01/Julio/2004
Claudia Lemuz

Pese a la insistencia de los partidos de oposición, los consejeros electorales se negaron anoche a explicar qué pasó en la reunión del 30 de abril cuando un grupo se ellos se reunió “en lo oscurito” con los dirigentes estatales del PRI.

Salvo el consejero Pascual Urbano Carreto, quien afirmó que no todo lo que aparece en imágenes puede darse por cierto, refiriéndose al video en que él y otros cuatro consejeros fueron captados al entrar y salir de un encuentro con miembros de la dirigencia del PRI, los demás optaron por guardar silencio.

Los representantes del PRD, PAN, Convergencia y PVEM solicitaron en reiteradas ocasiones que los consejeros electorales asistentes a la casa del consejero José Félix Urbano Noé Ávila explicaran por qué habían mentido sobre su reunión con los dirigentes del PRI, y a los demás consejeros que fijaran su posición frente a la gravedad de tales hechos.

Pero ni unos, ni otros atendieron el llamado de los representantes de oposición. Incluso José Félix Urbano abandonó la sesión, mientras que Manuel Gregorio Alonso Espinosa se ausentó de la misma y del Instituto desde el lunes pasado.

Alejandro Necoechea Gómez declaró, antes de la intervención de los partidos de oposición, que no renunciará a la presidencia del Instituto Electoral del Estado, y que el asunto se analizará en mesas de trabajo y en posteriores sesiones ordinarias del Consejo General del IEE.

Una vez más, insistió en que permanecerá en el Instituto hasta que el Congreso del estado lo considere prudente, pues insiste que la confianza en el organismo se debe valorar con base en la efectividad de los acuerdos que ha tomado el Consejo General del IEE.

No podemos decir que no ha pasado nada, pero la confianza de la sociedad se recuperará con trabajo y no con mi renuncia, afirmó.

Antes de iniciarse la segunda sesión del IEE, los representantes de los partidos de oposición a diferencia del discurso que el martes dieron sus líderes estatales, anunciaron que sólo pedirían una explicación a los consejeros.

Dejaron para mejor momento la exigencia de solicitar la renuncia del director del IEE, José Antonio Bretón Betanzos y de los cinco consejeros que se reunieron con dirigentes priístas el pasado 30 de abril en la casa del consejero ubicada en el fraccionamiento Campestre Rancho Colorado.

Por otra parte, ante la poca respuesta de candidatos a integrar los consejos municipales electorales, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprobó ampliar el lapso para estos se integren.Ayer venció el plazo y faltan por integrarse unos 30 consejos municipales.

Al reanudar la sesión que quedó pendiente la semana pasada, el pleno del Consejo habilitó a la comisión especial para la integración de los consejos municipales, presidida por José Félix Urbano Noé Ávila para que emita una nueva convocatoria con el objeto de que en los próximos días conformen los que faltan.

Al término de la sesión, el presidente del IEE, Alejandro Necoechea Gómez entregó a los seis partidos políticos con registro para participar en los comicios del 14 de noviembre próximo, prerrogativas por 30.4 millones de pesos.

El recurso público otorgado al PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y Convergencia es para gasto corriente y acceso a medios de comunicación.

Por acuerdo del Consejo General, recordó, los 23.4 millones de pesos para la obtención del voto se los entregarán hasta agosto, una vez que los partidos definan si van solos o coaligados. Dado que en el segundo caso sólo recibirán el recurso que corresponde al partido que obtuvo la mayor votación en la pasada elección de diputados locales.

El recurso fue entregado a las personas acreditadas por cada partido ante el IEE: José de Jesús Cortés Rojas por el PAN; Jorge Luis Mendoza, PRI; Alfredo Correa Hernández, PRD; Marta Luisa Fragoso y Víctor Hugo Herrera, PVEM; José Alfonso Rodríguez, PT y Jorge Blancarte por Convergencia.

En la segunda sesión que ayer se llevó a cabo en el IEE, aprobaron las normas para fiscalizar las prerrogativas de los partidos.

Por acuerdo, el Instituto estará autorizado para revisar cada uno de los proveedores y prestadores de servicios de los seis partidos políticos a fin de evitar las facturas apócrifas.