Este día los senadores priístas intentarán que las investigaciones del Caso Lydia Cacho las realice la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que propondría la instalación de un comisionado especial para indagar la participación de Mario Marín en la detención de la periodista.
El planteamiento de los dirigentes nacionales y estatales del PRI reunidos en el Distrito Federal, es que existe un riesgo mayor de que el gobernador Marín sea separado de su cargo si las investigaciones las asume la Suprema Corte, posibilidad que se anula de encargarse la averiguación a la Comisión Nacional de Derecho Humanos.
La postura acordada por el Comité Ejecutivo Nacional y los estatales del Revolucionario Institucional —de acuerdo con fuentes de ese partido—, la retomarán hoy sus legisladores en el Senado durante la votación que fue suspendida el jueves pasado, después que los priístas “reventaron” la sesión para que no se aprobara la intervención de la SCJN en el caso.
De forma pública, el PRI informó mediante un comunicado, que el encuentro de los dirigentes estatales se registró para ratificar su apoyo a la permanencia de Mariano Palacios Alcocer y Rosario Green Macías, como presidente y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, respectivamente, hasta la conclusión del actual proceso electoral.
Previamente la CNDH señaló la necesidad de que las autoridades judiciales indaguen además los delitos de pederastia y otras formas de comercio sexual relacionadas con el caso Cacho, la colusión de autoridades locales en los Ceresos para la explotación de presos en talleres, la intercepción de conversaciones telefónicas realizadas sin orden judicial, y las amenazas contra periodistas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Asimismo diputados federales del PRD presentaron una denuncia penal ante la PGR en contra del gobernador de Puebla y otros funcionarios estatales, para que se investigue la presunta confabulación del mandatario con el empresario textilero Kamel Nacif, para encarcelar y agredir a la periodista Lydia Cacho en el Cereso de San Miguel.
Los legisladores presentaron la grabación del diálogo entre Marín y Nacif como única prueba, a fin de ubicar los delitos federales de coalición de servidores públicos, cohecho y abuso de autoridad.
Como presuntos responsables de los ilícitos los perredistas señalaron al mandatario estatal Mario Marín; a la procuradora general de justicia, Blanca Laura Villeda; a la juez quinto de lo penal del fuero común, Rosa Celia Pérez González; y al empresario Kamel Nacif.
En este entorno, anoche el Ejercito Popular Revolucionario (EPR) exigió la renuncia y castigo para el gobernador Mario Marín, la procuradora de justicia y los jueces “corruptos que se encuentran a su servicio”.
Mediante un comunicado, exhortó a los ciudadanos a no ser partícipes de las “arbitrariedades” que se fomentan desde el poder, impedir que el mandatario poblano continué en el cargo y utilizar “todas las formas de lucha, habidas y por haber hasta lograr que se vaya el gobierno priísta” de la entidad.
En la capital del estado el ex senador del PRD, Mario Saucedo, señaló la necesidad de iniciar un movimiento ciudadano no solo en Puebla sino a nivel nacional en apoyo Lidya Cacho e iniciar juicio político contra el gobernador por tráfico de influencias.
“Estamos protestando por la permanencia de Mario Marín. Quisiéramos que el Congreso Estatal y la Policía estatal no intervengan en este caso porque finalmente están siendo parte del apoyo y complicidad del gobernador”, expuso.
A su vez el presidente municipal, Enrique Doger Guerrero, recomendó prudencia y mesura al gobierno del estado en situaciones difíciles, a fin de evitar la polarización de la sociedad y el crecimiento de conflictos.
Respecto a los cuestionamientos que grupos de personas han hecho a reporteros en los últimos eventos públicos del gobernador, el edil sostuvo que no se puede favorecer un clima de hostilidad hacia ningún sector, porque la constitución consagra la libre expresión de las ideas “y así debe continuar”.
Para este martes, académicos de la UAP, UDLA, la Universidad Iberoamericana y el INAH convocaron a la firma de una carta en repudio a los hechos que involucran al gobernador Mario Marín en la detención y encarcelamiento de Lydia Cacho; también existe la invitación a una marcha a las 12 horas en el zócalo de la ciudad, en la que al parecer participa la agrupación Green Peace.
Ello independiente a la movilización del próximo fin de semana y a la campaña de volantes y calcomanías que promueven el rechazo a la gestión del mandatario estatal.
Ayer la Puebla Revolucionaria despertó durante la toma de protesta de la Red Nacional de Brigadistas, cuando mujeres del jardín de Analco fustigaron a reporteros la supuesta campaña en contra del gobernador, porque aseguraron, ha hecho muchas obras en beneficio de los ciudadanos.
Teresa Esteva —presidenta del comité de la colonia Bellavista— subió al presídium aún cuando su participación no estaba contemplada en el programa y pidió a los casi dos mil alumnos de secundaria y preparatoria, un aplauso para el mandatario estatal.
La respuesta fue uniforme y sin consenso: una rechifla generalizada.
“No se ensañen tanto con él, si nos apoya”, dijo la brigadista.
