Diputados federales y senadores aprobaron el inicio de una investigación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para definir si las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho fueron violadas durante su detención y encarcelamiento en Puebla, y a su vez delimitar la participación en estos hechos del gobernador Mario Marín, la procuradora Blanca Laura Villeda y la juez Rosa Celia Pérez.
Después de una discusión en la que participaron legisladores del PRI, PAN, PRD y Convergencia, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante 373 votos a favor; 1 en contra de la priísta Sofía Castro de Oaxaca; y 3 abstenciones de los priístas Martha Palafox de Tlaxcala, así como Jorge Romero y Gonzalo Rodríguez de Hidalgo.
Antes de la sesión el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Chuayffet, avaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hiciera cargo de la investigación al gobernador de Puebla, Mario Marín.
En el Senado se aprobó la propuesta por unanimidad y sin debate de la fracción parlamentaria del PRI. Así lo consintieron los poblanos Manuel Bartlett Díaz, Germán Sierra Sánchez y Lucero Saldaña Pérez.
El acuerdo de los diputados federales, votado después de las 12 horas, pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nombre a alguno de sus integrantes para que averigüe los hechos que presuntamente pueden constituir un agravio y violación de las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro.
Asimismo se establezca si en la detención de la escritora está involucrado el gobernador del estado de Puebla, Mario Marín Torres; la procuradora General de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, así como la juez Quinto de lo Penal en la entidad, Rosa Celia Pérez González.
La discusión del punto generó posturas encontradas entre los mismos diputados del PRI, ya que el tamaulipeco Carlos Flores Rico apoyó la intervención de la Suprema Corte para deslindar al mandatario de algún ilícito, pero el duranguense Pedro Ávila Nevárez sostuvo que en su partido no caben los “sinvergüenzas”.
Carlos Flores Rico sostuvo en tribuna que el PRI apoyaría el acuerdo para investigar el caso Cacho no por escarnio u oportunismo electoral, sino por impulsar un comportamiento serio de la política.
“La Cámara debe revisar y mandar que se juzgue si las garantías de Lydia Cacho fueron violadas, y si no que la ley se cumpla y obre en consecuencia. Vamos a apoyar el punto de acuerdo, por la legalidad”, agregó, y cuestionó que algunos partidos pretendan realizar de manera indebida un cobro de facturas.
El también priísta Pedro Ávila dijo que una persona “depravada”, en alusión a Mario Marín, ha hecho toda una distracción de los valores de los verdaderos priístas, por lo que exigió la salida del cargo del mandatario del estado de Puebla.
“Esos no son verdaderos priístas. Como Salinas que mandó a matar a Ruiz Massieu, los verdaderos priístas están en las escuelas y las fábricas, llevan a México adelante. Los priístas bien nacidos condenamos este acto, nuestro partido no es para sinvergüenzas”, apuntó.
El panista Rogelio Flores Mejía aseguró que a los poblanos les “pesa” la “pérdida” de la ley que existe en Puebla, y negó –en alusión a un discurso Mario Marín- que existan “fuerzas oscuras” que atenten contra el gobierno del estado.
Acusó al secretario de Gobernación, Javier López Zavala, por hacer un llamado a la polarización de las fuerzas políticas en la entidad, al señalar que son dos partidos los autores del espionaje, grabación y filtración de la llamada telefónica entre el empresario Kamel Nacif y el gobernador Mario Marín.
“Hay ingobernabilidad y desconfianza en usted”, dijo al mandatario estatal, “necesitamos que renuncie por dignidad, no lo queremos más como gobernador de los poblanos; dé la cara y sea pulcro si en algo le queda la palabra en estos momentos”.
Flores Mejía rechazó que la postura del PAN obedezca a una venganza en contra del PRI o forme parte de un acto de campaña electoral: “que no sea la confusión de que nos mueven las pasiones y el proceso electoral; cayó (el caso) en el proceso pero no tiene nada que ver. Sino que vean las encuestas para ver el sentimiento contra Marín”, dijo.
Pablo Gómez Álvarez, líder de la bancada del PRD, consideró que un gobernador que recibe órdenes para satisfacer a un amigo suyo no puede seguir al frente de una administración estatal, y consideró que el funcionario tiene que someterse a un procedimiento jurídico.
“Pido a las bancadas que abramos un juicio político porque es nuestra obligación. Este poder de la Unión tiene que hacer lo que dice la Constitución: si le pedimos a Corte que investigue, por qué no hacer lo que marca la Constitución”, cuestionó.
A su vez el diputado de Convergencia, Jesús González Schmal, consideró que el hecho cimbró a la opinión pública porque se trató de una “luchadora” agraviada por una confabulación para arrestarla y más aún, por ejercitar su derecho a la libertad de expresión con una investigación de pederastia.
Pospone el Senado discusión para suspender de poderes en Puebla
La propuesta para la desaparición de poderes en el estado de Puebla se pospuso en el Senado para el día jueves, en respeto a la muerte de la madre del gobernador Mario Marín Torres, registrada este martes.
Aunque se aprobó el inicio de una investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los legisladores de todos los partidos políticos consideraron que no era prudente realizar otro debate sobre la permanencia del mandatario estatal en su cargo.
Los senadores Francisco Fraile y César Raúl Ojeda indicaron que en dos días se reactivará la discusión para definir el proceso jurídico contra el gobernador tras señalarse su participación en la detención de la periodista Lydia Cacho, que ha investigado las redes de explotación sexual infantil en el país.
