Los secretarios de Finanzas, Contraloría y Gobernación –integrantes de la Comisión de Gasto Financiamiento (CGF) del estado- rechazaron que las ampliaciones presupuestales autorizadas durante el año pasado, por 3 mil millones de pesos, hayan generado un déficit presupuestal o un “hoyo financiero” en las finanzas estatales. Este no existe, replicó molesto, Francisco Bárcena Compeán, titular de la SFA.
Entrevistados por separado en la entrega de Premio Estatal a la Calidad Total, que recibieron ayer las secretarías de Finanzas y de Desarrollo Económico, los titulares de las dependencias arriba citadas subrayaron que las ampliaciones presupuestales aprobadas el año pasado corresponden a los criterios de austeridad establecidos por el gobernador a mediados del 2003.
Bárcena Compeán explicó que de los 3 mil millones de pesos de ampliaciones, la mayoría de los fondos se aplicaron para el rubro de obra pública. El secretario de Gobernación, Carlos Arredondo, aceptó, por su parte, que entre los recursos aprobados por la Comisión Gasto Financiamiento figuran algunas partidas para propaganda e imagen institucional de su dependencia por más de 5 millones de pesos.
El contralor del estado, Héctor Jiménez y Meneses, dijo que los bonos por productividad y calidad autorizados por la CGF para mandos superiores de la Secretaría de Finanzas están justificados y apegados a la ley, en virtud de que los funcionarios beneficiados realizaron actividades extras.
Aunque el gobierno estatal ya había entrado a una etapa de austeridad, en la segunda sesión de la CGF que se llevó a cabo el 11 de junio del año pasado, autorizaron 9.7 millones de pesos adicionales a la dirección general de Comunicación Social, cifra que podría elevarse hasta 136.6 millones de pesos de ser necesario para cumplir con los compromisos de publicidad que estaban pendientes, de acuerdo a las observaciones que se hicieron a la solicitud.
Siete días después celebraron la tercera sesión y entre las partidas que destacan está la que aprobaron a la Secretaría de Finanzas por 6.4 millones de pesos para contratar los servicios de consultoría de la empresa que elaboró el dictamen de la cuenta pública del Ejecutivo estatal.
El dos de julio la Secretaría de Finanzas recibió 3.6 millones de pesos más para gastos de propaganda e imagen institucional, al igual que el Ejecutivo al que autorizaron 5 millones de pesos para el mismo concepto.
Una semana después, el contralor Héctor Jiménez y Meneses; el secretario de Gobernación, Carlos Arredondo Contreras y Francisco Bárcena acordaron apoyar a la Universidad Autónoma de Puebla con 60 millones de pesos por considerar que sus proyectos tienen un alto contenido social, como se puede leer en las observaciones que hicieron al atender tal petición.
El 9 de julio asignaron un millón de pesos para el Instituto de Administración Pública, responsable de elaborar el Informe de Competitividad 2004 que presentó en meses pasados el ex sub secretario de Egresos de Finanzas, Fernando Manzanilla Prieto.
En la séptima sesión de la CGF también favorecieron a la SFA con casi 3 millones de pesos, pues pese a atravesar por tiempos de austeridad sus resultados valieron para que –únicamente- los mandos superiores recibieran un bono al ser productivos.
Morales Flores ya había pedido a los funcionarios estatales apretarse el cinturón, sin embargo en julio, durante la octava sesión, los integrantes de la comisión le autorizaron al Ejecutivo gastar casi medio millón de pesos para realizar actos y trasladar empresarios por la visita del embajador de Alemania a Puebla.
Durante la novena sesión que se realizó el último día de julio a la Segob le etiquetaron 4.5 millones de pesos para gastos de propaganda e imagen institucional y al Ejecutivo más de un millón de pesos para rentar aeronaves y dar mantenimiento los helicópteros propiedad del gobierno estatal, toda vez que a su parecer las giras de trabajo de Melquiades Morales son estratégicas y su seguridad es prioritaria.
Además de recibir bonos de productividad, los funcionarios de la Secretaría de Finanzas también fueron capacitados, lo que tuvo un costo de 4.4 millones de pesos que no estaban considerados en el presupuesto de egresos 2003, elaborado por esta dependencia.
La partida para capacitar personal de Finanzas la aprobaron el 6 agosto, cuando se llevó a cabo la décima sesión, en la que también autorizaron otros 4.5 millones de pesos al Ejecutivo para más gastos de propaganda e imagen institucional.
Bárcena Compeán, en tono molesto, defendió que las partidas extras son para cuestiones que no están previstas pero sí justificadas.
Una vez más, sostuvo que las finanzas estatales están sanas y pruebe de esto es que el gobierno es sujeto de crédito, pese a que el año pasado solicitó a la banca privada un préstamo por mil 500 millones de pesos que Finanzas está pagando en tiempo y forma por órdenes del Ejecutivo.
Por su parte, Arredondo Contreras expuso que los recursos adicionales a las dependencias están justificados porque no dependen de la voluntad de una sola persona, sino del análisis que realizan varios funcionarios estatales con base en la capacidad del presupuesto y la necesidad de lo que les están requiriendo.
