¿cuánto le dieron a López Zavala?”, dijo.
El activista dijo desde atrás de la rejilla de prácticas que el aparato gubernamental del estado se arrepentiría de lo que acababa de hacer al negarle su libertad y amenazó que su gente se movilizaría “hasta sus últimas consecuencias”.
Visiblemente conmocionado, repitió una y otra vez que el auto de formal prisión era un acto ilegal, “de aberración, de cuyas consecuencias y costos cargará” el gobierno el estatal, pues acusó que quedó claro que el estado obedece a los intereses de los maquiladores y no de los trabajadores.
De nueva cuenta, como ya lo había hecho, responsabilizó al gobernador Mario Marín Torres de su integridad física, ya que dijo conocer las condiciones en las que se encuentra y se mueven en el penal de Tehuacán, y denunció que en el de San Miguel ya recibió amenazas de golpes por parte de internos.
“El gobernador llega manchado a su Primer Informe de Gobierno, manchado de corrupción, ojalá y ese día pueda aclarar ante la ciudadanía porque me tiene aquí”.
Entre los que acudieron a escuchar la resolución jurídica de Martín Barrios Hernández, además de sus seguidores, compañeros, abogados, consejeros del Instituto Federal Electoral, se encontraba el secretario de Seguridad Pública del Estado, Mario Ayón Rodríguez y otros dos de sus funcionarios, José Luis Sobreira y Manuel Mirón Veli.
El funcionario de Mario Marín Torres sólo fruncía el rostro cada vez que escuchaba de Barrios Hernández los comentarios en contra de su gobierno, y se mantuvo ahí hasta que los reporteros lo abordaron.
Negó haber acudido como enviado del gobernador, sino como “cualquier ciudadano”, se excusó. Defendió a Marín Torres y al secretario de Gobernación bajo el argumento de que los comentarios del preso lastimaban su imagen.
Confirmó que el operativo de granaderos implementado, era para resguardar el orden de los poblanos que acudían a los juzgados, y no un operativo “intimidatorio”, y que la presencia policíaca no era exagerada.
En tanto, Eric Omar Zacamitzin, uno de los abogados defensores de Martín Barrios Hernández, dijo que apelarán la decisión del juez, además de que llevarán el caso antela SupremaCortede Justicia dela Nacióny organismos internacionales para hacer valer las pruebas contundentes que en esta ocasión, no valieron.
Por su parte, Eduardo Almeida, dela Redde Derechos Humanos Cualli Nemilistli, reveló que diferentes Organizaciones No Gubernamentales iniciarán movimientos en los próximos días para exigir lo que ahora no se logró, la libertad de Martín Barrios Hernández.
