Como anticonstitucional y carente de validez jurídica fue calificado el contrato de concesión que la comuna firmó con la empresa Mexicana de Mantenimiento y Alumbrado para operar el servicio de alumbrado público durante 15 años, por lo que su discusión y aprobación fue pospuesta para el próximo periodo de sesiones.
Así lo informó el presidente de la Gran Comisión del Congreso, Víctor Manuel Giorgana, quien explicó que de acuerdo a un estudio realizado por la UAP, el contrato de concesión que firmó las comuna no es sustentable en sus aspectos jurídicos, financieros y técnicos.
Los diputados priístas Mario Montero y Carlos Meza, quienes también participaron en la rueda de prensa, señalaron que el documento contiene un sustento jurídico, financiero y técnico, por lo que cumple con los elementos de un estudio serio que concluye que de acuerdo al análisis de estos aspectos la concesión no es viable.
Aunado al resultado del estudio de la UAP, el segundo factor que influyó en el retraso en la aprobación de la concesión obedece a que los legisladores esperarán a que la Universidad de las Américas y el Tecnológico de Puebla presenten sus respectivos estudios.
De acuerdo con Víctor Manuel Giorgana, el gobernador coincide en que será el Congreso el que tendrá la última palabra en este caso, pues la ley marca que al tratarse de concesiones que rebasen el periodo de gobierno deberá ser avalado por el Congreso, de ahí que el contrato que pactó la comuna carece de validez.
Por ello, abundó, la empresa está trabajando en un marco fuera de la ley para una concesión de 15 años, que en todo caso si pretende continuar con el trabajo tendría que reordenar el contrato para que el tiempo de su responsabilidad no rebase el de la administración.
En cuanto a la posibilidad de proceder legalmente contra el alcalde Luis Paredes por haber firmado un contrato anticonstitucional, Giorgana señaló que “abría espacio para eso, lo vamos a analizar”.
Por su parte, Javier Torres Sánchez, coordinador de los asesores de la comuna, señaló que dicha postura es sólo de la opinión de tres diputados, pero que no necesariamente obedece a la que tenga el Congreso pues existen fundamentos legales claros que sustentan esta concesión.
Con respecto al estudio de la UAP, señaló que en caso de que la institución decidiera enviarlo a la comuna sería bien recibido y se analizaría las propuestas para perfeccionar lo que ya se estableció en la concesión, pues no se pretende echar atrás lo que ya se logró, pues las críticas que se han hecho por parte de “de abogados no muy prestigiados, diputados la mayoría”.
