Miembros de Amnistía Internacional, con sede en España, y de Human Rights Watch en Canadá, solicitaron a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Elizabeth Gómez Cortés, llevar el caso de Lydia Cacho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Así lo revelan correos enviados a la diputada panista, que se suman a otras decenas más de ciudadanos de países como Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Canadá, Estados Unidos, España, Noruega y Nueva Zelanda.
Por parte de México, sólo un grupo de universitarios de la UAP, y una ONG del estado de Tlaxcala ha hecho a la diputada la misma solicitad.
En sus correos, Elena Cortés Olivares, de Amnistía Internacional España, y Ellen Frank, de Human Rights Watch Canadá, manifiestan su desaprobación por las grabaciones entre “un importante ejecutivo y la autoridad del estado”, así como su “preocupación por el hecho que este incidente aumente la probabilidad de amenazas y ataques contra Lydia Cacho”.
Ambas defensoras de los derechos de la mujer, le piden a la legisladora poblana lleve el caso de Lydia Cacho a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en Washington, Estados Unidos. Al respecto, la diputada Elizabeth Gómez Cortés informó que hará llegar el caso Cacho-Marín a esa Comisión antes del lunes próximo.
El resto de los correos, escritos lo mismo en inglés, francés y alemán, hacen el mismo pronunciamiento que Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
En el miso tema, ayer durante la sesión ordinaria del Congreso local, se turnó a la Comisión de Gobernación el punto de acuerdo por el cual el Congreso de la Unión solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciar una investigación para saber si fueron violentados los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro durante su detención en Cancún por elementos de la policía judicial poblana.
No hay fecha para que la Comisión de Gobernación se reúna y dictamine sobre este último punto.
Combatirá Congreso pornografía infantil
La fracción parlamentaria del PAN, a través de la diputada María de los Ángeles Gómez Cortés, presentó una iniciativa para reformar el Código de Defensa Social en el estado para establecer en su sección segunda del séptimo capitulo el título de “Corrupción de menores e incapaces y pornografía infantil”.
Las razones principales para reformar el Código de Defensa Social es hacer más claro y específico ese delito, además de que Puebla no es ajena a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de menores en pornografía.
“Diariamente nos enteramos a través de los medios como actúan los consumidores del turismo sexual infantil aprovechando los factores de pobreza, desintegración familiar, violencia intrafamiliar, alcoholismo y drogadicción. Por desgracia, muchos de estos niños, que son reclutados para la explotación sexual comercial, ya han sido violados en sus hogares, algunas veces por sus propios padres o familiares.”
Entre los cambios propuestos por el PAN destaca que “se impondrá una pena de ocho a catorce años de prisión y multa de cien a mil doscientos de salario mínimo, a la persona que incurra en las siguientes conductas:
* Induzca, obligue o entregue a un menor de dieciocho años o incapaz, con o sin su consentimiento, actos de exhibicionismo corporal, de naturaleza sexual o lasciva, con el fin de producir imágenes de dichos actos a través de fotografías, videos, revistas o cualquier medio impreso, electrónico o tecnológico con o sin ánimo de lucro.
* Realice materialmente la toma de fotografías, filmación, videograbación o cualquier otra actividad relativa a la producción o reproducción de imágenes a que se refiere la fracción anterior.
* A quien emplee, dirija, administre o supervise a titulo de dueño, propietario o director, empresario o cualquier otro que implique la autoría intelectual de los actos señalados.
* Reproduzca, venda, compre, rente, exponga, publicite, difunda o envíe por cualquier medio con o sin ánimo de lucro, las imágenes señaladas.
Se crea Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
En sesión ordinaria del Congreso del estado, ayer quedó conformada la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, cuya ley entró en vigor desde el pasado 17 de febrero.
Los integrantes de la misma son: Pericles Olivares Flores del PRI como presidente y Raymundo García García, del PAN, como secretario. Los vocales son Isabel Merlo Talavera y Blanca Estela Jiménez Hernández, ambas del PRI. Juan Aguilar Hernández del Partido Verde, Maricela González Juárez del PAN y Rodolfo Huerta Espinosa, del PRD.
Fue el diputado Rodolfo Huerta Espinosa, del PRD, quien presentó la iniciativa de decreto que reforma al artículo 12 del Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso, para que la integración y funcionamiento de dicha Comisión, se rija de acuerdo a lo que marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Congreso, misma que se aprobó por unanimidad.
