05/Mayo/2004
Claudia Lemuz

Tras ser capturado en el Distrito Federal, Marco Antonio Barroso Arévalo, el defraudador más buscado en el país, ingresó ayer a las 5 de la mañana al penal de San Miguel, donde fue puesto a disposición del Juzgado Primero de Defensa Social en el estado, confirmó Héctor Maldonado Villagómes, titular de la Procuraduría General de Justicia de Puebla.

El propietario de Provivienda Mexicana –empresa que carece de registro ante la Secretaría de Hacienda- defraudó a más de 100 mil mexicanos, la mayoría habitantes del Distrito Federal y los estados de Puebla, Veracruz Guerrero y Michoacán.

La empresa de Barroso Arévalo funcionaba como un desarrollador inmobiliario; para ingresar a los proyectos de vivienda era necesario pagar una cuota mensual y de acuerdo a un sistema piramidal, quien diera la mayor cantidad de dinero le asignaban uno de los inmuebles que supuestamente construía Provivienda Mexicana.

Además de estafar a las personas al dejar de darles sus créditos para vivienda, hay casos sobre becas de estudio que nunca entregó y otro tipo de gestiones como préstamos para poder pagar el tratamiento de alguna enfermedad que tampoco otorgó.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que es detenido. En enero de 2004, después de haber sido aprehendido en el estado de Morelos y trasladado al Distrito Federal, el titular del juzgado 33 en materia penal del reclusorio sur, le otorgó la libertad bajo caución y le fijó una fianza de 211 mil pesos.

En el caso de Puebla, el fraude lo cometió con ayuda de José Gómez Villa, coordinador de Provivienda Mexicana, a quien la juez Primero de Defensa Social también le dictó auto de formal prisión al considerarlo probable responsable en la comisión del delito de fraude genérico.

Héctor Maldonado indicó que se debe esperar a que la juez resuelva su situación jurídica para saber si se podrá reparar el daño patrimonial que causó Barroso Arévalo a más de 20 mil poblanos, de los cuales un porcentaje muy relativo presentó denuncia penal, por lo que se ignora a cuanto asciende el fraude cometido en la entidad por dicho personaje.