A pesar de que las grabaciones que involucran al gobernador Mario Marín en un supuesto tráfico de influencias en favor de Kamel Nacif Borge son pruebas insuficientes para comenzar un juicio político, de ser auténticas provocarán su destitución, señalaron expertos en derecho constitucional de la UAP y el Instituto de Ciencias Jurídicas.
En el artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la ley acepta como evidencias aquellas pruebas que provienen de avances tecnológicos, por lo que según el artículo 210-A sólo se debe comprobar su fuerza probatoria a través de la fiabilidad del método en que haya sido “generada, comunicada, recibida o archivada”, aspecto que determinará el tribunal.
Sin embargo, Lucio Ramírez Luna, doctor en derecho constitucional y amparo indicó también que a la falta de un argumento sólido para determinar la culpabilidad del gobernador, se suma la existencia de una mayoría priísta en el Congreso del estado.
Si el gobernador decidió el camino jurídico a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es sólo para ganar tiempo debido a que sus investigaciones son “muy tortuosas, afirmó el maestro en Derecho Demetrio Abundes Apresa.
El especialista en derecho constitucional, Arturo Rivera Pineda, indicó que hasta el momento ningún juicio político ha procedido a pesar de que las investigaciones se prolongan hasta un año y tienen fundamento constitucional.
Tanto Lucio Ramírez como Abundes Apresa enfatizaron que el juicio político requerirá de un “trabajo titánico” por parte de los acusadores, aunque las presuntas acciones de Mario Marín sean anticonstitucionales porque fungió como titular de los poderes Ejecutivo y Judicial.
No obstante, todos los abogados entrevistados coincidieron que es imposible hacer a un lado el ambiente político que impera en el país, porque este puede “lograr cualquier cosa”.
Panorama crítico si Marín se queda
El politólogo y catedrático de la Universidad Popular del Estado de Puebla (UPAEP), Manuel Díaz Cid, subrayó que Mario Marín perderá su fuero político y cargo más rápidamente a través de movilizaciones sociales.
Aseguró que el deslinde de Roberto Madrazo Pintado del caso Marín propiciado por el descontento ciudadano provocará que la investigación no reciba un “carpetazo” por parte del Congreso de la Unión y el estado.
Ante la posibilidad de que Mario Marín conserve el cargo, Rivera Pineda consideró que el estado puede llegar a la ingobernabilidad, porque si bien las leyes le dan la facultad para dirigir a Puebla, su autoridad moral desapareció a los ojos de la sociedad.
Díaz Cid indicó que el descontento ciudadano es un factor que el PRI toma en cuenta, debido a que éste se traduce en pérdida de votos durante una coyuntura electoral.
Díaz Cid y Rivera Pineda aseguraron que si no fuera por la presión que ejerce la crítica nacional e internacional, el incidente hubiera pasado desapercibido debido a que el poder que tiene Mario Marín trasciende a los poderes Judicial y Legislativo local.
