Septiembre

En septiembre hubo gran expectativa por la resolución que tendría que emitir la CNDH sobre el caso Chalchihuapan. Las organizaciones civiles advirtieron que el gobernador Rafael Moreno Valle tendría que aceptar la recomendación o sería sujeto a juicio político.

El 11 de septiembre, la CNDH determinó que fue un proyectil de largo alcance, disparado por granaderos o escopeteros, el que hirió de muerte al niño José Luis Tehuatlie el 9 de julio, durante el desalojo de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.

Aún no terminaban los reclamos y críticas por la tragedia de Chalchihuapan, cuando el gobierno poblano ya se había echado encima otra vez a la población. Propuso construir un parque temático a un lado de la pirámide de Cholula y para conseguir sus propósitos coordinó con los ayuntamientos la expropiación de predios.

De nuevo se reavivó la protesta y los pobladores salieron a las calles a manifestar su rechazo al proyecto y acusaron al gobierno de intentar arrebatarles sus terrenos.

En el terreno nacional, el presidente Enrique Peña Nieto presentó su segundo informe de gobierno. Presumió sus reformas hacendaria, educativa y energética, y pintó un panorama de bienestar al alcance de la mano.

Peña Nieto anunció la construcción de un nuevo aeropuerto, que sería la obra emblemática de su sexenio. Los observadores señalaron que al presidente se le olvidó tratar el tema de la corrupción.

El 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, un grupo de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa que viajaba en un autobús fue interceptado por elementos del orden cuando se dirigían a buscar más vehículos, para dirigirse después a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco.

En un primer choque, los policías dispararon y asesinaron a seis personas y lesionaron a 27 estudiantes. Luego se llevaron a los muchachos detenidos y 43 personas fueron reportadas desaparecidas.

Los reclamos de las organizaciones de derechos humanos por los asesinatos y desapariciones fueron aumentando hasta trascender las fronteras. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, a quienes se les consideró los autores intelectuales del asesinato y desaparición de los 43 estudiantes, se dieron a la fuga. Más tarde, el enojo de las organizaciones civiles se concentró en exigir la renuncia de Peña Nieto.