La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el exhorto al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y a la procuradora General de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, a separarse de sus cargos mientras se desarrollan las investigaciones sobre la violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
El llamado tiene la intención de garantizar la imparcialidad y transparencia de las pesquisas que se realicen en torno a este caso.
Asimismo los legisladores federales solicitaron al Congreso de Puebla, al Poder Judicial, a la Procuraduría General de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, inicien las investigaciones para deslindar responsabilidades, y en su caso, imponer las sanciones contra de los servidores públicos involucrados en la violación de los derechos de la autora de Los Demonios del Edén.
La Cámara de Diputados se pronunció en contra de los actos presuntamente realizados por el Gobernador del estado de Puebla Mario Marín Torres, con relación a la violación de los derechos humanos en el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, durante su detención el 16 de diciembre pasado y su posterior encarcelamiento.
De igual forma condenó las prácticas de espionaje e hizo un llamado a las autoridades competentes para que investiguen las intervenciones telefónicas en el estado de Puebla.
El acuerdo elaborado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados fue firmado por el diputado Pablo Gómez Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del PRD; José González Morfín, coordinador del PAN; Jesús Martínez Álvarez, coordinador de Convergencia; y el priísta Emilio Chuayffet Chemor firmó en contra.
Alrededor de las 10:30 de la mañana, el documento fue propuesto al pleno y por mayoría de los diputados fue aprobado sin mediar debate alguno.
Aunque con posterioridad fue modificado el orden del día para fijar las posturas de los partidos en relación con el tema Marín-Kamel-Cacho.
El coordinador de la bancada del PRD, Pablo Gómez, indicó en tribuna que presentará una denuncia de juicio político en la Cámara de Diputados contra Mario Marín, por su presunta participación en el encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho, ya que “el mandatario no puede intervenir en los procedimientos ministeriales”.
Consideró que no sólo los comunicadores sociales del país están ofendidos, sino todos los mexicanos “por esta forma tan burda y soez en que un gobernador manipula la acción del Ministerio Público, con el propósito de ejercer una represalia contra una periodista por presión de un amigo”.
El diputado de Convergencia Jesús González Schmal expuso que el caso de la periodista Lydia Cacho y el presunto diálogo del gobernador de Puebla, Mario Marín y Kamel Nacif, debe ser analizado por el Senado y en su caso promover la desaparición de poderes.
La diputada Myriam Arabián, del PAN, señaló que ese partido apoyará el proceso de juicio político en contra de Mario Marín y dijo que el mandatario "es capaz de llegar a acuerdos con delincuentes y castigar a los inocentes".
Héctor Gutiérrez de la Garza, diputado federal del PRI, calificó de cobardes a quienes acusan a funcionarios en ausencia de los mismos, aunque sostuvo que ese partido no será "tapadera de nadie".
Impiden priístas en el Senado fijar un comisionado para el caso Marín-Cacho
Senadores del PRI impidieron la aprobación de la propuesta para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designe a un comisionado especial para investigar las presuntas violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, al romper el quórum necesario para validar la votación.
Legisladores del PAN y del PRD calificaron el hecho como una estrategia de los priístas para defender al gobernador de Puebla, Mario Marín, según consignó una nota informativa de la agencia Notimex.
El presidente del órgano legislativo, Enrique Jackson, suspendió la sesión por falta de quórum con el argumento de que sólo había 58 legisladores, cuando el mínimo debe ser de 65.
Sin embargo, en realidad había 65 senadores pero sólo sufragaron 58, en tanto que el resto -todos priístas-, no lo hizo.
La suspensión se decretó cuando la Cámara alta discutía la propuesta del panista Javier Corral de solicitar a la Suprema Corte que designe a un comisionado, como en el caso de Aguas Blancas, para investigar la violación de las garantías individuales de Cacho.
El asunto será retomado el próximo martes en el Senado.
Antes de que se suspendiera la sesión, luego de casi cuatro horas de trabajo, senadores del PAN y del PRD pidieron al mandatario poblano separarse del cargo y exigieron al máximo tribunal de justicia nombrar una comisión que indague el caso de la periodista.
No obstante, la mayoría priísta impidió, primero con su voto y luego con su ausencia, que el Senado aprobara dichos puntos de acuerdo al considerar que no eran de urgente y obvia resolución.
Tal argumento molestó al senador poblano Francisco Fraile, del PAN, quien mostró dos botellas de cogñac al pleno senatorial y le dijo a los priístas: “esto es lo que vale la justicia en el estado de Puebla”.
Luego se dirigió al ex gobernador de Puebla, Manuel Bartlett, para asegurarle que en su gestión hubo casos similares “de los cuales a lo mejor usted no sabe nada, pero sí su entonces secretario de gobierno, Mario Marín”, actual mandatario de la entidad.
De entrada, en la sesión de este día el líder de los senadores del PRD, César Raúl Ojeda Zubieta, propuso que la Cámara alta solicite a la PGR que la Fiscalía Especial para delitos contra periodistas atraiga el caso de las grabaciones telefónicas.
También planteó que el Senado pida a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que informe sobre el estado del proceso de extradición de Jean Succar Kuri, y los casos de explotación y pornografía infantil en los que estaría involucrado.
A pesar de que Ojeda pidió al pleno que la propuesta fuera discutida como de urgente y obvia resolución y contó con los votos del PRD y del PAN, los senadores priístas mandaron la iniciativa a comisiones.
