Al exhorto de la Cámara de Diputados para que Mario Marín y la procuradora pidan licencia a sus cargos, el gobierno del estado responderá hoy con una denuncia penal y manifestaciones de apoyo al ejecutivo a través de desplegados en la prensa firmados por empresarios y asociaciones civiles, así como movilizaciones de burócratas e integrantes del PRI.
El Congreso del estado aceptó que la Comisión de Gobernación realice una investigación para determinar la posible intervención del gobernador Mario Marín para la detención y encarcelamiento de Lydia Cacho, aunque rechazó separar al mandatario estatal de su cargo, integrar una comisión investigadora con representantes de todos los partidos políticos y solicitar que el caso fuera atraído por la PGR.
En paralelo, el sector privado de Puebla afirmó que el escándalo afecta la atracción de inversiones a la entidad, posición que el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Guillermo Prieto Treviño, al señalar que el caso genera un daño a los mercados y deteriora la imagen del país.
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, afirmó que la presunta violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho por parte del gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario textil Kamel Nacif, mancha y empaña el prestigio de México en el extranjero.
Al margen de estos juicios, el mandatario estatal aseguró ante presidentes municipales, empresarios, dirigentes sociales, funcionarios públicos y electorales, que tiene “la cara limpia y la conciencia tranquila”, en alusión a su presunta participación en la detención de la autora del libro Los Demonios del Edén.
Ayer mismo, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el exhorto al gobernador de Puebla y a la procuradora General de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, a separarse de sus cargos mientras se desarrollan las investigaciones sobre la supuesta violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
En el recinto legislativo el coordinador de la bancada perredista, Pablo Gómez, confirmó además que presentará una denuncia de juicio político contra el gobernador poblano, toda vez que “no puede intervenir en los procedimientos ministeriales” de particulares.
Aunque Marín Torres ayer no respondió al exhorto de los diputados, la procuradora Blanca Laura Villeda asentó que se mantendrá en su cargo porque tiene “la cara limpia” y está dispuesta a someterse a una prueba de polígrafo para corroborar que ella dice la verdad.
El secretario de Gobernación estatal, Javier López Zavala, confirmó que el gobierno estatal integra una denuncia penal que interpondrá ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de quien resulte responsable por la elaboración de la grabación entre Marín y Nacif.
Sostuvo que el autor o autores tienen nombre y apellido, y trascendió que este día la administración estatal fijará su posición al respecto y revelará la identidad de quien o quienes considera responsables.
Es necesario destacar que hoy viernes aparecerán publicados en diversos medios impresos locales, desplegados de apoyo al mandatario estatal, firmados por el Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE) de Eduardo Migoya, la Asociación de Empresas de la Construcción (AECO) de Aristeo Reyes, Constructora El Pilar de Miguel Ángel Moreno Vieyra, otras compañías constructoras y del ramo textil.
A las 4 de la tarde, partirá del Paseo Bravo al zócalo de la ciudad una marcha de trabajadores al servicio del estado y simpatizantes del PRI en apoyo a Marín Torres, organizada por el propio gobierno de Puebla; puesto que a los burócratas se les pasará lista de asistencia, bajo amenaza de recibir sanciones en caso de no acudir.
En tanto, anoche fue emitido un comunicado oficial del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, en el cual demanda el inmediato esclarecimiento de la problemática que se vive en la entidad a raíz de la revelación de grabaciones que involucran al gobernador Mario Marín Torres.
La Iniciativa Privada sostuvo que es necesario esclarecer el hecho para mantener la credibilidad en las instituciones, lo que es indispensable para que se atraigan inversiones y se generen empleos. Además, se pronuncia en contra del espionaje telefónico, mismo que calificó como condenable.
A su vez el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Guillermo Prieto Treviño, advirtió que los escándalos políticos y los recientes hechos de violencia “pueden impactar en el flujo de recursos y en la percepción del país”.
“Lo que hemos visto realmente es repugnante, porque hay un enrarecimiento adicional en el ambiente político al que normalmente le inyecta un año electoral como el que vive México, pero seguro todo esto está haciendo un daño”, señaló.
La proyección del caso Marín llegó a niveles internacionales, según lo confirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, aunque con una imagen negativa, ya que “mancha y empaña” el prestigio de México en el extranjero.
