28/Julio/2003
Beatriz del Castillo

A pesar del marcado descontento de distintos sectores sociales, y de las pugnas entre el INAH y el ayuntamiento en torno a la interpretación de la ley, en breve iniciará la construcción del estacionamiento subterráneo que se localizará entre el zócalo y la catedral.

Al respecto, Maximino Bear Sanz, coordinador de Macroproyectos del ayuntamiento, descartó que la oposición a la obra sea generalizada, y destacó que hay  proyectos que deben ser ejecutado, por el bienestar de la misma sociedad.

Y es que a pesar de que la comuna ha resaltado los beneficios que traería consigo este estacionamiento, la ciudadanía teme que, como en el caso de la construcción del distribuidor Juárez-Serdán, el caos vial se haga presente en esta área y que el patrimonio histórico del que la ciudad siempre ha hecho gala internacionalmente, se vea dañado por este proyecto.

Sin embargo, aunque la comuna reconoce que existe un gran descontento social con respecto a este proyecto, Maximino Bear explicó que debe haber algunos sacrificios en aras de beneficiar a la ciudad:

“Es como con los baches, todo mundo se quejaba de éstos, luego de las obras que se hicieron para quitarlos, a final de cuentas se logró disminuir este problema en la ciudad”.

Recrudecen las críticas

La comuna no sólo tiene en su contra a la ciudadanía, sino también al propio Instituto Nacional de Antropología e Historia y a reconocidos académicos. En el caso del INAH las constantes declaraciones de los funcionarios del ayuntamiento con respecto a la autorización que esa institución debe otorgar para poder llevar a cabo las obras, la orilló a publicar el pasado viernes un comunicado.

En este señala que hasta el momento no se presentaron ante el INAH los proyectos para construir los estacionamientos subterráneos , en los términos que establece la ley  vigente en la materia para hincar el procedimiento correspondiente y que los proyectos en la Zona de Monumentos Históricos que se la han autorizado a la comuna se debió a que eran viables y cumplían con  la ley.

Ante este desplegado Maximino Bear sostuvo que el proyecto se le mandó a Antropología e Historia  el 7 de febrero y que no fue hasta 5 meses después -el 24 de mayo- que se les respondió con lo que se publicó en el desplegado:

“Si hablamos de legalidad, ellos por ley debían contestarnos a mas tardar 30 días después y no lo hicieron así y además contestan una falsedad, porque de acuerdo al articulo 42 nunca se marca claramente como debe presentarse el proyecto. El INAH se toma atribuciones de más por la ley no le da elementos para juzgar y por esta actitud el centro histórico tiene tantos problemas de abandono de inmuebles”.

Ante tales afirmaciones, Víctor Hugo Valencia, director del Centro INAH-Puebla, mostró a e-consulta los documentos que avalan que la institución recibió el 12 de diciembre del año pasado una propuesta titulada “Programa Integral para Mantenimiento del Centro”. Ésta contemplaba varios puntos, entre ellos la construcción de los estacionamientos planteados de manera general, por lo que el l 7 de Febrero -lo que también consta en documentos- se le respondió a la comuna que se carecía elementos técnicos para aprobar los estacionamientos.

“La comuna ha tergiversado la información y la ha manejado a su conveniencia no es cierto que el INAH no sea flexible, nosotros hemos dado muchas facilidades para impulsar el mantenimiento del Centro Histórico, muchos programas se le han aprobado a la comuna, lo único que hay que hacer es apegarse a la legislación”.

Antonio Ruiz Tenorio, director de la Facultad de Arquitectura, en entrevista publicada en El Sol de Puebla el viernes pasado, señaló que en primer lugar  para determinar la factibilidad de la obra deben realizarse sondeos y estudios de mecánica de suelos en una gran zona para conocer tanto las consistencia de los terrenos como los componentes que existen en el subsuelo y advirtió que existe el riesgo de provocar fisuras a los inmuebles con la vibración que producirá la excavación, o que incluso podrían dañarse vestigios prehispánicos que se encuentren en el subsuelo.

Ante ello, Maximino Bear respondió que el director de la facultad ignora cómo se realiza ese tipo de construcción, pues no conoce tal proceso y criticó que el académico opinara de algo que desconoce, pues a él nunca se le ha mostrado el proyecto.

Interpretación de la ley

La principal controversia legal radica en la interpretación que la comuna le dio al artículo 42 de la Ley Federal y el Reglamento sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y es que de acuerdo con el coordinador de Macroproyectos este artículo no marca la  obligatoriedad de presentar un proyecto ejecutivo:

“Nosotros presentamos un proyecto, porque nada nos obliga a entregar el proyecto ejecutivo, porque  para el INAH es fácil pedir  este estudio que cuesta 12 millones de pesos y corres el riesgo de presentárselo y que no le guste, entonces ¿ese dinero quién lo va a pagar? La ley no marca que debes  presentar un proyecto de acuerdo a la Ley de obra  y si la ley no lo dices no tiene que presentarlo”.

Por su parte Víctor Hugo Valencia recalcó que la ley es muy clara en la manera en que deben presentarse los proyectos y si la comuna no cumplió con ello, no hay elementos técnicos para aprobarla:

“Creo que las instituciones son las primeras que deben hacer cumplir los marcos legales, el ayuntamiento debe entender que es una institución que tiene un Centro Histórico en Zona Federal, entonces tiene que apegarse a la ley”.

Por otra parte, el segundo cuestionamiento legal que se la hace a la comuna es cómo se  concesionará a la empresa Cimentaciones Mexicanas - la misma empresa que realizará la inversión para construir el estacionamiento- el manejo de los estacionamientos por 30 años sin antes contar con la autorización del Congreso del Estado, ya que la ley marca que toda aquella concesión que rebase el tiempo de un gobierno deberá aprobarse por esa instancia.