18/Marzo/2004
Claudia Lemuz

Despu√©s de que la Contralor√≠a municipal lo exoner√≥ de manejos irregulares presuntamente cometidos en el pasado trienio, Javier Garc√≠a Ram√≠rez, otrora director general de Obras y Servicios P√ļblicos analiza el denunciar penalmente a quien resulte responsable del da√Īo que provocaron a su imagen, al acusarlo de haber malversado recursos, de negligencia y de ineficiencia.

En conferencia de prensa, el ex colaborador de Mario Marín, cuando éste era edil de Puebla, evitó politizar el tema y dijo que la renuncia del contralor, Rubén Reyes Leyva nada tiene que ver con la exigencia del juez primero de Distrito, José Saturnino Suero Alba, en el sentido de que tenía la comuna que exonerarlo de la inhabilitación que le impuso y de la sanción de 5.9 millones de pesos que tenía que pagar.

Contempla a trav√©s de qu√© mecanismo pedir√° le resarzan el da√Īo no s√≥lo de imagen, sino patrimonial, porque desde hace a√Īo y medio que fue acusado, erog√≥ recursos para su defensa, sin que fuera responsable de nada.

Incluso, record√≥ que nunca le aceptaron las pruebas que presentaron √©l y otros 7 compa√Īeros, por lo que la resoluci√≥n de la comuna era unilateral porque carec√≠a de pruebas y de visitas f√≠sicas, haciendo a un lado lo que marca la ley de responsabilidad de los servidores p√ļblicos.

Ernesto Ram√≠rez, abogado del ex funcionario municipal, critic√≥ el que la administraci√≥n municipal del panista Luis Paredes Moctezuma, haya dado a conocer a la opini√≥n p√ļblica el caso como si se tratara de verdades indiscutibles e irrefutables y lo peor es que fueron difundidas sanciones e inhabilitaciones¬† violatorias de las garant√≠as constitucionales.

La exoneraci√≥n, es resultado de dos a√Īos de juicios; una veintena de recursos y tres sentencias de amparo pronunciadas por jueces integrantes del Poder Judicial de la Federaci√≥n, a favor de Javier Garc√≠a y sus colaboradores.

Los fallos federales obligaron a la Contraloría Municipal a declarar las obras fueron ejecutadas en los términos contratados, con los estándares de calidad y especificaciones más aceptables; que los pagos a los contratistas se ajustaron a los precios convenidos y que éstos son congruentes con los existentes en el mercado; que la actuación de cada sujeto de investigación resulta irreprochable.

Por su parte, el comité municipal del PAN evitó dar comentario al respecto, al ampararse en el desconocimiento de los hechos.